Entrevista con la Maestra Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública

En México el ministerio encargado de aplicar la política de Gobierno Abierto (GA) es la Secretaria de la Función Pública, por ello buscamos a la Maestra Arely Gómez González, titular de dicha cartera para que expusiera a los lectores de Foro Jurídico cuál es el estado de la implementación de la política de GA en nuestro país.

Los tiempos electorales que están por vivir México crearán mucho ruido en el ámbito público, pero desde la óptica de tener una apertura gubernamental, es de vital importancia conocer 2 aspectos fundamentales, primero, cuál es el estado de la implementación permanente de esta política, y el segundo, éste será el primer gobierno que hará la entrega de la presente administración pública bajo la política y reglas de un gobierno abierto, por lo que la orientación de la entrevista se realizó bajo las siguiente preguntas básicas ¿cómo está diseñado el andamiaje normativo en México? ¿Cuál es el estado de la implementación del sistema de Gobierno Abierto en México? y ¿cómo será la esta entrega de la administración pública al ganador de las elecciones del 2018?

FJ: ¿Cuál es el avance del GA en México y cómo está diseñado el andamiaje normativo?

AGG: El avance es considerable, México es uno de los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto; se adhirió a la misma en septiembre de 2011. Durante 2015 presidió esta iniciativa internacional y actualmente es miembro del Comité Directivo (SC) hasta el 2019.

Los esfuerzos en materia de gobierno abierto se han dado en el contexto de importantes reformas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Actualmente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contemplan en sus artículos 59 y 66, respectivamente, la atribución de los organismos garantes de coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil, en la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental, precisando las obligaciones de los sujetos obligados al respecto.

Por su parte la Secretaría de la Función Pública, conforme con lo establecido en su Reglamento Interior, cuenta con una  Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, que  tiene entre sus atribuciones,  formular proyectos de políticas, estrategias y criterios que impulsen el establecimiento de acciones en materia de gobierno abierto en las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, así como en la Procuraduría General de la República.

En cumplimiento a este objetivo, el pasado 15 de mayo del 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único, con  la finalidad de impulsar un modelo de gestión pública colaborativa entre gobierno y sociedad basado en la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.

Con la finalidad de facilitar la implementación de las Disposiciones Generales antes referidas, el pasado 17 de julio de 2017, esta Secretaría en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), publicó la Guía de Gobierno Abierto, integrada por cuatro rubros fundamentales que son: 1) Acceso a la Información, 2) Transparencia Proactiva, 3) Participación Ciudadana y 4) Compromisos de Gobierno Abierto.

Así, como puede advertirse, en México el tema de Gobierno Abierto se ha consolidado a partir de este nuevo andamiaje normativo e institucional, bajo la firme convicción de que la construcción de gobiernos abiertos es un elemento clave en la consolidación de la democracia mexicana.

FJ: ¿Cuáles han sido los pasos que se han seguido?

AGG: Desde 2011, como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, y siendo uno de los 8 países fundadores, México ha impulsado los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, como temática esencial en la agenda pública. Para lograrlo, ha establecido compromisos por medio de Planes de Acción que contienen estrategias para cumplir con tales retos.

El primer Plan de Acción se construyó a partir de insumos recabados en toda la Administración Pública Federal (APF). México elaboró su Plan a través de dos procesos: a) el primero, denominado Plan de Acción Original (PAO) se realizó en agosto de 2011, incluyó propuestas realizadas por la APF y se centró en políticas transversales; b) el segundo, denominado Plan de Acción Ampliado (PAA), incluyó 36 propuestas de OSC realizadas a más de 20 dependencias. Para construir el PAA se formó un Secretariado Técnico Tripartita (STT) con representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ahora INAI) y de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

El desarrollo de un Plan de Acción Ampliado, así como el establecimiento del Secretariado Técnico Tripartita han sido reconocidos en la comunidad internacional como buenas prácticas, destacando el cumplimiento al 100% de los 26 compromisos del PAA 2013-2015, siendo uno de los pocos países de la Alianza que ha logrado el cumplimiento de lo establecido.

Bajo el liderazgo del Secretariado Técnico Tripartita (STT) como órgano de toma de decisiones de la Alianza en México —integrado actualmente por un núcleo de diez organizaciones de la sociedad civil, el INAI y el Gobierno Federal—, nuestro país desarrolló su Tercer Plan de Acción Nacional, a través de un proceso amplio y plural que permitió formular compromisos transformadores.

Una de las premisas del nuevo plan de acción es articular los principios de gobierno abierto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De esta forma, el Plan de Acción 2016-2018 será una de las primeras acciones que México lleve a cabo para avanzar hacia el logro de esta agenda internacional de desarrollo.

Por otra parte, se han iniciado proyectos en materia de apertura gubernamental con objetivos particulares. Entre ellos destaca la adopción del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) por el Gobierno Federal con lo que se busca transparentar todo el ciclo de las contrataciones públicas.

