ANTONIO MAZITELLI
Por Dr. Elías Huerta Psihas

“Los jueces deberán familiarizarse más con el sistema para interpretar y ser más creativos en el uso de medidas alternativas o de la prisión preventiva.”

Luego de 8 años de ardua labor de estar al frente de la Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Mazitelli deja el cargo para emprender un reto mayor dentro de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahora, tendrá 2 actividades principales: coordinar y facilitar el trabajo de todas las Oficinas en Latinoamérica y el Caribe, así como promover el intercambio de buenas prácticas, experiencias y cooperación en el continente en materia de drogas y combate al delito.

En entrevista con Foro Jurídico, Mazitelli revela cómo ha sido el esfuerzo internacional por enfrentar uno de los fenómenos que más aquejan a la sociedad desde el siglo XX, el tráfico de drogas. Las actividades criminales han evolucionado, dejaron de ser, dice, organizaciones criminales orientadas a un sólo negocio, como la droga, a trabajar en diferentes mercados gracias a su capacidad de control de territorio e infiltración de las instituciones. Se han vuelto grandes empresas y corporaciones y, para atacarlas, es claro integrar en la ecuación el tema financiero.

Comparte cuáles son los retos que tienen las naciones ante el uso indebido de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia que dan pie a diversas modalidades de actividades ilícitas. Entre ellas, comenta, son las estafas y el robo de identidad a nivel mundial, los cuales, tienen volúmenes de negocios comparables a los grandes mercados y organizaciones de crimen organizado. Finalmente, Mazitelli reconoce el trabajo realizado en nuestro país para crear dinámicas que ayuden al fortalecimiento del Estado de Derecho, experiencias que han sido exportadas y adoptadas, asegura, para alinear una política contra la droga y el crimen organizado. Compartimos la parte sustantiva de la entrevista.

¿Cuál es la labor de Enlace y Partenariado que tiene en México la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito?

Durante 8 años fui el representante en México de la Oficina de Enlace y Partenariado de las Organización Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito. Su creación fue una de las grandes innovaciones de la ONU, desde la perspectiva profesional; representó un gran desafío darle forma y estructura para definir sus contenidos y desarrollo. El objetivo es ser partners, socios o aliados (dado que no existe una traducción del término en español) en el cumplimiento de determinados temas relacionados con el combate a la droga y determinados delitos. Justamente en el 2012 en México inauguramos la primera oficina de este tipo.

Recordemos que México es un nación avanzada dentro de la escala de la clasificación de las Naciones Unidas; es un país de renta media, contribuyente al presupuesto de la ONU; no recibe flujos de cooperación técnica gratuita. Esto lo pone en una categoría particular por lo que había que planear bien qué tipo de alianzas se iban a desarrollar para crear una verdadera agenda que permita exportar las experiencias mexicanas y alinear la política de droga y crimen organizado con las tendencias internacionales, y al mismo tiempo, tratar de crear dinámicas propias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.

Los temas en los que participamos con México son 4:

  • Política de drogas
  • Crimen organizado
  • Corrupción
  • Prevención de terrorismo

Nuestro mandato deriva de las convenciones internacionales. La primera en materia de fiscalización de drogas es la Convención de la Haya de 1911 –la más antigua  del sistema convencional–, contamos  con mas de 105 años de experiencia en el tema. Además, se tienen las convenciones en materia de crimen organizado con los protocolos de la Convención de Palermo en el año 2000; de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes, de armas y municiones.

“En los 80s, los países se dividían en productores, de tránsito y consumidores de droga. Hoy esta diferencia no existe ya que casi todos cuentan con las 3 actividades.”

Sigue el mandato en materia de corrupción y la Convención contra la Corrupción de Mérida de 2003 y unos 16 protocolos relacionados a la prevención del terrorismo, con toda la complejidad que representa. Recordemos que en la ONU no hay una definición de terrorismo o de grupo terrorista, hay una, exclusivamente, de acto de terrorismo. Y en ese sentido, los protocolos apuntan a prevenir las consecuencias del uso de la violencia.

