Mtro. Gerardo Laveaga Rendón 

A dos años de poner en marcha el Sistema Penal Acusatorio en todo el país, Gerardo Laveaga Rendón, Director General del INACIPE, afirma que la Federación y las entidades están a la altura del desafío. 

Identificado como uno de los principales promotores del cambio de paradigma de la justicia penal en México, el Maestro Gerardo Laveaga, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) comenta a Foro Jurídico cuáles son, en su opinión, los avances en la materia y los retos que todavía se enfrentan. Asegura que aún es temprano para hacer un balance sobre su implementación, sin embargo, estamos a tiempo para mejorarlo y atender ciertos temas como la elaboración de registros sobre los imputados o la instauración de un auténtico servicio de carrera, entre otros. Ofrecemos a nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la implementación del NSJP?

En lo personal, quisiera que avanzara más de prisa, pero no puedo dejar de admitir que la Federación y las entidades han estado a la altura del desafío. Estamos aprendiendo un nuevo idioma y es natural que cometamos errores. Los seguiremos cometiendo. Así es como se aprende un idioma. El problema más delicado es el cambio cultural. Un buen número de operadores —principalmente los formados en el viejo sistema—, creen que las figuras sólo cambiaron de nombre: que la carpeta de investigación es lo mismo que la averiguación previa o que el juez sigue siendo un inspector de control de calidad que tiene que verificar que el agente del Ministerio Público haya hecho bien su trabajo.

¿Cómo ha transformado a la impartición de justicia en México el NSJP?

Es pronto para hacer un diagnóstico completo, pero estoy convencido de que vamos por buen camino. Al hombre de la calle no le interesa que se envíe a prisión a quien se estrelló contra su automóvil, sino que le paguen los daños. El nuevo sistema está enfocado a solucionar los conflictos a través de medidas alternas y sólo deja los más graves para ir a juicio y se castiguen con prisión. La apuesta es elevar los índices de confianza pero, también, los de cohesión social.

 ¿Cuáles son los beneficios que se han tenido con los juicios orales?

Los juicios orales y públicos tienen un fin muy claro: dar confianza a los ciudadanos y permitir que estos puedan ver cómo investigan sus policías, cómo argumentan sus fiscales y cómo juzgan sus jueces. Una sociedad oscura, donde nadie sabe nada de nada, no es confiable, ni para los mexicanos, ni para los extranjeros que quieren invertir en el país.

 ¿Cuál es el aprendizaje y los retos en el mediano y largo plazo?

El principal reto, decía, es el cambio cultural: los policías deben entender que su trabajo es investigar; los fiscales, que el suyo es acusar ante juzgados y tribunales con base en las pruebas que recabe la policía, y que la labor de los jueces es juzgar y no limitarse a palomear, como en el viejo sistema. Los críticos del nuevo sistema insisten en que estamos importando modelos extranjeros. Puede ser que tengan razón. Pero adoptar modelos extranjeros exitosos no debe avergonzar a nadie ¿Por qué, si no, los sistemas de justicia de Estados Unidos y el Reino Unido tienen tan altos niveles de aceptación?

¿Qué ajustes considera necesarios?

  1. Garantizar una actuación homologada de los operadores (policías, peritos, fiscales, jueces y servidores públicos encargados de la ejecución penal).
  2. Definir los alcances de la Fiscalía General de la República que, según la Constitución debe ser autónoma, pero nadie sabe qué tan autónoma.
  3. Instalar un auténtico servicio de carrera, que no tenemos, pese a las declaraciones rimbombantes al respecto. Esto incluye certificar competencias.
  4. Contar con un registro muy completo sobre los imputados.
  5. Establecer Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) en todo el país, que permitan que una persona pueda ser juzgada sin estar tras las rejas.

¿Implementar estas medidas reduciría la “puerta giratoria” que tantos critican?

La puerta giratoria sólo se detendrá cuando dispongamos de un sistema estadístico afinado. Hoy día, con los criterios de oportunidad, un fiscal puede echar mano del criterio de oportunidad y no ejercer la acción penal contra quien se roba un desodorante en una farmacia. Pero si no se cuenta con un registro adecuado, ese mismo joven que hoy robó aquí, mañana roba allá… y siempre saldrá libre. Incluso, puede cambiarse de nombre y confundir a las autoridades. Robar un desodorante por única ocasión no merece un castigo corporal; dedicarse a hacerlo de manera reiterada y sistemática, sí. Por eso señalo el registro como un ajuste necesario. Urgente, diría yo.

Muchos detractores del sistema aducen que la justicia no puede negociarse y han hecho señalamientos durísimos contra el procedimiento abreviado ¿comparte su enojo?

Desde luego que no. Si una persona admite que cometió el delito y aporta elementos que prueben su dicho, está ahorrándole tiempo y dinero al Estado. ¿Por qué no concederle un beneficio a la hora de su condena? Quién reconoce su falta ha dado un paso al frente para la reinserción social, que señala nuestra Constitución, y la sociedad no perderá si se le castiga 7 años en lugar de 10.

¿Le parece razonable que un sujeto acusado de violar o asesinar, pueda seguir libre mientras se le procesa?

Lo que nunca me pareció razonable fue que bastara una acusación para encerrar a cualquiera, fuera culpable o no. En el nuevo sistema, si el fiscal aporta elementos para señalar su peligrosidad o el riesgo de que escape un sujeto, el juez deberá dictar la prisión preventiva. Pero, si no es así, ¿por qué va a encerrársele? ¿Porqué a alguien se le ocurrió? Desde luego, si se prueba que, en efecto, violó o cometió un homicidio, se le debe privar de su libertad. Pero no antes. La prisión preventiva debe ser una medida cautelar extrema. De aquí que mencione a las UMECAS como otro pendiente para que el nuevo sistema penal resulte eficaz.