En la Ciudad de México, el sistema democrático no se agota con la realización de procesos encaminados a renovar periódicamente los cargos públicos de elección popular. Desde hace casi 2 décadas, la participación ciudadana ha sido concebida como un principio estratégico para la organización política y administrativa de esta entidad federativa; que busca, entre otros aspectos, canalizar y conciliar la multiplicidad de intereses y conflictos que se dan en esta urbe.

A la par de las elecciones de los órganos de gobierno, en la Ciudad de México de manera periódica se desarrollan procesos de democracia directa, cuya organización y calificación corresponde a las autoridades electorales locales. Sus ciudadanas y ciudadanos han tenido oportunidad de participar en la conformación y renovación de la representación vecinal, ya sea como integrantes de una planilla o simplemente como electores. Asimismo, han decidido con su voto el destino de un porcentaje del presupuesto de las delegaciones (3%), para aplicarse a rubros tales como obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito y los que beneficien actividades recreativas, deportivas y culturales.

Sin duda, la existencia de este tipo de instrumentos resulta de utilidad en una ciudad tan compleja y poblada como la nuestra, pues la ciudadanía promueve la realización de proyectos encaminados a mejorar su entorno y se involucra en su ejecución. Pese a ello, los mecanismos de participación ciudadana no están exentos de dudas, observaciones e, inclusive, descalificaciones. En los diferentes ejercicios realizados se ha cuestionado la utilidad de estos instrumentos democráticos, debido a la baja participación que se ha tenido. En la última elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos la votación apenas fue equivalente al 10.90%5 del Listado Nominal.

También se ha debatido que el hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México emplee medios electrónicos para recabar el voto de la ciudadanía en estos procesos, en concreto internet. Ello, no obstante que en los procesos previos no se ha podido acreditar jurisdiccionalmente que el uso de estos instrumentos, por sí mismo, vicie la voluntad del electorado o reste certeza a los resultados de los comicios. Otro aspecto que se cuestiona es la eficacia misma del presupuesto participativo, como consecuencia de los problemas presentados en la ejecución de los proyectos ganadores y su debido seguimiento. Sobre este particular, debe destacarse que para marzo de este año, el cumplimiento en la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo 2017 había alcanzado el 87%.

Si bien los aspectos referidos merecen atención, no menos cierto es que son insuficientes para pensar en suprimir la democracia participativa en el sistema local. El principal reto que debemos asumir es la corrección de las fallas que se han detectado y la actualización de dichos instrumentos para cada nuevo ejercicio. En ese contexto, este mes de septiembre se realizará una nueva consulta para que las y los capitalinos decidan el ejercicio del presupuesto participativo de 2018 en cada una de las delegaciones. En este ejercicio, el Consejo General del Instituto Electoral local, además de utilizar el voto electrónico, aprobó impulsar la presentación de proyectos novedosos y amigables con el medio ambiente mediante la entrega de un reconocimiento a 16 proyectos ciudadanos (uno por delegación).

Habrá que esperar los resultados para conocer las innovaciones en las propuestas ciudadanas y verificar si las medidas adoptadas por la autoridad electoral incrementan la participación de la ciudadanía. Con independencia de ello, debe decirse que éste será el último ejercicio que se realice en los términos que conocemos. Debido a la transición del Distrito Federal a Ciudad de México, la expedición de un nuevo marco constitucional y normativo local, los procesos e instrumentos de participación ciudadana han adquirido una nueva dimensión.

En efecto, este tema formó parte de la agenda del Constituyente local y concluyó con un tratamiento que la fortifica y da mayor importancia. Así se aprecia en el texto de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, en la que se reitera su carácter de principio estratégico y se concibe como un derecho fundamental de las y los ciudadanos para intervenir en aspectos tales como la preservación y protección de la naturaleza, transporte y planeación del desarrollo de esta Ciudad, entre otros. Al amparo de esas previsiones, las personas que aquí habitan podrán participar directamente en la resolución de problemas de sus comunidades, en el tratamiento de los asuntos de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad. Desde luego, con la correlativa obligación de las autoridades de garantizar y tutelar el ejercicio de esas prerrogativas.

Un aspecto adicional es que, por mandato del Constituyente, las autoridades locales deben impulsar la democracia digital basada en tecnologías de información y comunicación. Así, más allá de las apreciaciones personales, el imperativo constitucional permite asumir que los procesos electivos y el ejercicio de los derechos político electorales, como cualquier otra actividad social, no pueden ser ajenos a los avances de la ciencia y la tecnología. Lo cual, además, dará mayor sustento a las decisiones asumidas por la autoridad electoral local.

A fin de armonizar la normativa al texto de la constitución de la Ciudad, el pasado 7 de junio se publicó en la Gaceta Oficial un Decreto9, en el que, en esencia, se expidió la nueva normativa que rige los procesos electorales locales y se adecuan diversas disposiciones de participación ciudadana. Entre los cambios más importantes, sin duda, se encuentra la obligación que a partir del presupuesto participativo 2019 tendrán las alcaldías de informar, de manera periódica, al Congreso de la Ciudad de México sobre el cumplimiento, seguimiento y control en la ejecución de dicho presupuesto10. Esta medida legislativa contribuirá a que los proyectos ganadores en la consulta ciudadana sean ejecutados en tiempo y forma, lo que a su vez puede incrementar la confianza de las y los ciudadanos en este tipo de ejercicios y sus resultados.

El hecho de ver que las propuestas ganadoras se materializan, acarrean beneficios para la comunidad y mejoran la calidad de vida de sus habitantes, es la mejor promoción que puede tener este instrumento de participación ciudadana. Ello, aunado a las medidas que implementa el Instituto electoral local para incentivar el ejercicio de los derechos político-electorales, eventualmente se traducirá en un mayor número de electores.

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