Asimismo, se aceptó a México como país miembro en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), durante la 38° reunión del Consejo de EITI, celebrada el pasado 25 de octubre en Manila, Filipinas, lo cual es valioso para el país porque incrementa la apertura y transparencia en el Sector, y con ello da cumplimiento a los compromisos asumidos por México en sus planes de acción AGA 2011-2012, donde el compromiso consistía en analizar la pertinencia de que México se adhiriera a EITI, y el plan 2013-2015, donde se estableció el compromiso de que México se adhiriera al Estándar.

FJ: ¿Cuál es la principal resistencia? ¿Qué ha sido lo más difícil?

AGG: Uno de los principios que sostienen al gobierno abierto es el involucramiento y participación de los diferentes actores de la sociedad en los asuntos públicos. Para ello se necesita construir relaciones de confianza tanto entre sociedad y gobierno como entre los actores de la sociedad. La construcción de confianza es un proceso continuo, el cual debe refrendarse constantemente. Por ello es necesario mantener la cercanía entre todas las partes involucradas y trabajar día a día para fortalecer una relación franca, abierta y transparente. La SFP reitera su compromiso de trabajar de la mano con el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil en relación al alcance de los compromisos del Plan de Acción 2016-2018.

FJ: ¿En qué cambia esta iniciativa la entrega de la administración pública año el próximo?

AGG: El trabajo realizado nos lleva a identificar al Gobierno Abierto como una forma de hacer gobierno de manera co-creativa entre sociedad y gobierno, la cual tiene bases en transparencia, rendición de cuentas y democracia participativa por lo que seguramente será una pauta en la entrega de la actual administración.

FJ: ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora del Gobierno Abierto para enfrentar la corrupción?

AGG: El avance ha sido considerable en varias aristas. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobado el 27 de mayo del 2015, uno de los aspectos clave fue, que estuviese encabezado por un Comité de Participación Ciudadana, cuyos cinco integrantes fueron seleccionados por el Senado de la República, a partir de los candidatos propuestos por una  Comisión de Selección conformada por 9 miembros con cargo honorario, 5 de instituciones de educación superior e investigación y 4 miembros de OSC, dedicados a materias de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Destaca además, que como parte de las leyes secundarias de la reforma Constitucional en el combate a la corrupción, se generó un movimiento cívico sin precedente, en el cual, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y 634 mil ciudadanos presentaron la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trata de la primera propuesta ciudadana dictaminada y votada por los legisladores del Congreso de la Unión el 18 de julio de 2016.

Por su parte, en la Secretaría de la Función Pública hemos trabajado con la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la prevención y combate a la corrupción. Un claro ejemplo es el Grupo Plural de Compras Públicas, el cual consiste en una plataforma de análisis y diálogo incluyente en torno al Sistema de Compras Públicas del Gobierno Federal, denominado CompraNet, cuyo objetivo es consolidar un plan de trabajo que permita la mejora de dicho Sistema, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. En el grupo participan: el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación de Emprendedores de México, México Evalúa, el INAI, la Comisión de Competencia Económica y el Instituto del Emprendedor, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) funge como Secretario Técnico. Además, como observadores de este proceso, participan representantes del Banco Mundial, ABT Asociados, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en México y la Embajada Británica.

De igual manera, con el Consejo Coordinador Empresarial se trabaja un mecanismo de participación para incluir sus propuestas en la mejora de los trámites y servicios federales más representativos para el sector. En este contexto, con motivo del convenio suscrito el 26 de marzo de 2015, el 4 de octubre de 2017, se presentaron los resultados del análisis a un grupo de trámites seleccionados con el CCE, con el propósito de fortalecer a las instituciones de la Administración Pública Federal, en la prestación de trámites y servicios.

Además, la Secretaría de la Función Pública trabaja en la implementación de uno de los compromisos del Plan de Acción 2016-2018 en materia anticorrupción. Su objetivo es llevar a cabo una consulta técnica a fin de establecer criterios de selección para los órganos internos de control (OIC) de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y de las Unidades de Responsabilidades (UR), así como evaluar de forma objetiva con la participación de la sociedad civil, academia y expertos la idoneidad de los perfiles propuestos, con información del proceso en datos abiertos.

FJ: ¿Cómo ha ayudado la tecnología en todo este proceso?

AGG: La tecnología ha creado nuevos espacios de participación y acceso a la información para los ciudadanos. Esto implica para los gobiernos una redefinición de la forma de relación sociedad y gobierno. En este sentido, la tecnología es un detonador de cambio dentro y fuera del gobierno que permite maneras innovadoras en el quehacer público como un factor clave hacia un gobierno abierto.

Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Gobierno Digital, desarrolló la Ventanilla Única Nacional (www.gob.mx). Se trata de un portal que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia, y transforma los procesos para proveer información, trámites y una plataforma de participación a la población.

Con este portal los ciudadanos pueden consultar y realizar trámites de manera rápida y eficiente desde un dispositivo electrónico, encontrar fácilmente la información de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, y participar y colaborar en la construcción de mejores políticas públicas, a través de foros, encuestas y edición de documentos en línea. Esto ha permitido simplificar los requisitos y tiempos de los trámites, los desplazamientos y la desinformación que los ciudadanos cubren en su interacción con el gobierno; haciendo posible un gobierno más ágil y cercano a la ciudadanía.

