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Lic. José R. Padilla
Profesor de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo en la Facultad
de Derecho de la UNAM. @JoseRPadilla50

Pasadas las elecciones intermedias, es tiempo de meditar sobre su objeto, que consiste en dotar a la ciudadanía de funcionarios que la representarán ante los órganos de gobierno, los cuales se encargan de llevar adelante las actividades públicas bien de índole administrativo o legislativo. En una democracia representativa como nuestra forma de gobierno, no queda más remedio que sufrir estos encargos, por no ser posible una democracia directa, en donde todos seríamos funcionarios y ciudadanos a la vez. No cabe duda que se impone la división de trabajo, teoría gubernativa que viene desde los tiempos griegos y romanos; ya en aquellos tiempos Platón, Aristóteles, Hesíodo y Cicerón, entre otros grandes filósofos, hablaban de quienes gobiernan, de quienes guerrean y de quienes trabajan.

El poder del pueblo, aunque parezca simplemente teórico-constitucional, se centra en la denominada soberanía popular o medio para autodeterminarse y regir sus propios destinos. Se ejerce a través de los poderes de la Unión en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, de acuerdo al texto del artículo 41 de la Carta Magna establece: “Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.

“La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases”.

En la fracción inicial, se les reconoce a los partidos políticos la calidad de “entidades de interés público”, teniendo como fin la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la “representación política”; así como para, incluso, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder.

Se pretende apartar a los partidos políticos de fuerzas extrañas, de ahí que el gobierno los provea en la vía económica. Igual se les permite el uso gratuito de los medios de comunicación social. Y se prohíbe a los particulares cualquier acto de comercio referente a la propaganda política; tarea exclusiva de los órganos electorales. Algo de suma y esencial importancia estriba en la creación del ahora Instituto Nacional Electoral (INE). Este órgano tiene como función, administrar las elecciones en el ámbito nacional y realizar una especie de coordinación, vigilancia y auxilio en las estatales y municipales. Este hecho ha venido a proporcionar mayor unidad, cohesión, precisión y confianza en los procesos electorales en general. Vigila las elecciones, el comportamiento de los partidos políticos y de los ciudadanos.

Después que las elecciones eran administradas por la Comisión Federal Electoral –dependiente de Gobernación–, significa un avance democrático como del cielo a la tierra la creación del INE al cual se le considera el “alma de la democracia mexicana”. Y la cereza del pastel es el ahora TEPJF esto es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Antes por sus siglas, TRICOEL, TCEF y el famoso TRIFE. Me refiero a la “cereza del pastel” porque de acuerdo a la doctrina nacional, internacional, la calificación jurisdiccional de las elecciones, significa, lo más elevado del sistema democrático. Ello, dada la técnica, sapiencia, autonomía, independencia y supremacía” del órgano revisor.

La presente instancia jurisdiccional reviste una revisión especializada sobre las actuaciones de los órganos electorales dependientes del INE y de los consejos similares de las entidades federativas y los municipios. Lo que da certeza y confianza; además de reafirmar el Estado de Derecho conforme a las leyes de todos niveles. En especial de la Constitución.