Lic. Sandra Beltrán Pérez

Socia de G&B Firma Jurídica

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los párrafos noveno y décimo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional, toda vez que la autoridad administrativa (UIF) sustituye e invade la competencia de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de Justicia, al llevar por su cuenta investigaciones de orden criminal, que inician con lo que formal y materialmente implica una técnica de investigación o medida cautelar consistente en la supresión total e indefinida de servicios financieros (disposición de recursos existentes, depósitos, apertura de nuevas cuentas o cancelación de las existentes).

Aparejada a esta violación de derechos fundamentales de los usuarios del Sistema Financiero, se vulneraron también los principios de presunción de inocencia y de legalidad, pues la inclusión a “la lista” de personas bloqueadas supone la comisión fáctica o, al menos, acusación de la comisión, de una conducta delictiva; lo cual implica clasificar a una persona como culpable de un delito SIN SIQUIERA HABER ESTADO SUJETO A UNA INVESTIGACIÓN en la que la autoridad competente, una vez agotadas las etapas del procedimiento respectivo, así lo hubiese concluido.

Como consecuencia de esta determinación, los procedimientos a la fecha iniciados por la UIF carecen de base legal para su prosecución y ejecución; sin embargo, al tratarse sólo de una sentencia dictada en este sentido, los usuarios del sistema financiero que se sientan vulnerados con la aplicación de estas medidas deberán presentar el medio de defensa correspondiente, a fin de que queden a salvo sus derechos fundamentales.

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