El pasado martes 31 de octubre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), representada por el Centro Empresarial de la Ciudad de México, concluyó las actividades del mes de octubre. Gracias a los esfuerzos realizados por la Comisión Jurídica y Normatividad de dicho organismo, fue presentado ante la comunidad jurídica el Primer Foro Binacional “Hacia la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio”.

El evento contó con la presencia de diversos consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, Jueces y Magistrados tanto del Poder Judicial Federal como de la Ciudad de México; personal de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Ciudad.

El evento fue aperturado por Jesús Padilla Zenteno, Presidente de COPARME, acompañado de Gerardo Gámez Pacheco, Presidente de la Comisión Jurídica y Normatividad, quien inspiró a los presentes a promover el respeto a los derechos, fomentar el bien común y  a generar  actividades que hagan frente a los grandes problemas que lastiman a México.

La ponencia inicial fue presentada por el Consejero Alfonso Pérez Daza, representando al Consejo de la Judicatura Federal, hizo referencia a diversos casos de extradición, así como al régimen de garantías dentro del proceso penal. Pérez Daza propuso reformar la Ley de Amparo para acabar con las suspensiones que otorgan jueces federales, mismas que frenan en las extradiciones de criminales de alta peligrosidad.

La segunda intervención estuvo a cargo de la Dra. María de los Ángeles Fromow,  quien profundizó en la aplicación de dicho sistema, reconociendo que aún existen puntos flacos dentro del mismo; sin embargo, reconoció que la solución no es la generación de un “catálogo genérico” de delitos que fundamenten la prisión preventiva para poder rebatir su inconstitucionalidad.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, tomó la palabra la Dra. Diana Cristal González Obregón, afirmando que la pieza clave del sistema penal acusatorio es el primer respondiente, toda vez que los oficiales de policía son el principal peldaño de la escalera de investigación, recayendo sobre ellos la responsabilidad de abonar a la recopilación de información del delito. Perspectiva que llamó la atención del auditorio por la falta de capacitación con la que cuenta actualmente el sistema policial mexicano.

Tal idea fue complementada por la ponencia del Dr. Guillermo Terán Pulido, quien explicó a detalle los cambios de paradigmas con respecto a la investigación dentro del Sistema Acusatorio. Expuso de manera cronológica cómo avanzó la reforma constitucional y de qué manera se ha venido implementando el SAP en la CDMX y en el resto del país, afirmando que la construcción de criterios debe ser tal para que la flagrancia pueda ser debidamente probada a través de técnicas de investigación que abonen a una eficaz creación de la carpeta de investigación, para evitar en un futuro la reclasificación del delito durante el proceso.

Para concluir el evento, la Dra. Laura Alejandra Londoño Jaramillo externó la relevancia del compromiso que debe tener la ciudadanía con la impartición de justicia. Argumentó que las actuales instituciones mexicanas se están viendo rebasadas por la urgencia de restablecer el estado de derecho, siendo responsabilidad de la ciudadanía abonar al “deber ser” que exige el proceso.

Por otra parte, Londoño Jaramillo aplaudió la determinación de la legislación mexicana al homologar el código nacional de procedimientos penales, toda vez que “al ser México una federación, la tarea de igualar el sistema de impartición de justicia, es una misión tan ardua que una década no les ha sido suficiente”.

Asimismo, la Doctora Laura considera necesaria para la operatividad del sistema acusatorio, la elaboración de un código de evidencias, es decir, un instrumento legal unificado para la República, esto para establecer reglas mínimas de manejo de la información con fines probatorios.

El Código Nacional contiene tema de pruebas de manera escasa y, debe ser complementado con un estatuto legal que genere aspectos básico de prueba para las tres etapas del proceso,  aparte  de protocolos de actuación que deben tenerse, como es el caso de: Protocolo de cadena de custodio y Protocolo de primer respondiente, entre otros. Aclaró que un código de evidencias no es regresar a la tarifa legal o prueba tasada. Ese Instrumento debe ser creado de forma técnica y conforme a cuestiones locales de México.

Para concluir los trabajos del Primer Foro Binacional Hacia la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio, se contó con la presencia del Diputado Federal Jesús Valencia Guzmán, quien afirmó que del presupuesto federal se han destinado más de 10 mil millones de pesos al impulso y aplicación de dicho sistema, reprochando el pauperrimo avance de la mayoría de estados con respecto a la homologación de actividades del sistema penal acusatorio.

También, Gerardo Gámez Pacheco, Presidente de la Comisión Jurídica y Normatividad propuso un igualamiento de ideas por parte del sector académico y gubernamental, con respecto a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, pues al contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema jurídico mexicano debe encargarse de su correcta aplicación, más allá de continuar en el debate sobre los beneficios del mismo, afirmando que “si bien cualquier ley es perfectible, como abogados no debemos permitir que continúe en el país la incertidumbre sobre la impartición de justicia en materia penal, es por ello que debemos adquirir responsabilidad como actores del sistema para esclarecer dudas y fomentar su correcta aplicación.

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