¿Qué acciones han tomado en México en el tema de las drogas?

Analizamos el contexto de las drogas en todas sus facetas; la parte social, la salud, la reducción de la oferta, la persecución, así como la disponibilidad y su comercio internacional. Uno de los grandes proyectos que tuve en México, antes de salir del cargo, fue firmar con la Secretaría de Salud y COFEPRIS un acuerdo para mejorar y fortalecer el acceso a la morfina. En este caso, no hablamos de reducción de la oferta ni persecución de la droga sino, que motivados por una política de salud, ampliar su acceso a quien la necesita; aunque es peligrosa y altamente controlada, también es necesario para el tratamiento del dolor en las terapias paliativas motivadas por el derecho a una muerte digna, sin dolor para quien sufre y sus familiares.

Las drogas antes que todo son fiscalizadas; todas las drogas producidas, comercializadas y distribuidas lícitamente, en principio debería ser también utilizadas lícitamente bajo prescripción médica. Hoy el Congreso discute la regulación de productos farmacéuticos con principios activos de la mariguana con fines médicos. Soy de la idea que si las drogas nos pueden ayudar, que se usen. En cambio, para fines recreativos, el consenso internacional dicta que son más los daños que los beneficios que traen a la sociedad, por eso el sistema de prohibición por uso no científico y no farmacéutico de las drogas.

¿Cómo apoyan en la creación de políticas públicas contra el crimen organizado?

Es interesante entender el desarrollo de los mandatos que tiene nuestra oficina y consecuentemente, del entendimiento de la comunidad internacional a estas problemáticas. Las primeras convenciones, de más de 100 años, fiscalizan las drogas como un producto, sin embargo en 1988 se creó una convención en materia de droga que se enfocó en la actividad. Fue contra el tráfico ilícito de estupefacientes; entonces no ve la droga como un producto sino como una actividad. En los años 80 el narcotráfico empieza a tomar escala mundial, es el periodo en que los cárteles colombianos ofrecen la compra de la deuda externa de Colombia a cambio de la no extradición de Pablo Escobar. Con esto, vemos las dimensiones que empezaba a asumir dicha actividad. En 1988 se pone en el mapa internacional el crimen organizado bajo la modalidad del narcotráfico.

Doce años después, la comunidad internacional se da cuenta que el problema no es solamente una actividad, el narcotráfico, sino todas las actividades transnacionales criminales. El narcotráfico después tiene su evolución; en los años 80 los mapa mundial se dividía entre países productores, de tránsito y consumidores. Hoy esta diferencia casi no existe, porque casi todos son al mismo tiempo productores de tránsito y consumo.

¿La Oficina de Partenariado ve también temas de lavado de dinero?

Las actividades criminales han evolucionado; de ser organizaciones criminales orientadas a un sólo negocio, como la droga, ahora son capaces de trabajar en  diferentes mercados gracias a su capacidad de control de territorio e infiltración de las instituciones. Se han vuelto grandes empresas y corporaciones y, para atacarlas, es claro integrar en la ecuación el tema financiero. Así sucede en la convención de 1988  en donde por primera vez se cuenta con un artículo relacionado al tema.

Muchos de los instrumentos técnicos que fueron pactados en el convenio ese año, sobre investigaciones financieras, lavado de activos, operativos encubiertos y cooperación internacional, fueron replicados en la Convención de Palermo. Las investigaciones financieras son un instrumento fundamental para desbaratar la cadena criminal; así como los operativos encubiertos coordinados entre diferentes policías. En temas como contrabando, tráfico de armas y trata de personas, es importante hacer el seguimiento de toda la cadena, desde el lugar de salida hasta el destino, de tal manera que se puede de verdad desarticular toda la organización criminal. Cuando hablamos de crimen transnacional, cortar sólo un anillo de la cadena, en la mayoría de los casos, no genera el efecto deseado porque el anillo se va a reformar en otro Estado.

