Puede sonar a una frase trillada de alguna película estadounidense, en donde el acusado de un delito y su supuesta víctima se enfrentan en un juicio público. México intenta que este tipo de procesos sea una realidad en el sistema de justicia penal para garantizar el debido proceso y los derechos humanos de los implicados.

A diferencia del sistema anterior, el inquisitivo mixto, el cual partía del principio de presunción de culpabilidad, en el nuevo sistema toda persona es inocente hasta que no se declare su responsabilidad mediante un juicio oral en el que se le haya permitido defenderse. Es decir, todos somos inocentes hasta que se demuestre, en juicio y ante un juez, lo contrario.

El nuevo sistema implica un cambio tan radical que, pese a que han pasado ocho años para su transición, los principales involucrados aún están inmersos en una curva de aprendizaje, ya que no sólo deben cambiar la forma en la que actúan, sino también su manera de pensar.

Por lo que, de acuerdo con los especialistas consultados, su plena implementación aún tardará por lo menos una década.

En opinión de María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, el NSJP: “Implica cambios y transformaciones que se han tenido que hacer en las instituciones que participan en el proceso, policías, ministerios públicos, jueces y la defensoría pública. Lo que hemos visto es que ha sido una implementación fallida en el sentido de que quedaron muchos pendientes y cambios estructurales”.

 

Este nuevo sistema es clave para que la población recupere la confianza en las autoridades y para despresurizar el sistema penitenciario, ya que poco más del 40% de las personas recluidas no tiene una sentencia, gran parte de ellos han esperado años por un juicio y otra parte está presa por cometer un robo menor a 2 000 pesos.

 

Lo anterior en un escenario en que el costo total de la inseguridad y el delito en hogares representó 229 100 millones de pesos, es decir, 1.1% del PIB de México en el 2016, lo cual equivale a un promedio de 5 647 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

 

En este contexto destaca que gran parte de los ciudadanos desconoce los cambios que trajo la Reforma Penal, por lo que para su pleno funcionamiento, también se requiere de la participación de la sociedad.

Este nuevo modelo de justicia es conocido como sistema acusatorio adversarial. Acusatorio porque existen dos involucrados que intervienen en el juicio, uno que acusa y otro que se defiende. Adversarial porque tanto la acusación como la defensa se realiza mediante una confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes que debe ser oída por la otra, comentada, negada o aclarada ante un juez.

 

Ventajas

Edmundo Garrido Osorio. Procurador General de la PGJCDMX

Los resultados han sido positivos desde el punto de vista de la celeridad, del conocimiento integral del conflicto, de la transparencia en el proceso y de la actuación ministerial.  Edmundo Garrido Osorio, Procurador General de PGJCDMX

El NSJP fue diseñado para tener un desarrollo predominantemente oral, lo que representa el avance a una forma de hacer justicia de manera más transparente, dinámica y con mayor equilibrio entre las partes.

Los participantes del proceso pueden exponer claramente ante el o los jueces del tribunal de juicio oral su teoría del caso, para lograr la condena o la absolución del imputado.

“Si se aplica bien el nuevo sistema, los casos pueden llegar a término mucho más rápido. La gran ventaja es que víctima e imputado están en la misma posición y son tomados en cuenta de la misma manera” , dice Alejandra Gasca, coordinadora de atención a víctimas, monitoreo ciudadano en agencias del MP  y salas de oralidad, de la organización México Unido Contra la Delincuencia.

En el sistema inquisitorio la víctima tenía escasa o nula participación y generalmente quedaba al margen del proceso e impedida para obtener la reparación del daño.

Por su parte, Federico Carlos Soto, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR (UISPPA ), considera que “se ha potenciado el debido proceso legal a partir del respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas, quienes tienen mayor participación en el procedimiento. Se respeta con mayor claridad el principio de presunción de inocencia” .

A diferencia del sistema anterior, el juicio se realiza mediante un debate oral frente a un juez que en todo momento debe estar presente, y no como antes, cuando el proceso se desarrollaba de manera escrita, lo que se prestaba a la opacidad. Todas las audiencias y juicio son orales y a la vista de quien quiera acudir.

