Artículo 102-A Constitucional

A partir de 1917, el Ministerio Público Federal está a cargo de la Procuraduría General de República (PGR) y como parte del Poder Ejecutivo de la Federación. Se encarga de hacer realidad el sistema dispositivo y acusatorio.

El artículo 21 de la Constitución Federal le otorga facultades de “investigación de los delitos, en su calidad de titular de la acción penal”. Tal manejo se hace por medio de las Procuradurías Generales de Justicia, lo mismo en el ámbito Federal como de las entidades de la república. A la PGR se le asentó desde el arranque de la Constitución de 1917, en el artículo 102 que forma parte del Poder Judicial de la Federación, aunque la base del Ministerio Público (MP), local y federal, se ubica en el artículo 21.

Con esta determinación, el Poder Ejecutivo se fortaleció en forma desmedida, puesto que al mp se otorgaron facultades casi omnímodas, incluso mediante una sorprendente e indebida participación de aquella Suprema Corte de Justicia de la Nación. Misma institución de justicia que emitió y sostuvo por décadas del siglo pasado, cuando menos un par de criterios que ahora nos parecen extravagantes e inhumanos. Además de ser violatorios del debido proceso legal. Uno de ellos, consistente en establecer que, “la primera declaración del acusado era la que valía y ninguna otra”. Se argumentaba que en una segunda oportunidad, el indiciado ya había tenido tiempo de cambiar su postura, “tal vez por malos consejos de sus defensores”.

El segundo, igualmente inhumano, consiste en que el Juicio de Amparo era improcedente contra el mp, lo mismo “cuando actuaba, cuando se abstenía, cuando se desistía, etcétera”. Como quien dice, era un órgano “desenfrenado” en materia jurídica. Pero, a partir del medio siglo pasado se dio principio un clamor general en reclamo de un representante social Autónomo; esto es, fuera del Poder Ejecutivo a todos los niveles.

Calificativos del Ministerio Público: a).- El sector social todavía lo tiene como “representante social” y b).- Para el pueblo, es “representante, sólo del propio gobierno”; esto es, “con “prescindencia social”. Por n, a partir del 2014-15, comienza a escucharse un Ministerio Público Autónomo. Y como parte del Sistema Nacional de Anticorrupción, se crea la Fiscalía General de la República, en la Sección A del artículo 102 de la Carta Federal, en donde señala: “El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”.

El precepto sigue apuntando que la designación el titular se hará mediante el envío de 10 o más prospectos por el Senado al Presidente de la República, para elaborar una terna. Uno de ellos será elegido a través de votación cali cada de 2 terceras par- tes de los individuos presentes y otras modalidades. Pero, el Fiscal General de la República, tiene una enorme debilidad, dado que de acuerdo a la fracción iv del propio artículo 102-A de la Carta Suprema, “el Ejecutivo Federal tiene facultades para removerlo” y el Senado, puede o no manifestarse por mayoría simple. Esto representa una verdadera limitación; incluso, un estado de subordinación; lo cual re- percute en las instituciones similares de las Entidades Federativas.

¡A última hora!.- Una vez pasada cierta turbulencia, se han presentado obstáculos para la designación del titular; intervienen legisladores, partidos políticos, empresarios; ello, sin faltar grupos especiales de ciudadanos, así como las poderosas ONGs. Se habla de proponer una nueva reforma constitucional para dar mayor participación a los distintos sectores del país y así dotar de la debida representación y autonomía a la institución. Se pronuncian por una fiscalía auténtica y que sean los ministros de la Suprema Corte, quienes designen al Fiscal General de la República.- Esto es, por 9 años.

 

Lic. José R. Padilla

Profesor de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM.

@JoseRPadilla50

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