Existe un conjunto de instrumentos judiciales que sirven para facilitar estas investigaciones entre países, por ejemplo, el uso de instrumentos como las videoconferencias, la protección y disposiciones para la colaboración judicial y la validación de testimonio de una jurisdicción a otra sin necesidad de pasar a través de los canales diplomáticos, entre otras.

“Necesario implementarse medidas cautelares más efectivas como lo es el brazalete electrónico que en México ya no se usa.”

¿La actividad central de su oficina es únicamente de orientación en estos temas o también de enlace?

Depende de los países. Las convenciones de la ONU las firman los Estados, quienes se comprometen a integrar las disposiciones de estos tratados internacionales en su legislación nacional. Nosotros –como Oficina–, facilitamos y colaboramos en la fase normativa, por ejemplo, en el desarrollo de las instituciones, mecanismos y reglas que permiten al estado mexicano cumplir en materia de convención.

Trabajamos también en la armonización de los indicadores de medición nacionales. Es decir, que éstos no sólo se midan a través de las tipologías que indican los códigos penales (delitos como robo homicidio, doloso, culposo etc) sino a través de un sistema estadístico, esto es, comparar los crímenes independientemente de su calificación jurídica. Un gran avance que ha tenido México en esta materia, gracias al trabajo del INEGI, son las mediciones del crimen y la justicia, esto se empieza a llevar a cabo en toda América y es fundamental para hacer un comparativo certero.

Por ejemplo, el robo, es tipificado de forma diferente en Argentina que en Brasil, entonces cuando se juntan las estadísticas de las secretarías de justicia o procuradurías, aun comparando el robo, se pueden obtener  resultados diferentes ya que algunos tienen 5 tipos de robos. ¿Cómo homologar los indicadores según el Código Penal? En esta labor lo que hemos logrado es contar con un criterio común aprobado por todos los estados sobre cómo catalogar los delitos con fines estadísticos, esto independientemente de la tipificación de los códigos penales. Hacer un comparativo real entre los delitos en diferentes países.

¿Participan en el tema de ciberdelitos?

Es un tema extremamente complicado. Hace algunos años, la comisión de prevención del crimen, que es el órgano de dirección política de la ONU en materia de prevención del delito, comenzó a considerar la necesidad de una convención de delito cibernético, pero no se logró el consenso, porque hablamos de un desafío a las reglas normales de Derecho internacional.

En un delito cometido en México por parte de un operador que puede estar del otro lado del mundo que usa un servidor en un tercer lugar, ¿a quién le competente la jurisdicción? Eso no se ha definido a nivel de una convención internacional, es voluntarista. Es decir, hasta ahora todo esto desafortunadamente ha sido dejado a la voluntad de cooperación entre los estados

El ciberdelito es un gran reto. Las estafas y el robo de identidad a nivel mundial tienen volúmenes de negocios comparables a los grandes mercados y organizaciones de crimen organizado. Al mismo tiempo hay nuevas tipologías del crimen informático. He platicado con expertos de la materia y me hablaban del secuestro de un servidor a miles de kilómetros de distancia, un grupo criminal cibernético entra en servidores de grandes compañías y paraliza su sistema y pide un rescate para liberarlo.

¿Cómo esta México en el tema de ciber delincuencia?

La policía federal ha desarrollado en poco tiempo una muy buena capacidad técnica con la policía cibernética aunque claramente no es suficiente ya que abarca un abanico muy amplio de temas. Por ejemplo la trata de personas, en donde la mayoría de las víctimas son enganchadas a través de internet.