En tanto, el titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX ), Edmundo Garrido Osorio, opina: “Una vez que los casos llegan a la etapa final, ahí se manifiesta con claridad la utilización de la oralidad, además, han tenido resultados positivos desde el punto de vista de la celeridad, del conocimiento integral del conflicto, de la transparencia en el proceso y de la actuación ministerial que ha permitido obtener sentencias condenatorias” .

En este sentido, para el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, los juicios orales, son más agiles, veraces y existe igualdad entre las partes. “Hay un público entendiéndose […] No s ólo las puertas de los juzgados están abiertas a la gente, sino que el lenguaje que utilicen los operadores del sistema debe ser entendible y comprendido por cada uno de los asistentes” .

Otra de las aportaciones del NSJP es la agilización de la solución de los conflictos, para esto hay diversas posibilidades para que los involucrados lleguen a un acuerdo antes de enfrentarse en un juicio, esto siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima. Estas salidas alternas pueden darse para delitos menores, mientras que para crímenes como violación y homicidio no aplican.

En el caso de las víctimas, el sistema busca fortalecer y ampliar sus derechos para que aporte pruebas y participe en el proceso; soliciten directamente la reparación del daño; impugnen ante un juez las resoluciones y omisiones del MP; soliciten al juez medidas de prevención para su protección y cuenten con un asesor jurídico gratuito, por mencionar algunos. En tanto, la publicación, en 2014, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP ) uniformó los criterios para los procesos penales a nivel federal y estatal.

 ¿Cómo Funciona?

Uriel Carmona Gándara. Fiscal General de Morelos

El lenguaje que utilicen los operadores del sistema debe ser entendible y comprendido por cada uno de los asistentes.  Uriel Carmona, Fiscal General de Morelos

El NSJP está basado en la oralidad, en la metodología de audiencias donde todas las partes tienen que estar presentes en una audiencia pública en la que se exponen los argumentos, lo cual da oportunidad, tanto a víctimas como imputados, de que el debido proceso y sus derechos sean garantizados.

Existen tres órganos que participan de manera directa: uno que investiga, como la policía especializada; otro que acusa, el Ministerio Público y un tercero que resuelve, los jueces.

Bajo este nuevo sistema un caso puede empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o con la detención del imputado en flagrancia, esto es, cuando se está cometiendo el delito, por lo que el policía se convierte en una pieza fundamental del sistema.

El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable y el desarrollo se presenta en tres etapas.

 Las Tres Etapas

  • Investigación. En esta primera fase el MP y la policía investigan si existe un delito y quién pudo haberlo cometido. Cuando cuenta con pruebas certeras, presenta cargos en una audiencia pública. El juez de control, con pruebas y datos, analiza la posibilidad de que el imputado esté relacionado, si es así, autoriza al MP para llevar el caso a juicio. Asimismo, el juez impone medidas cautelares al imputado para evitar situaciones que obstaculicen el proceso, dañen a la víctima o incluso eviten su fuga.
  • Intermedia o de Preparación del juicio oral. El MP presenta su acusación con las pruebas, además anexa una lista de testigos, peritos y expertos para que se presenten al juicio. En este parte, la víctima puede proponer pruebas que considere convenientes, en una audiencia se discutirá si se admiten como materia del juicio oral, decisión que recae en el juez de control.
  • Juicio oral. En esta etapa se desarrolla la audiencia pública, la cual es presidida por un tribunal de enjuiciamiento, integrado por uno o tres jueces, que escuchará a las partes y valorará las pruebas para dictar sentencia, la cual será explicada verbalmente.

Cada fase es supervisada por un juez distinto. En la investigación, el juez de control revisa que ésta arroje realmente datos que indiquen la probable participación del imputado en el delito que se investiga, si es así, autorizará al MP a llevar a esa persona a juicio, para acusarle formalmente.

En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control, en el cual el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán en el juicio, mientras que el juez de control decidirá cuáles se admitirán.

La última fase, la del juicio oral, está integrada por uno o tres jueces según lo determine cada entidad federativa. Este Tribunal de Enjuiciamiento es la segunda figura del poder judicial que participa en cada juicio.

El juez de juicio oral escuchará a las partes y valorará las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios, después dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual será leída y explicada oralmente de una manera clara y precisa para el imputado y la víctima.

En el caso de delitos menores, se podrán aplicar salidas alternas que permitirán encontrar solución al conflicto sin llegar a juicio, y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo.

