A principios del presente año, el Presidente de la República dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece facilidades fiscales para todos aquellos residentes en México que tengan depósitos o inversiones en el extranjero, que no hubiesen pagado impuestos por ellos y decidan retornarlos al país. Independientemente de la obligación de acumular los ingresos que se obtengan de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, se adujo como soporte de este decreto, la necesidad de inversión en áreas estratégicas y el fomento al empleo. Asimismo, se esgrimió la idea de reforzar el ahorro interno y blindar la economía nacional.

El propósito de la facilidad fiscal es incentivar el retorno de recursos del exterior, a fin de aplicarlos en actividades productivas en México. El estímulo fiscal consiste en que las personas físicas o morales que retornen recursos, apliquen al monto de los mismos, una tasa de impuesto de tan sólo el 8%. Originalmente, se otorgó un plazo de 6 meses para hacer el retorno y recientemente, se amplió a 9, para dejar como término fatal, el próximo 19 de octubre del presente año. Comprende aquellos depósitos o inversiones que hayan tenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin poder aplicarse a recursos que provengan de actividades ilícitas. De acuerdo con la ley, son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

Un requisito esencial para gozar del beneficio consiste en que los recursos repatriados, se traten de ingresos gravados en los Títulos ii, iv y vi de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativos a personas físicas, personas morales y los provenientes de regímenes fiscales preferentes. Además, deben provenir del exterior e invertirse en instituciones y casas de bolsa que presten servicios financieros en ambos países, respectivamente. Igualmente deben permanecer en México al menos 2 años contados a partir de su retorno. El remitente del exterior y el beneficiario de los recursos retornados en el país, deben coincidir, salvo que se trate de partes relacionadas. Se entenderá que se invierten los recursos en territorio nacional si se destinan, entre otros, a la adquisición de bienes de activo fijo para la realización de sus actividades en el país; adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México que igualmente sean utilizados por los contribuyentes para realizar sus actividades sin que los puedan enajenar en un períodos de 2 años; al pago de pasivos que hayan contraído con partes independientes siempre que se realicen a través de instituciones de crédito o casas de bolsa e inclusive al liquidación de contribuciones, sueldos y salarios pendientes de realizar. Si llevan acabo inversiones en México mediante instituciones de crédito o en casas de bolsa constituidas conforme a las leyes mexicanas.

El pago del impuesto a la tasa del 8% tiene naturaleza de Impuesto Sobre la Renta (isr) y se aplica sobre el monto de los recursos tornados, debiendo cubrirse en los 15 días naturales siguientes a la fecha de retorno. El tipo de cambio a utilizar será indistintamente, el vigente en la fecha de retorno o en la fecha del pago del impuesto, el que resulte más benéfico. Además, se tiene derecho a acreditar o tomar en cuenta contra el impuesto que resulte, aquellas cantidades de impuesto que se hubieren pagado en el extranjero, siempre que se compruebe plenamente.

“El estimulo fiscal consiste en que las personas físicas o morales que retornen recursos; apliquen al monto de los mismos, una tasa de impuesto de tan Sólo el 8%”

Quienes se acojan al beneficio, deberán conservar por un plazo de 5 años, como parte de su contabilidad, la documentación que constate que los recursos provienen del exterior, comprobantes de los depósitos en México, la declaración del isr presentada y el comprobante de pago vía internet ante institución bancaria. Con el pago del isr se tienen por cumplidas las obligaciones fiscales formales que en el pasado debieron cumplirse, como es presentar declaraciones anuales en relación con los ingresos e inversiones trasladados. Además, los depósitos que se efectúen en México no se consideran discrepancia fiscal que pudiera dar origen a créditos fiscales.

Se estima que este decreto de repatriación de capitales constituye una genuina oportunidad para que, en vez de pagar una tasa máxima de hasta 35% o 30% que establece actualmente la ley del isr, para personas físicas o morales respectivamente, se pague sólo un 8% sobre el monto de los recursos que no pagaron impuestos y se tenga por cubierto el isr por el ejercicio en que se realice el pago y por los anteriores al mismo, independientemente de tener por cumplidas las obligaciones fiscales formales derivadas de dichos ingresos o inversiones. Se reitera la importancia de que los servidores públicos del sat actuales y futuros, respeten en todos sus términos la tregua fiscal que el presente decreto presidencial representa, garantizando a todos aquellos contribuyentes que se acojan, que no se les van a desconocer en un futuro, los beneficios fiscales concedidos en el mismo.

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