El Comisionado Nacional de Seguridad Pública comentaba que todos los estados deberían tener unidades de policía cibernética, quizá en 1 de 32 tiene alguna capacidad y los otros nada. Desde la perspectiva de persecución del crimen, la estafa o robo de identidad son delitos del fuero común, entonces recaen en lo que debería ser la responsabilidad de la fiscalía o procuradurías locales.

¿Cuál fue su participación en la implementación del Sistema Penal Acusatorio?

Como oficina desde la perspectiva técnica, participamos poco, hemos trabajado con algunos estados en persecución de tráfico de migrantes, de crímenes de violencia de genero, con la Secretaría de la Función Pública con el tema de corrupción y recientemente empezamos a trabajar el tema de prisiones.

Con respecto al nuevo sistema penal, queremos trabajar todo el tema de medidas alternativas a la prisión. Hemos empujado la justicia terapéutica que debería ser una especialidad del nuevo sistema acusatorio, en donde la pena preventiva se debe establecer en la persecución de algunas tipologías criminales.

Creo que hubo errores en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero la culpa no es del sistema, sino en quien lo implementa, empezando del primer respondiente, en dónde encontramos con problemas desde la integración de la carpeta de investigación. Si aquí las pruebas no han sido recolectadas y presentadas de manera concluyente, un juez no puede dictar prisión preventiva, hay que tener paciencia, se necesita aprender de los errores.

Claramente hay un argumento de Derechos Humanos al reducir el uso de la prisión pero esto también responde a criterios económicos. Le cuesta al ciudadano y al sistema de justicia mucho dinero tener a una persona presa; pero además al propio interno y a su familia, porque en prisión hay que pagar por todo; por dormir, por acostarse en el piso, en algunos lugares incluso por la comida, por su propia seguridad, por el agua etc. Es un problema muy común que deriva de una cultura desafortunada, histórica, en donde las prisiones tienen que ser lugares de castigo, entre más castigo mejor, pero no es un castigo infligido por la justicia, sino por el estado.

“La justicia terapéutica debería ser una especialidad del nuevo sistema penal acusatorio.”

Se deben de implementar medidas cautelares más efectivas como lo es el brazalete electrónico que en México ya no se usa. Claro, que es una inversión importante en infraestructura pero a la larga sale más barato tener a alguien con un brazalete, con la posibilidad de rastrearlo, que dentro de una prisión. Con las medias alternas, se reduce el hacinamiento, evitas que el preso se convierte en criminal; por otro lado, no se aprovecha lo que las tecnologías pueden ofrecer, hace 15 años un sistema satelital era caro, hoy debe costar menos de la mitad y todos traemos un geo localizador en nuestros teléfonos inteligentes, y así de fácil debería de funcionar un brazalete electrónico.

¿Cuál es tu nuevo cargo y cuál será tu relación con México?

Ahora estoy en la sede central de la ONU y tendré 2 actividades: por un lado, coordinar y facilitar el trabajo de todas las oficinas en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos una oficina de enlace en Brasil, responsable del Cono Sur; en Perú, responsables por Ecuador, una en Colombia, en Bolivia y en Panamá, responsable de Centro América y el Caribe, y la de México.

Coordinaré actividades promoviendo sobre todo, el intercambio de buenas practicas, experiencias y cooperación. Acompañaré también iniciativas regionales por parte de OEA; organismos subregionales en Centroamérica, América del Sur y los países andinos, que todos trabajan el tema de seguridad y justicia.

Estaré a cargo de acompañar y facilitar la participación de Latinoamérica en el proceso de tomas de decisión política en materia de droga. Desde el 2016 se elabora y revisa el plan mundial de drogas que finalizará en el 2019. Por otro lado, estaré acompañando a los gobierno de América latina en temas sobre la comisión de prevención del crimen y la conferencia de los estados parte que implementan la convención de la corrupción. Han sido 8 años muy enriquecedores los que estuve en México –desde septiembre del 2009 a la fecha–, que permitieron sentar las bases para la cooperación de esta oficina con el país.

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