La Implementación

A dos años de la puesta en marcha, autoridades y especialistas consultados coinciden en las ventajas que el nuevo sistema tiene para los ciudadanos, no obstante, a pesar del período de transición y los dos años que lleva en vigencia, su implementación enfrenta importantes deficiencias, las cuales han puesto en duda su efectividad.

En particular, destacan las fallas en materia de investigación, el actuar de los policías, quienes ahora tienen un papel fundamental, así como la reticencia de los operadores para su debida implementación. “Debemos corregir las malas prácticas y deformaciones de la operación, haciendo evidente el daño que generan en un sistema diseñado para transparentar a los operadores y evitar los actos de corrupción”, dice Soto, quien también indica que hay que alinear a las instituciones en la correcta operación del sistema acusatorio.

Una de las principales fallas que se han señalado radica en la policía, la cual juega un nuevo rol. El oficial de policía es el detonante del sistema en los casos de detención en flagrancia, en los que debe garantizar el debido proceso al posible imputado y, además, debe preservar la evidencia. Al respecto, Novoa explica: “Hemos visto que ha bajado el número de detenciones y es porque el policía no se siente con las capacidades de iniciar un proceso penal. Sabe que tendrá responsabilidad administrativa si hace algo mal. Lo que hace es, detiene, ve que no tiene la capacidad de hacerlo ajustado a la norma, suelta a la persona y ahí se dan varios vicios”.

A nivel de las procuradurías, fiscalías y mp, los expertos indican que no se han creado las capacidades de investigación criminal, por lo que muchos de los casos quedan acumulados, debido a que el mp no tiene la capacidad para obtener las pruebas.

Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) realizó un monitoreo en los últimos dos años de 640 audiencia, en donde detectó que en el 40% de éstas, el MP ha presentado medios de pruebas inexistentes, no acreditan la detención por flagrancia, hacen una clasificación incorrecta del tipo penal durante la investigación, entre otros desaciertos.

“Las fallas están desde el momento en que una víctima acude al MP . Es de esperarse, porque la misma gente del anterior sistema está trabajando. Una persona que se la pasó 20 años en el escritorio difícilmente ha desarrollado las técnicas de argumentación necesarias para una audiencia”, explica Gasca.

Ante esta situación, Federico Carlos Soto coincide en que no se pueden esperar mejores resultados si las instituciones actúan con una lógica del sistema inquisitivo. “La evidencia empírica hace evidente una necesidad de transformación profunda de las arquitecturas institucionales, para que la consolidación del sistema acusatorio sea un proceso sin retrocesos”.

La nueva figura del asesor jurídico también enfrenta desafíos importantes, de acuerdo con la evaluación de MUCD, aún no cuentan con las habilidades suficientes para subsanar de alguna manera las deficiencias del MP durante la audiencia. En cuanto a los jueces, se enfrentan problemas de gestión para gerenciar las audiencias. El titular de la UISPPA comenta que se debe modificar la arquitectura actual, de operación de los órganos jurisdiccionales, para evitar la saturación, congestionamiento y aplazamiento de las audiencias.

Así podría lograrse una producción estable y razonable de las audiencias para que los asuntos judicializados se resuelvan de manera pronta y la actuación de los jueces sea clara, contundente y la toma de decisiones inmediata frente al cierre del debate en la propia audiencia.

A pesar de la previsible complejidad de la consolidación del NSJP, en el 2016 desapareció la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (Setec).

La Setec era un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía administrativa, la cual se creó para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación; así como para brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Con su desaparición se suspendió la evaluación y monitoreo de los avances y fallas de la operación del NSJP en los estados y, por lo tanto, no existe una instancia que pueda regular, supervisar, coordinar y evaluar a nivel federal y estatal la aplicación del NSJP.

La tarea de consolidar el nuevo sistema en el Poder Judicial de la Federación quedó a cargo de la UISPPA, dependiente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.

La UISPPA tiene a su cargo el estudio, análisis y propuesta del di-  seño, planeación, ejecución y evaluación de los planes, programas y acciones necesarias para dicha consolidación. También es responsable de la coordinación de las diversas áreas administrativas involucradas en estos procesos y de la relación interinstitucional con las instancias de coordinación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, y con las entidades federativas.

