Google se desiste de un amparo en México y sienta precedente en el Derecho nacional sobre la posibilidad de llevar a juicio a emporios tecnológicos cuando éstos atentan contra la dignidad humana y por ende contra los derechos humanos.

Google a lo largo de su historia ha padecido una larga cadena de demandas, tanto de ex empleados como de naciones enteras. Una más, parecería no trascender, sin embargo, el gigante informático en México encontró su talón de Aquiles, luego que tribunales mexicanos determinaran que está obligado a responder una demanda en su contra por daño moral al comprobarse que tiene oficinas en nuestro país.

En entrevista con Foro Jurídico, Ulrich Richter Morales comenta los hechos que obligaron a Google a presentarse ante tribunales fuera de su país de origen. El abogado promotor del empoderamiento ciudadano, tras 2 años de litigio, logró que Google en México decidiera desistirse del caso que había llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El tema llamó la atención por dos situaciones; primero, porque este tipo de empresas evitan a toda costa los tribunales de países en donde operan, aduciendo que sus oficinas se encuentran en Estados Unidos, por lo que todo juicio debe ser realizado en los tribunales de California.

La segunda situación es la importancia de salvaguardar jurídicamente la propiedad intelectual, así como los derechos de autor en nuestro país. Es primordial el alcance de los Derechos Humanos para hacerlos valer cuando la dignidad de una persona es afectada, sobre todo en el mundo digital que vivimos. El avance vertiginoso que tiene este tipo de empresas, comenta, no puede ir en contra de sus políticas internas ni en contra de los derechos de las personas.

De lo digital a lo terrenal

Todo empezó cuando Ulrich Richter, al enterarse de la existencia de un blog que desprestigiaba su imagen y publicaba fotos de él sin autorización, y de sus libros, alterando los títulos. Hizo una solicitud a Google para que diera de baja dicho blog de su plataforma de Blogger, ya que no sólo atentaba contra su dignidad por su contenido, sino que además era violatorio de derechos de autor.

Durante la entrevista revela que nunca pensó el alcance que tendría enviar una carta al entonces director de Google México, Lino Cataruzzi, para solicitar el retiro del blog pirata. En el documento informó que el sitio apócrifo viola las políticas internas de privacidad y buenas prácticas de la empresa de tecnología, al tiempo que transgrede su derecho de autor, motivo por el cual le solicitaba eliminarla. Google negó responsabilidad a pesar de que claramente esto iba en contra de las mismas políticas que ellos promueven, en su plataforma de Blogger que advierten lo siguiente:

“Protección de la privacidad y de los derechos de autor

Las políticas de privacidad de Google explican el tratamiento de los datos personales y la protección de la privacidad al usar nuestros Servicios. Si usas nuestros servicios, aceptas que Google use dichos datos de conformidad con sus políticas de privacidad.

Respondemos a las notificaciones de presuntas infracciones de los derechos de autor y cancelamos las cuentas de los usuarios que cometen infracciones reiteradas de acuerdo con el proceso establecido en la ley estadounidense de protección de los derechos de autor (Digital Millenium Copyright Act, DMCA).

Asimismo, ofrecemos información para facilitar a los titulares de derechos la gestión online de sus derechos de autor. Si consideras que algún usuario está infringiendo tus derechos de autor y quieres informarnos de ello, consulta esta página del Centro de asistencia para obtener información sobre cómo enviar notificaciones y sobre la política de respuesta a las mismas de Google.”

Si Google hubiera respetado sus propias políticas, relata Ulrich, le hubiese quitado muchos dolores de cabeza, por eso, ante la negativa, inicié la demanda en contra de la empresa y del autor del sitio. Se procedió a la demanda de daño moral y contra las infracciones evidentes a derechos de autor y propiedad intelectual.

Al enfrentarse a la demanda de Richter, los abogados de Google México presentaron una carta de excepción de incompetencia ante el Juez Octavo de lo Civil en la Ciudad de México; su estrategia es no someterse a ninguna jurisdicción de ningún país que no sea la de su domicilio legal en Estados Unidos. Por eso negaron tener oficinas en nuestro país. De acuerdo con el documento emitido por la propia firma tecnológica, presentado como parte de las pruebas de descargo, informa a la autoridad lo siguiente: “Google Inc, no cuenta ni constituye una sucursal, agencia u oficina de representación o un establecimiento en los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, puntualiza Richter Morales, participa en licitaciones del gobierno federal, lo cual es una contradicción, además de que muchos conocen sus oficinas ubicadas en Montes Urales.

