El sistema de justicia penal requiere de mejoras, pero no al grado de detenerlo, mucho menos de regresar al modelo anterior 

Lic. Rafael Heredia Rubio 

Uno de los abogados que impulsó la reforma y la implementación del sistema penal acusatorio desde sus inicios es el Lic. Rafael Heredia Rubio, quien con su participación como defensor en el famoso documental Presunto Culpable, ayudó a alertar a la sociedad de la urgente necesidad de transformar la justicia penal por una más transparente, humana y con presencia de los juzgadores.

A más de un lustro de estrenarse la cinta y al cumplirse los primeros 2 años de ponerse en marcha la reforma penal en nuestro país, el socio de Heredia Rubio Abogados, en compañía de Enrique Riquelme Torres y Salvador Herrera Chávez miembros de este bufete jurídico, nos comparten la experiencia que han tenido con el sistema como defensores, reflexionando sobre los retos, las oportunidades e incluso los ajustes necesarios para continuar con el nuevo paradigma de impartición de justicia en México.

La desaparición de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), fue uno de los errores que cometió la Secretaria de Gobernación, aseveró Rafael Heredia, dicho organismo debió permanecer para concretar la reforma: “No se concluyó su trabajo ya que la implementación sigue después de la entrada en vigor de la reforma y se deben coordinar muchos esfuerzos de todos los poderes, en especial con la ciudadanía, quien debe entender en qué consiste y sus beneficios”.

 Beneficios del Sistema Penal Acusatorio

La sociedad tiene una mala percepción del nuevo sistema penal, porque no se han difundido o promovido adecuadamente sus alcances en la impartición de justicia. Existen tres puntos torales de gran beneficio que debemos entender muy bien: el primero es la presunción de inocencia que llega a la disminución en el uso de la prisión preventiva; el segundo es que limita actuaciones irregulares en los procesos de investigación y finalmente está la participación de la víctima.

Sobre el primero, es preciso decir que los procesos que se instauran con personas en libertad han creado una nueva cultura respecto a la presunción de inocencia y limitado las actuaciones irregulares por parte del ministerio público o fiscal y la Policía de Investigación, así como la observancia de protocolos de cadena de custodia y técnicas de investigación judicializadas.

La falta de profesionalización y capacitación, tanto de los fiscales como de las policías de investigación, es muy necesaria para evitar la “puerta giratoria”, fenómeno en el cual los delincuentes son detenidos y puestos en libertad. Si los fiscales explicaran al juez los motivos por los cuales no debe otorgarse libertad a los presuntos implicados, por registrar repetidos ingresos por ilícitos similares a los reclusorios de la Ciudad de México, éste difícilmente les otorgaría la libertad. Es necesario, además, atender el tema de la responsabilidad y actuación de la policía.

Falta prestar atención a la policía para instruirla e involucrarla en el sistema; se deben de dedicar mayores fondos para la capacitación y equipamiento de la policía de investigación y los laboratorios de servicios periciales de las procuradurías.

La participación de la Secretaría de Seguridad Pública fue omitida cuando es una parte integral del proceso; hemos sido testigos de cómo ignoran desde los procedimientos para conservar las pruebas hasta cómo llenar los formatos. Son ellos los primeros en garantizar que una investigación adecuada se desarrolle para presentarse en el juicio.

El último de estos grandes beneficios torales es el rol preponderante de las víctimas en el proceso. Hoy la víctima cuenta con un asesor jurídico que puede disentir del argumento que presenta el fiscal, logrando así supervisar y cuidar sus derechos.

Áreas de Oportunidad

Al preguntarles sobre los aspectos que consideran se podrían mejorar del sistema, los 3 abogados del Despacho Heredia Rubio, coincidieron en que dos de las grandes áreas en las que se tiene que trabajar es en unificar los criterios de actuación en las audiencias, reforzar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como la eficiencia en la gestión judicial.

Los participantes en los juicios buscamos reglas más claras y desarrolladas respecto a las pruebas en el juicio oral y también al descubrimiento probatorio. En otros países, como Estados Unidos, cuentan con reglamentos de procedimientos y evidencia, ya que actualmente las reglas relativas a técnicas de litigación son muy amplias y dan un margen de discrecionalidad peligroso a los juzgadores. Se podría profundizar a través de acuerdos, convenios o reglamentos que permitan el mejor desarrollo de las audiencias. La Ciudad de México es una de las entidades en donde ya opera esta modalidad. Sería importante, coinciden los litigantes, crear un reglamento estandarizado que se aplique en todas las entidades del país. Tenemos el caso, apunta Salvador Herrera, en donde algunos jueces  no permiten el ingreso de equipos electrónicos a las salas, desde teléfonos celulares hasta computadoras, ante el temor de que se graben las audiencias y se haga mal uso de esa información.

En otras entidades no hay ese problema, porque trabajan bajo el entendido que se trata de herramientas para consultar doctrinas, criterios, legislaciones; aunque existe el apercibimiento de no grabar debido a que la audiencia de cualquier forma está disponible para las partes con la videograbación del tribunal. Por otro lado, se requiere fortalecer a las unidades de mediación, ya que el uno de los pilares de este sistema es precisamente que los casos no lleguen a juicio sino que se resuelvan por medios alternativos. Para ello es necesario darles mayor intervención y más pronta para despresurizar el sistema, así como optimizar y dotar de recursos a las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS).

Las salidas alternas es otro de los aspectos que valdría mucho mejorar, pero sobre todo, difundir entre la sociedad para que entienda sus beneficios, sin que esto implique su abuso. La labor de los mediadores y conciliadores es un gran aporte, sin embargo, advierte Enrique Riquelme, es importante evitar que se conviertan en burócratas, es necesario que tengan un mayor compromiso con su trabajo, porque no siempre asumen un rol activo. Una muestra de la falla es que el procedimiento abreviado sigue siendo la salida más utilizada.

Es importante mejorar el sistema de gestión en el uso de salas de audiencias, pues se ha advertido que por cargas de trabajo muchas de las audiencias se suspenden de manera injustificada, y se señalan fechas de audiencias en los plazos máximos previstos por la ley, sin observar los principios de concentración y continuidad que son pilares del sano desarrollo del sistema acusatorio adversarial. Uno de los grandes cambios que trajo el sistema penal acusatorio fue en el ámbito de la gestión judicial con la creación de las Unidades de Gestión que transformaron la estructura jurisdiccional en beneficio de los justiciables ya que ahora se encargan de toda la carga administrativa, dejando al juez únicamente la labor de juzgar. Se debe adoptar una práctica general del uso de unidades de gestión judicial para hacer más eficiente el uso de salas de audiencias, pues se ha advertido que por cargas de trabajo muchas de las audiencias se suspenden de manera injustificada, y se señalan fechas de audiencias en los plazos máximos previstos por la ley, sin observar los principios de concentración y continuidad que son pilares del sano desarrollo del sistema acusatorio adversarial.

El nuevo sistema de justicia penal, concluye Rafael Heredia, se hizo para los ciudadanos, el equilibrio que hay entre todos los involucrados lo hace mucho mejor que el anterior. Ahora el representante social dejó de tener fe pública, porque la defensa tiene el mismo derecho a ser escuchado. Los sistemas de justicia mejoran a medida en que la verdad cobra peso y sin duda que el principio de oralidad abona a la verdad.