 La Setec se creó para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación y para brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Las UMECAS

Una de las instituciones de las que poco se ha hablado son las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, conocidas como UMECAS, las cuales se crearon como parte de la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Estas unidades constituyen una pieza fundamental ya que la información que aportan debe permitir a los jueces determinar la medida cautelar idónea para un imputado, incluyendo la prisión preventiva.

La prisión preventiva como medida cautelar puede dictarse para evitar la posible fuga y garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, proteger a la víctima, testigos o a la comunidad en el desarrollo de la investigación, así como para evitar la reincidencia cuando el imputado es procesado o haya sido sentenciado por un delito doloso previamente.

Adicionalmente, supervisan las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, y la suspensión condicional del proceso para tener la certeza del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas.

De acuerdo con un diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cubre el período de enero 2016 a marzo de 2017, las UMECAS aún presentan importantes deficiencias, entre las que destacan:

  • De las 32 entidades federativas, 29 cuentan con UMECAS con capacidades de operación heterogéneas (3 presentan condiciones de intermedias a óptimas; cuatro tienen condiciones mínimas de operación y 22 muestran debilidades diversas); y tres estados no cuentan con Umeca o funcionan improvisadamente. Querétaro, Morelos y Guanajuato son los estados con UMECAS en condiciones intermedias u óptimas.
  • Solamente 18 entidades federativas han recibido capacitación teórica o práctica para los evaluadores y supervisores.
  • En el 33% de los casos, las UMECAS no atienden solicitudes de evaluación de riesgo, por lo que no entregan opiniones técnicas y no realizan su función. Por lo tanto, en estos casos, los fiscales y defensores no cuentan con argumentos para solicitar la medida cautelar idónea. Esto es, uno de cada tres no cumplía con sus funciones hasta la fecha de la evaluación.
  • En 17 entidades federativas no acreditan la verificación de los antecedentes de los imputados.
  • En 11 estados no cuentan con sistema de registro de información de evaluación y seguimiento.
  • En el período de enero de 2016 a marzo de 2017, se impusieron 14 007 medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Considerando el personal adscrito a las UMECAS, en promedio nacional existen 15.2 medidas cautelares impuestas por cada evaluador y supervisor.
  • En las cinco entidades donde se presenta el 60% del personal, se impusieron el 16.8% de medidas cautelares (2 359), es decir, 4.3 medidas por operador. En las 24 entidades restantes existe una relación de 36.6 medidas por operador. Con lo que se infiere que el personal que realiza las funciones de las UMECAS no es suficiente y es desproporcionada entre estados.
  • Cuando llega a imponerse una medida cautelar, en uno de cada tres casos el imputado no la cumple, esto debido a falta de planes individualizados, carencia de personal para el seguimiento de la medida cautelar y la falta de voluntad de someterse a la medida o por adicciones.
  • No cuentan con una partida presupuestal específica. Dependen del presupuesto asignado a la dependencia a la que se encuentran adscritas, por lo que no tiene información sobre su costo operativo anual.

En resumen, las principales carencias que presentan estas unidades son relativas al personal, recursos e infraestructura, así como a la falta de capacitación, equipamiento y nuevas tecnologías.

Por lo que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, ha recalcado en diversos foros la necesidad de contar con una mayor inversión en las Umecas que para este año cuentan con un presupuesto de 36.2 millones de pesos.

 Aumento de la Inseguridad y el NSJP

Luis Camilo Osorio Isaza. ExFiscal General de la Nación en Colombia

El NSJP es un mecanismo más garantista en favor de un proceso más transparente y, en consecuencia, en muchos casos incómoda. Luis Camilo Osorio Isaza, exfiscal General de la Nación en Colombia

 

 

El 2017 se encumbró como el año más violento de México con un récord de 29 000 personas asesinadas, esto es, una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 personas.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, publicado por el INEGI, en 2016 hubo 24.2 millones víctimas mayores de 18 años, lo que representó una tasa de prevalencia delictiva de 28 788 víctimas por cada 100 000 habitantes, cifra equivalente a las estimadas de 2013 a 2015.

Algunas voces han culpado al NSJP del aumento de la inseguridad en el país, argumentado que sirve como una puerta giratoria para que el imputado no enfrente un proceso penal y salga nuevamente a delinquir.