Me gustaría referir como ejemplo el trámite de digitalización del acta de nacimiento. Este es el trámite más demandado por la ciudadanía y hasta antes del 2015 las personas tenían que viajar a su lugar de origen para pedir el acta, con una afectación muy grande en tiempo y dinero, al tener que destinar recursos a transporte, tiempos de espera, en algunos casos hospedaje, más el costo del documento que cada Estado determina.

A través de la Ventanilla Única Nacional, en el marco de la Estrategia Digital Nacional, y con el apoyo de la SEGOB a través del RENAPO, los Gobernadores de los 32 Estados, sus respectivas Oficialías del Registro Civil y de los Secretarios de Finanzas, lanzamos en el mes de julio el Piloto de Acta de Nacimiento por Internet con mucho éxito y aceptación por parte de la ciudadanía. Al día de hoy más de 100 mil actas se han emitido por este medio, 83% de los usuarios han utilizado tarjeta de débito o crédito para la obtención del servicio, dejando sólo un 17% para aquellos que decidieron imprimir y acudir a una sucursal bancaria, esto habla también del avance en materia de bancarización de la población y de la inmediatez que el pago en línea permite a los usuarios al momento de acceder al servicio.

FJ: Un comentario sobre la transparencia y la digitalización de la información.

AGG: La transparencia es uno de elementos clave del gobierno abierto. En primer lugar, un gobierno abierto requiere reducir al máximo asimetrías de información entre ciudadanos y gobierno; lo cual sólo puede lograrse con acciones claras en materia de transparencia y acceso a la información pública, y generar mecanismos de incidencia efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil requieren convertirse en organizaciones dinámicas capaces de tomar decisiones adecuadas en contextos sociales, políticos y económicos complejos con mayores niveles de demanda por parte de la ciudadanía, para lo cual, la información es uno de los elementos indispensables para entender los problemas públicos y construir políticas públicas.

Lo anterior se potencializa cuando la información pública se pone a disposición de los ciudadanos en datos abiertos, es decir, información que cumple con características técnicas como legales, que permitan que cualquiera, en cualquier lugar y momento, los pueda usar, reusar y distribuir libremente. Esto hace posible que los ciudadanos puedan analizarlos y con ello co-crear alternativas de políticas basadas en evidencia para atender los problemas públicos a los que nos enfrentamos como país.

Por ejemplo, deseo compartirle que precisamente, el pasado 8 de noviembre, se lanzó el portal de contrataciones abiertas del gobierno federal, el cual fue un esfuerzo coordinado entre la SFP, la SHCP, la CEDN, y contó con el apoyo de aliados fundamentales como el INAI, Banco Mundial, Open Contracting Partnership, Transparencia Mexicana y la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal.

Ahora los ciudadanos podrán ver en un sólo lugar, accediendo a la página www.gob.mx/contratacionesabiertas información sobre todo el ciclo de contrataciones (planeación, licitación, adjudicación, celebración del contrato y ejecución). Esto es un hecho histórico, que esperamos vaya incorporando gradualmente a más actores del gobierno federal, y que invite a otros como pueden ser los organismos autónomos o los gobiernos locales, a sumarse a esta nueva forma de contratar.

FJ: ¿Están los funcionarios públicos al tanto de lo que tienen que hacer para las entregas?

AGG: El pasado 6 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y las bases para realizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos que los servidores tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.

En atención a dichas bases, el 24 de julio expedí el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal.

Este Acuerdo considera los procesos relativos a Libros Blancos y memorias documentales, así como un sistema informático para el registro de la información llamado, SERC, Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas.  

El SERC es una herramienta tecnológica que permitirá a los servidores realizar el llenado de formatos e Informes en una sola plataforma.

En conjunto, los Acuerdos comentados anteriormente, establecen las bases de carácter general y las disposiciones necesarias para que las instituciones públicas y sus servidores, al término de la administración en curso, lleven el proceso de rendición de cuentas de manera ordenada, eficiente, transparente, confiable, oportuna y homogénea.

FJ: ¿Cuáles serían las consecuencias si algún funcionario no entrega correctamente?

AGG: Los servidores públicos encargados de la elaboración y validación de los documentos que integran y soportan el informe de rendición de cuentas de la gestión gubernamental, serán los responsables de su veracidad, integridad, legalidad y confiabilidad.

Los titulares de las instituciones públicas son los responsables de promover la adopción de las medidas conducentes para el adecuado cumplimiento de los referidos acuerdos.

En este tenor, al servidor público que omita dar cumplimiento a los acuerdos, se le podrá iniciar un procedimiento administrativo disciplinario para imponerle las sanciones administrativas que correspondan en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En caso de que los servidores públicos omitan rendir el informe de separación a su salida del servicio público y que no hagan entrega de los recursos que tuvieren asignados, tal y como se contempla en los multicitados acuerdos y en la Ley Federal de Archivos, sin contar con causa justificada y motivada, serán requeridos por el Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad de que se trate o por la Auditoría Interna en el caso de las empresas productivas del Estado, para que cumplan con esta obligación. De continuar con la omisión, se iniciaría el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

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