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Lic. José R. Padilla Profesor de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM.
T: @JoseRPadilla50

En México desde los años 50 del siglo pasado, se disparó el “auge universitario”, al grado de llegar a considerar que la Máxima Casa de Estudios y otras similares, eran un ente aparte, separados de los poderes del Estado Nacional. Naturaleza jurídica y política que consideramos apartada de la realidad. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como sus similares, aparece con el atributo de autónoma gracias a su primera Ley Orgánica de 1929 y la vigente de 1945.

A esta legislación ordinaria, se añade la reforma constitucional, principalmente a la fracción vii del artículo 3º, de 1980. En ella, se destacan las funciones y obligaciones de los organismos educativos que la, ley otorga autonomía. Aquellos antiguos maestros nos recordaban que se trata de organismos públicos descentralizados, empezando por el Alma Máter y que, “conforme a la Ley”, gozan de autonomía “técnica, financiera y administrativa”, aunque dependan y, a la vez, tengan que rendir cuentas ante los órganos centrales.

No está demás recordar que a todas las universidades del país, y, especialmente a la UNAM, se les impone su estructura de gobierno a través de las llamadas leyes orgánicas, lo que hace nugatorio el ejercicio de una autonomía absoluta.

La base constitucional de los organismos referentes a la educación superior, tema que nos ocupa, se localiza en la fracción vii del artículo 3° de la Constitución mexicana, que en su parte relativa, expresa: VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los término de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.

Tal sección del precepto constitucional, se puede dividir en 6 partes:

a) La facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; b) Realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, c) Determinar sus planes y programas”; d) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y e) Administrar su patrimonio.

Es necesario precisar que los “fines de estas instituciones”, son fines del Estado Nacional, como por ejemplo que toda la educación que imparta el Estado será gratuita y de calidad.

En síntesis, los limitaciones de la “autonomía universitaria”, pueden sintetizarse en la forma siguiente:

a. No están por encima del Estado Nacional, más bien, por razones técnicas, surgen del mismo como entes especializados de “índole administrativa”.

b. Se deben a una Ley del Congreso de la Unión, hablando del Ambito Federal.

c. En esa norma se establecen sus fines y obligaciones; se estructura la forma de administrarse en la situación de “autogobierno”.

d. Sin faltar el hecho de que estos entes, empezando por la UNAM se encuentran supeditadas al presupuesto que les otorga el Gobierno Federal.

e. Pueden y deben pedir auxilio a los órganos del gobierno exterior o nacional para librarse de los males que les aquejen por alguna obstrucción o invasión de su “campus”. Siempre deben estar prontos a la defensa cualesquiera sobre de sus intereses.

f. Y jamás deben ser obstaculizados, por fuerzas extrañas, en sus afanes de impartir la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura.

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