No obstante, los especialistas de la sociedad civil consultados, coincidieron en que esta situación obedece más bien a la impunidad. De acuerdo con María Novoa: “El sistema no tiene nada que ver, en todo caso puede estar más relacionado al tema de impunidad, es decir, como no funcionan bien estas instituciones los casos se quedan y hay esa percepción de que no hay respuesta frente a la criminalidad, de aquellos casos que llegan al sistema”.

El porcentaje de mexicanos que piensan que la impunidad es el principal problema del aumento en la violencia fue de 20% en el 2017, un alza de siete puntos porcentuales desde el 7% del 2012, según cifras del Instituto para la Economía y la Paz.

Comenta Alejandra Gasca: “No se lo tomaron en serio, el tiempo corrió y entonces llegó el punto en que la gran mayoría de los estados no lo implementaron de manera gradual y lo hicieron de manera improvisada, seguimos practicando y ese es el tema, seguimos practicando con historias de vida, ya no son casos del aula” .

En este sentido, el exfiscal General de la Nación en Colombia, Luis Camilo Osorio Isaza, dice que el NSJP es un mecanismo más garantista en favor de un proceso más transparente y, en consecuencia, en muchos casos incómoda. La propia criminalidad representa un fuerte enemigo, ya que no le gustan los mecanismos que expongan “ las miserias” de la justicia. El exfiscal considera que “Cuando hay corrupción o un desvío de la justicia, es mejor hacerlo en un rincón aislado, en la sombra de un escritorio en donde pueden guardarse las evidencias.”

 ¿Qué Falta?  

Las metas del nuevo sistema implican la transformación del proceso de investigación, persecución, juzgamiento y efectiva ejecución de la pena, por lo que se requiere del debido proceso y el cuidado de los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados.

El objetivo no es sencillo, ya que para lograr dichos objetivos se requiere de personal especializado que permita esclarecer el hecho que reviste características de ilícito; y así proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito sean reparados.

Carlos Soto los considera “anhelos constitucionales que para aterrizarlos a una realidad operativa, requieren de una transformación en serio y con proyectos sustentables a mediano y largo plazo de las instituciones operadoras que partan de la construcción de una política criminal que realmente busque atender el reclamo social de seguridad”.

Colombia lleva más de una década de haber transitado hacia el paradigma jurídico. Osorio reconoce que la crítica siempre estará presente, “la tuvimos en Colombia, hay gente que nunca estará satisfecha, primero porque ya conocen su oficio y no desean el cambio de reglas” .

Esto incluye a los jueces, los defensores, la policía judicial o los fiscales, quienes han realizado sus labores por décadas y no siempre están dispuestos a aprender algo distinto, aunque sea un mejor y más eficiente instrumento.

Una de las críticas ha sido el tema de la capacitación, aunque para México Evalúa este no es el problema de fondo. En opinión de Novoa: “No  sólo es un tema de capacitación sino de cambiar las estructuras internas, las formas de trabajo que traen de antes, cuando con un testigo podías llevar a una persona a prisión y declararla culpable, pero ahora tienes que demostrarlo con evidencia” .

El titular de la UISPPA considera que se debe modificar la arquitectura actual de operación de los órganos jurisdiccionales, para evitar la saturación, congestionamiento y aplazamiento de las audiencias; y lograr, de esa manera, una producción estable y razonable de las audiencias para que los asuntos judicializados se resuelvan de manera pronta y la actuación de los jueces sea clara, contundente y la toma de decisión inmediata frente al cierre del debate en la propia audiencia.

Los involucrados en el sistema consultados coincidieron en que son necesarios cambios legislativos para un mejor funcionamiento del sistema, aunque las organizaciones civiles consultadas indican en que esa opción aún sería precipitada.

Carmona comenta que, como todo cambio, adolece de ajustes en las leyes para eficientarlo y obtener los resultados. “Debe de haber voluntad por parte de los distintos grupos parlamentarios que se unan, con la finalidad de hacer consenso para darle agilidad a estos cambios estructurales que nos exigen día con día” .

