Por Lic. Juan Manuel Ramírez Ibarra y Lic. Marco V. Herrera

 

México se encuentra inmerso en un cambio de paradigma en el sistema de justicia desde hace dos años, cuando se puso en marcha la reforma en materia penal que trajo consigo al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), hasta ahora desconocido por gran parte de los ciudadanos.

La reforma penal, como abreviadamente se le conoce, representa el cambio del sistema inquisitorio, propio de una época en la que se entendía al proceso penal como un sistema rígido, esencialmente escrito, con oralidad acotada y formalista, diseñado sólo para comprobar si existía o no un delito.

En ese sistema, en las más de las veces, el procesado sufría prisión preventiva, teniéndose que defender del caudal probatorio constante en la averiguación previa recabada por el Ministerio Púbico (MP) al que se le concedía valor probatorio pleno.

El NSJP acusatorio adversarial es predominantemente oral y representa el avance a un sistema más transparente, abierto, dinámico, desformalizado, con mayor equilibrio entre las partes y comprometido con el debido proceso.

Este nuevo sistema establece más derechos para las víctimas e imputados, además, ofrece salidas alternas para que algunos conflictos puedan solucionarse de manera pronta y sin tener que llegar al juicio oral, que es la fase final del proceso.

Desde el 18 de junio del 2016, el nsjp se aplica para el 100% de los habitantes del país y para todos los delitos, lo que sin lugar a dudas representa un gran logro, de acuerdo con los implicados y especialistas consultados por Foro Jurídico.

Aunque para su implementación se tomó un periodo de ocho años. El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman los artículos constitucionales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123. Esta reforma es la modificación estructural en materia penal más importante desde 1917.

Desde la aplicación de la reforma se han tenido importantes avances, por ejemplo: la existencia de la inmediación total, representada por la presencia del juez, las partes y demás operadores en las audiencias, más derechos y mejor atención para las víctimas, resolución de casos mediante soluciones alternas o de suspensión del procedimiento a prueba; consecuentemente, menor número de casos que llegan a juicio, por lo que se atienden los de mayor impacto social y menor número de procesados recluidos en prisión preventiva durante el proceso.

 

No obstante, el sistema enfrenta grandes retos para lograr una plena implementación que garantice su correcta operación en el país.

Actualmente se pueden encontrar importantes debilidades y deficiencias que han puesto en discusión la efectividad del Nuevo Sistema, como las que se presentan en materia de investigación de los hechos delictivos, área en la que el proceso de capacitación a los agentes de la policía en el nuevo sistema penal se encuentra muy rezagado, aunado a la reticencia de dichos operadores para su implementación.

Adicionalmente, existe deficiencia en el registro de información, ésta se exige demasiado formalizada, lo que conlleva complicaciones en su llenado no sólo por parte del primer respondiente, sino también por parte de la policía de investigación.

A este inconveniente se suma la ausencia de una verdadera conducción de la investigación por parte del agente del mp, lo que en muchos casos resulta en la deficiente integración de la carpeta de investigación que impide su prosecución ante los órganos jurisdiccionales.

También hay un déficit en sistemas informáticos, los existentes en muchos casos son incompatibles con los sistemas informáticos de otras entidades y corporaciones, lo que impide el flujo de información oportuna, sistemática y adecuada, amén de que los inadecuados procesos de reorganización institucional no garantizan la independencia operativa ni la coordinación de las instituciones, el mp y la policía, lo que afecta seriamente las investigaciones y la integración de las carpetas de investigación.

Pese a la existencia de salidas alternas para la solución de conflictos que dejen satisfecha a la víctima u ofendido al ser resarcido del daño sufrido, existe un rezago importante en la integración de carpetas de investigación.

A casi dos años de haberse instaurado el nsjp, diversos actores políticos y algunos funcionarios operadores del sistema han aducido que el sistema parece ser una puerta giratoria, por la que ingresan detenidos que finalmente son puestos en libertad.

Por lo que se han pronunciado a favor de aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, reducir los derechos de los imputados, ampliar las facultades de la policía. Parece que lejos de proponer mejoras al sistema, estas recomendaciones se dirigen a subsanar las deficiencias de la autoridad en la investigación de los delitos y de su persecución en una carpeta de investigación correcta y legalmente integrada. Sin embargo, especialistas consideran en que esto sería un error ya que el Sistema aún no funciona a plenitud.

Consecuentemente, es necesario dar la oportunidad al nuevo sistema para avanzar en su perfeccionamiento, por lo que es fundamental la calidad y el profesionalismo con que actúen sus operadores.

Es indispensable que policías, peritos, agentes del Ministerio Público y los jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución de sanciones, tengan la capacitación permanente y adecuada para el ejercicio pleno y oportuno de sus atribuciones, y, de una manera destacada, que en todos los operadores exista una convicción del avance que representa el nuevo sistema, con apertura y disposición a las nuevas formas del mismo.

Al respecto, se puede mencionar un ejemplo, en Chile hasta 10 años después de la entrada en vigor de la reforma a su sistema de justicia penal, las evaluaciones realizadas mostraron un cambio consolidado y sustancial en el mismo.

Es innegable que la sustentabilidad del NSJP depende, en gran parte, de la erradicación de las deficiencias institucionales de las procuradurías y de las policías, instancias que no cuentan con las capacidades de investigación criminal necesarias para llevar a los delincuentes ante la justicia y por las fallas de coordinación entre ambas.

Para su edición de junio, Foro Jurídico presenta la opinión de varios de los actores principales del Sistema Penal Acusatorio: magistrados, investigadores, litigantes y Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes nos ofrecen sus puntos de vista sobre lo que falta para consolidar la operación de la justicia penal en México.

 

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