La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita B. Luna Ramos Flores, participó el pasado mes de noviembre en la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre Trata de Personas y Crimen Organizado convocado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Acompañada por juezas y fiscales de más de 30 países, intercambió conocimientos y experiencia sobre el trabajo realizado a lo largo de los últimos años, en el problema mundial por las mujeres impartidoras de justicia.

Bajo este escenario global, Luna Ramos propuso a las asistentes, la creación de un pacto para fortalecer el trabajo internacional de los jueces, con el objetivo de establecer referentes generales al juzgar casos de trata. Asimismo, compartió el esfuerzo realizado por el Poder Judicial en nuestro país para enfrentar este problema, a la par de las leyes generadas que permiten identificar y abordar dicho problema. Foro Jurídico platicó con la Ministra quien compartió su experiencia en el evento.

¿Cuál fue el propósito del foro?  

Los días 9 y 10 de noviembre la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, de la Curia Romana, realizó en la Ciudad del Vaticano, un foro llamado “ Cumbre de Juezas y Fiscales Juezas y Fiscales contra la Trata de Personas Seres Humanos y el Crimen Organizado”, al que asistimos poco más de 100 juezas y fiscales de 30 países, con el propósito de intercambiar experiencias y conocer las mejores prácticas en la lucha contra el delito de Trata de Personas. Por parte de México, acudimos la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Maestra Juana Camila Bautista Rebollar, Fiscal para la Atención de Delitos de Trata de Persona de la Procuraduría de Justicia capitalina y su servidora.

Durante los 2 días que duró el encuentro, las participantes expusieron la situación que priva en cada uno de sus países en relación con este fenómeno y las acciones que se están llevando a cabo para combatir este delito, el cual cada día cobra un mayor número de víctimas en todo el mundo y que según cifras de la ONU, es la tercera actividad ilícita más lucrativa, después del narcotráfico y el tráfico de armas.

¿Cuál es la situación de nuestro país en la prevención y combate de la Trata de Personas?

En la última década, en México, se han venido incrementado las acciones para prevenir y combatir este flagelo que azota a la humanidad. En el año de 2003, nuestro país ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niñas, también conocido como Protocolo de Palermo; y en el 2007 se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que no rindió los frutos esperados.

No fue sino hasta el año 2012 que se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Persona y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delito, que se empezaron a percibir avances en esta materia.

En general, esta legislación determina competencias y canales de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de la trata de personas; homologa en todo el país los tipos penales y distribuye competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas.

Además, tipifica el delito de trata de personas y otros tipos especiales, como esclavitud, explotación, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil, entre otros, y crea un Fondo de Protección y Asistencia de los Delitos en Materia de Trata de Personas, cuyo patrimonio se integra, entre otros recursos, con los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en la ley, que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, para la ayuda, asistencia y reparación a las víctimas, uno a nivel federal y uno por cada una de las entidades federativas.

Como fue reconocido por varias de las participantes en la mencionada Cumbre, realizada en noviembre en el Vaticano, se trata de una ley que cumple con los más altos estándares internacionales y modelos de protección.

¿Qué propone para mejorar la impartición de justicia en el combate del delito de Trata de Personas?

Como lo afirmé en la Cumbre de Juezas y Fiscales, propuse la adopción de un Pacto, con reuniones periódicas anuales a nivel local y mundial, como un compromiso moral y de buena fe, para fortalecer la impartición de justicia frente a este delicado y complejo fenómeno, con el objetivo de establecer referentes generales al juzgar casos de trata, a partir de compartir nuestra experiencia en el ejercicio jurisdiccional y el intercambio de buenas prácticas, que a la postre permita la elaboración de un protocolo, como un documento universal, de carácter orientador y no vinculante, que coadyuve a la mejor impartición de justicia.

Si estamos frente a un delito que ha alcanzado una dimensión global, trascendiendo fronteras, ¿por qué no trascender como juzgadores y fiscales, esas mismas fronteras para hacer frente a su eficaz combate?

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