En esta misma línea, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México coincide en que es necesario hacer ajustes legislativos, además de mantener una coordinación entre los operadores del sistema, para que los criterios que se definan en la aplicación de las normas vayan encaminados a cumplir el propósito de ofrecer seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de los gobernados. De acuerdo con Gasca: “No es tiempo de una contrarreforma porque ni si quiera han dado tiempo al sistema para que funcione como se pensó que tendría que funcionar, deberíamos darle todas la herramientas” .

Por su parte, Novoa indica que el sistema está en un escenario de riesgo de contrarreforma que no es saludable en términos de que no se puede echar atrás un proceso que más bien es una evolución institucional.

Recomendaciones

Es una realidad que a diez años de la publicación del NSJP se han logrado grandes avances en su implementación. No obstante, dada su complejidad, aún deberá transcurrir por lo menos otra década, según los especialistas, para que termine por consolidarse, período en el que las instituciones involucradas tendrán que atender los aspectos pendientes.

No basta con tener un excelente mecanismo y sistema de justicia si los operadores carecen de voluntad o de compromiso de vocación por su trabajo, dice el exfiscal de Colombia, quien también reconoce que, en su país, a 13 años de iniciar el primer juicio oral, tienen un rezago del 10% de procesos con el viejo sistema.

La transición en el país sudamericano tampoco ha sido fácil, sin embargo, se han dado a la tarea de generar estímulos para que los operadores, incluidos los jueces, se sumen y dejen atrás las resistencias habituales.

En palabras de Novoa: “Lo que planteamos es generar una política nacional, una política integral de seguridad y justicia, que eso va a políticas institucionales mucho más coherentes y que se dé un proceso más sistemático, que se esté evaluando y ver en dónde se puede hacer una mejora, nada de eso está funcionando en este momento”. Además, agrega que independientemente de los desafíos, hay excepciones en el país en donde se ha dado un buen funcionamiento del sistema, principalmente en Querétaro y Guanajuato.

Por otro lado, resulta indispensable crear una instancia coordinadora que se encargue de regular, supervisar, coordinar y evaluar a nivel federal y estatal la aplicación del NSJP. Asimismo, es esencial que los gobiernos federal y estatal destinen recursos económicos suficientes para lograr la consolidación del sistema.

Opina Uriel Carmona que “para lograr una eficaz implementación del nuevo sistema, desde el punto de vista de un estado que fue uno de los pioneros en su aplicación, es la voluntad de los operadores para creer en este sistema y evitar los obstáculos, aplicar al mismo tiempo una capacitación enriquecida de teoría y práctica del Código Nacional de Procedimientos Penales, derechos humanos, técnicas de litigación, entre otros”.

Por su parte, para Edmundo Garrido el fortalecimiento de la actuación de los operadores y del propio sistema debe ir acompañado de una permanente capacitación, del mejoramiento en la infraestructura, equipamiento tecnológico, incremento en el número de personas servidoras públicas y una adecuada difusión para que la ciudadanía conozca el alcance de este sistema. Según Garrido: “las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, deben cumplir con las obligaciones y cargas procesales que les son impuestas por la ley. De ahí que deben de contar con los insumos necesarios que garanticen la efectividad de su actuación”.

Los entrevistados coincidieron en que la práctica temporal de diligencias pertinentes será fundamental para fortalecer la curva de aprendizaje. “Es necesario empoderar al Ministerio Público para que hago uso responsable, objetivo, eficaz y eficiente de las facultades discrecionales que tiene como titular de la acción penal, del uso de las salidas alternas y los modos simplificados de solución de conflictos”, dice Soto.

Otro punto necesario es trabajar con los ciudadanos, ya que no sólo se requiere la capacitación de policías, jueces o infraestructura, la sociedad también requiere tener una idea clara de cómo funciona este nuevo sistema. Al respecto, Gasca comenta: “más del 80% no sabe que tiene derecho a un asesor jurídico, tampoco conoce sus derechos y no sabe que hay un nuevo sistema de justicia, y quien sabe de su existencia no entiende de qué se trata. Tienen que informarse”.

La realidad ha evidenciado una brecha entre los alcances y objetivos que se plantearon con la reforma constitucional, sin embargo, los involucrados y especialistas coindicen en que con voluntad política se puede avanzar en la consolidación del NSJP, aunque para esto se requerirán cambios considerables en el corazón de las instituciones.

Monitoreo del Sistema de Justicia Penal 2017

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