Como pocas veces en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma las riendas de la impartición de justicia, para imponer el orden jurídico ante el desacato a sentencias dictadas en juicios de amparo.

Como lo señaló el Ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales al iniciar el periodo de sesiones de este año, la Corte tiene el compromiso de mantener el Estado de Derecho. Así quedó de manifiesto cuando los ministros iniciaron el 2018 con un gran ímpetu justiciero al ordenar la destitución y consignación de 53 funcionarios y ex funcionarios en los municipios de Coacalco, Estado de México, Paraíso, Tabasco y Tlacotepec, Puebla.

Ya a finales del año pasado habían destituido en la CDMX al titular de la Delegación Venustiano Carranza, señal que dejó en claro que el Máximo Tribunal no dudará en aplicar el artículo 107 constitucional cuando cualquier autoridad incumpla una sentencia concedida en un juicio de amparo, sin importar color partidista o nivel jerárquico. Seguramente seremos testigos de más casos similares a lo largo de este año.

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