Marco A. Ríos

 

Las nuevas tecnologías llevan al entorno jurídico hacia una evolución en donde la profesionalización y especialización es obligada, no sólo para los departamentos jurídicos de las empresas, sino también para los despachos de abogados.

 

Las firmas legales en los Estados Unidos enfrentan un panorama retador, el cual no tardará en llegar a nuestro país. Los grandes corporativos han disminuido su inversión en la contratación de los servicios legales de los despachos de abogados, para tercerizar el trabajo que realizaban con ellos o fortalecer sus departamentos internos. En entrevista con Foro Jurídico, Carlos Gámez, Director Senior de Innovación de Legal Business de Thomson Reuters, comenta la transformación que se vive en el entorno de innovación legal para los servicios de autoayuda al consumidor-cliente.

 

De acuerdo con estudios realizados en el vecino país, las firmas de abogados operan bajo un sistema tradicional que implica una lenta incorporación de socios, con sistemas poco medibles en costos de operación, con una estructura de obtención de utilidades orientadas al  corto plazo y que al mismo tiempo desatiende al cliente.

 

Algo no muy alejado sucede en México: “La persona que presta el servicio es la misma que genera el negocio, consigue a los clientes; operativamente no es muy eficiente y tampoco permite invertir en desarrollar tecnología y herramientas que le harán más eficiente”.

 

Los departamentos jurídicos de los grandes corporativos, comenta Carlos Gámez, poco a poco han recibido mayor apoyo tanto financiero, de actualización, como tecnológico para resolver con mayor agilidad el trabajo diario. Anteriormente, refiere, contaban con un abogado o un grupo pequeño de éstos; sin embargo, hoy ha cambiado con el surgimiento de los Proveedores Alternativos de Servicios Legales (ALPs, por sus siglas en inglés) que realizan muchas de las tareas de los despachos a un costo menor, los cuales han dejado de brindar un valor agregado a sus clientes. Esto originó, de acuerdo con el informe Peer Monitor, elaborado por Thomson Reuters, que la demanda de sus servicios tuviera un importante descenso, superior al 10% en 2009, con una leve recuperación a partir de 2011, sin que haya incrementos importantes. “Esto desplaza en cierta medida la labor de los despachos jurídicos quienes ya no pueden cobrar lo que desean.

 

Los departamentos jurídicos al operar en un panorama legal cambiante, han modificado sus responsabilidades que van desde asesoría, administradores de riesgo, ejercicio del Derecho y administración del propio departamento; al tiempo que su interacción con firmas externas de asesores legales cambia. Las presiones económicas, comenta el especialista de Thomson Reuters, la evolución tecnológica y los cambios regulatorios, impulsan una mayor especialización hacia áreas específicas.

 

Nos encontramos, señala Carlos Gámez, en un proceso de innovación legal, en donde las empresas al crecer comienzan a especializarse por industria o por mercado, lo cual conlleva complejidades regulatorias muy particulares. Ante esto es necesario brindarles un expertise. Es evidente que existan puntos de fricción entre el comprador de servicios legales (departamento jurídico) y el proveedor (firmas de abogados). El primero, requiere mitigar y administrar el riesgo, defender su valor y eficiencia a la empresa. El segundo, ante su tradicional forma de trabajar, carece de incentivos para invertir en innovación y mejoras en el largo plazo.

 

Entrevistado en el marco del evento Legal Summit, en donde se destacó el proceso cambiante del foro jurídico en el sector empresarial, Gámez advierte que para evitar una disrupción, es necesario lograr una convergencia entre ambos grupos; se requiere, dice, de la colaboración entre compradores y proveedores de servicios, basada en el uso de modelos alternativos de servicios y de tecnología.

El abogado debe crear nuevos procesos, generar eficiencias; para eso, se requiere de la tecnología.

Una farmacéutica, por ejemplo, ahora requiere de un departamento de propiedad intelectual y de derecho administrativo. Una empresa de outsoursing debe contar con un departamento laboral sólido. Los corporativos poseen el capital para invertir y formar grupos al interior, a fin de ser más conscientes en cómo utilizan a los abogados internos. “Esto motiva, por un lado, reducir la plantilla de abogados externos para trabajar con los Proveedores Alternativos de Servicios Legales por el tipo de servicios que requieren.”

 

La demanda por las firmas de abogados se ha mantenido estancada, explica Gámez, mientras que, por otro lado, aumentan los presupuestos de los departamentos jurídicos. “Las firmas de abogados compiten contra sus clientes y sus departamentos jurídicos.” Este tipo de esquema genera una relación interesante entre consumidores porque son competidores, proveedores, clientes y colaboradores al mismo tiempo; por eso, es importante que los despachos jurídicos se profesionalicen, de lo contrario estarán en desventaja para crear esquemas o modelos que generen más valor a sus clientes.

 

El mercado mexicano

En México ya se cuenta con ALPs que ayudan a crear esas eficiencias, ya sea por cuestión de tercerización de servicios o por la implementación de tecnologías diseñadas para abogados (LegalTech), que facilitan la prestación de un servicio. “Son herramientas que apoyan al abogado en la búsqueda de jurisprudencia, de leyes comentadas, de sistemas integrados etcétera”.

 

Se cuenta con software, explica Carlos Gámez, que ayudan a redactar el documento, revisar que no haya errores, que las citas de leyes estén vigentes etcétera. En algunos estados de la Unión Americana existe una regla —que valdría incorporarla al sistema legal mexicano— en donde el abogado está obligado a entender y usar la tecnología como herramienta para su profesión. “Hay casos en donde por no utilizar un programa para verificar la vigencia de una jurisprudencia, se puede caer en falta en el ejercicio jurídico, y puede haber una sanción.”

 

El mercado mexicano, detalla, está listo para atender soluciones legales, se cuenta con software que ayuda a los departamentos jurídicos a mantener un mejor control de los gastos de las firmas externas. Tanto el abogado como el estudiante de derecho deben tener en cuenta que la especialización será muy diferente de cómo se le concibe ahora. Hoy, opina Gámez, la gente se especializa en el tipo práctico, por ejemplo, propiedad intelectual, pero en un momento deberá hacerlo en la atención al cliente, es decir, institucionalizar la relación; un atributo que no lo tienen, y sin embargo deben desarrollar, es decir, “voy a mantener la relación con el cliente, pero la voy a administrar de una manera eficiente, que brinde mayor valor; ahí la tecnología será un factor importante”.

 

Los clientes tienen cada vez una expectativa mayor sobre el valor que esperan del servicio de sus profesionistas, incluso en el tema jurídico. Los abogados toman las tecnologías a su disposición para cumplir con las expectativas en temas como el blockchain, la automatización de documentos y, sobre todo, análisis de datos. “Los abogados del futuro tiene que sentirse cómodos con el uso y manejo de datos; quien no sepa hablar el idioma de su cliente no lo tendrá para siempre. Ya no sólo es elaborar el contrato, aceptar la demanda, es ser un consejero, el concepto de valor es diferente.”

 

“El Derecho como ejercicio de una profesión tiene que empezar a profesionalizarse. Ser el asesor de confianza que entiende el negocio, que aprovecha tecnologías como el análisis de datos, el Big Data. De tal forma que hoy debe volverse especialista en crear procesos, en generar eficiencias; para eso, se requiere de la tecnología.”