Richter ganó el caso en la primera instancia, sin embargo Google apeló y el caso fue turnado a la Octava Sala, en donde se resuelve que en apego al artículo 1º constitucional se protege el principio pro persona, señalando que en efecto existe un daño a la dignidad humana, por lo que la justicia mexicana hace valer la competencia. Contra esta sentencia, Google presenta un Amparo y por su relevancia, la Segunda Sala de la SCJN atrae el caso; pero al darse cuenta que no sería favorable el fallo, presentan el desistimiento del amparo, por lo que queda firme la resolución de la Sala.

Es así, que a partir de este precedente judicial, los tribunales mexicanos tienen competencia para recibir y resolver casos en contra de Google en donde se vean afectados derechos humanos por parte de empresas trasnacionales que tengan presencia en México y afecten a los ciudadanos. “Es posible demandar a un gigante tecnológico de otro país, de tal forma que ya no puede ser nugatorio nuestro acceso a la justicia, porque no podemos tener los recursos para pedirla en otro país. Ya hay un camino para aplicar el criterio constitucional en DH”, afirma Ulrich.

Antes, detalla el autor del libro Manuel del Poder del Ciudadano, no sabíamos aplicar este principio de constitucionalidad en 2011 a las nuevas tecnologías. Hoy es una realidad, “tan es así que cuando en Google se dan cuenta que se resolverá el caso en la Segunda Sala de la SCJN se desisten del recurso, pero no se dieron cuenta que al hacerlo dejaba también, el precedente, es una verdad legal que ya no admite ningún recurso”. Para él es la parte importante, porque le brinda al foro jurídico un aviso para moderar su actuar. “Tanto les dolió que ahora han puesto en práctica una serie de algoritmos para tratar de defenderse de futuras demandas que pudieran de venir por la información digital que se genera, sobre todo por las personas que puedan verse afectadas por noticias falsas.”

Profesionalización y capacidades de la policía cibernética

Ulrich Richter al hacer un balance sobre el trabajo de la autoridad en temas de investigación y armado de pruebas en derecho digital considera que si hay avances, aunque todavía los retos son grandes, sobre todo en el ámbito de las procuradurías de justicia locales. Les falta, detalla, ser dotadas de mayor infraestructura y más recursos para el equipamiento tecnológico porque no están preparadas para lo que ya se vive y peor aún, para lo que tendrán en el futuro inmediato. En el ámbito federal es todo lo contrario, la policía cibernética es una de las mejores. Es evidente el presupuesto destinado a estas labores de inteligencia e investigación.

En el tema de protección de datos, Ulrich Richter refiere que el INAI, presidido por el Dr. Francisco Javier Acuña, hizo el compromiso, al conocer el caso, de tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las personas ante la serie de algoritmos de empresas de tecnología que no tienen presencia en México, porque deberían estar obligadas a respetar y salvaguardar toda la normatividad nacional en la materia y más aún tratándose de Derecho Humanos.

A pesar de esto, el blog no ha sido bajado y la demanda sigue por daño moral y violaciones a derechos de autor. El juicio contra Google continua resalta Ulrich, quien revela que hasta el momento cuentan con ya con 11 tomos en donde han acreditado al juez quién es Google. Ellos están de acuerdo con la prueba, en materia de comunicación, de que el blog dañó mi imagen, que el blog es ilegal, sin embargo, todavía sigue arriba.

El afectado busca una indemnización por parte de Google y del autor material del blog. De ahí que se han dado a la tarea de reunir toda la información que ayude al juez a conocer la capacidad económica del infractor. “Aportamos los elementos necesarios para que el juez diga o sepa quién es Google.”

El abogado debe ser digital

Ulrich Richter opina que este caso es un ejemplo para que la comunidad jurídica en México, se obligue a actualizarse para conocer todo el engranaje que implica el nuevo mundo digital, porque hoy podemos estar llevando un caso contra una estrategia establecida por un algoritmo. Asimismo, es necesario poner en práctica la revolución que conllevan los Derechos Humanos. No podemos permitir que cualquier persona suba a internet la información que quiera y que viole derechos sin tener ninguna repercusión. Google, afirma Richter, debe de hacerse responsable, ya que son terrenos muy sensibles de frente al proceso electoral del 2018.

Muchas redes sociales y plataformas de contenido digital han invertido en desarrollo de algoritmos e inteligencia artificial que permitan detectar violaciones a derechos y poner alto de la misma forma que fueron creadas. Facebook, por ejemplo, tiene todo un equipo dedicado a la detección de fake news o noticias falsas y tiene sus propios mecanismos internos de denuncia. Por otro lado, YouTube cuenta con su propio sistema de inteligencia artificial para detectar violaciones a derechos de propiedad intelectual.

Es importante que Google invierta parte del dinero que obtiene al vender nuestros datos con fines publicitarios, para proteger a los usuarios y contar con mecanismos que detecten y actúen en contra de estas violaciones.

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