En Foro Jurídico, queremos llevar a nuestros lectores a una revisión de la situación actual de la iniciativa de Gobierno Abierto en México, presentando una historia de su implementación y entrevistas con los principales actores, para que de viva voz puedan conocer los avances a la fecha y los retos a futuro, sobre todo ante la expectativa del próximo cambio de gobierno y la necesidad de que esta iniciativa perdure para la nueva administración.

Al hacer un análisis del tema lo que encontramos fue un desencuentro de voluntades, aunque cada una de las partes ha seguido, desde su trinchera, la implementación de algunos acuerdos, existen esfuerzos desarticulados en la construcción de este camino.

La historia del Gobierno Abierto en México

En el seno de la 70° Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo en el mes de septiembre de 2015, por 193 países miembros, fueron aprobados la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su documento Panorama de Ciudadano, se resaltó la necesidad de que los Estados hicieran un replanteamiento ético en sus administraciones, haciendo necesario el reestructurar la institucionalidad pública para que genere una nueva dinámica entre el Estado, mercado y sociedad.

Con este contexto, se trata de trazar una nueva ruta institucional que garantice, primero, el logro de los objetivos de la Agenda y los ODS; y segundo, tratar, como dice la CEPAL “de que se dé una nueva relación entre los actores públicos, bajo el entendimiento de que el Estado ya no posee el monopolio exclusivo para dar respuesta al complejo conjunto de las demandas ciudadanas y por ello, más que nunca, debe de sustentar el proceso de cambio apoyándose en las capacidades, inteligencia y recursos distribuidos en toda la sociedad”,  todo esto orientado también a la generación de una modernización, cambio cultural y la co-creación de un nuevo concepto de  valor público consensuado.

El Gobierno Abierto (GA), ante estos compromisos no es, como su nombre de lo dice, exclusivo del Estado, sino que se convierte en un empuje transversal que impacta en el gobierno, en la iniciativa privada y en la sociedad civil. Crea un sistema de prácticas, valores y cultura en donde se define que la institucionalidad de un Estado debe moverse en un ámbito de transparencia, que incluya los aspectos fiscales, acceso a la información, rendición de cuentas,  participación e innovación ciudadana apoyados por el uso de la tecnología. Para cumplirlo, los gobiernos están obligados a generar reformas en las que todos los actores deben cumplir su parte para lograr el cambio de cultura, generar confianza y crear un nuevo sistema activo que logre un modelo de gobernanza abierta y colaborativa.

La creación de la iniciativa en el ámbito mundial

En septiembre del 2011, durante el 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue lanzada a nivel mundial la iniciativa Open Government Partnership (OGP) o “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA), en una ceremonia encabezada por el Presiente Barack Obama y Dilma Rousseff. El objetivo fue que, de manera sostenida, los países se comprometieran a ser más transparentes, a rendir cuentas y a ser más proactivos ante las necesidades ciudadanas.

México, junto con Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Reino Unido y Sudáfrica fueron los países firmantes de inicio. A la fecha se han incorporado a esta iniciativa otros 75 países.

Para lograr el aterrizaje de estas iniciativas en cada una de las naciones firmantes es necesario diseñar Agendas y Planes de Acción, los cuales están conformados por una serie de compromisos puntuales. Son acciones y programas que desde el Poder Ejecutivo buscan superar los límites actuales de sus políticas y que promueven los principios de GA.

El primer plan de acción para instalar el Gobierno Abierto en México

En 2011 la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) iniciaron los trabajos para la creación del Primer Plan de Acción (PAO), el cual fue presentado en ese mismo año ante el seno de la OGP. A decir de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el plan constituyó solamente políticas transversales del gobierno, convirtiéndose en un ejercicio unilateral, por lo que se dio el primer desencuentro en el desarrollo del proyecto.

A raíz de esta situación, se crea en México el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con 3 integrantes, el Poder Ejecutivo, el Órgano Garante de Acceso a la Información y la sociedad civil, y queda conformado como el órgano de gobierno de AGA en México. El principio básico de funcionamiento fue que los representantes deberán contar con facultades para la toma de decisiones; se requiere la presencia de las 3 partes obligatoriamente, la toma de decisiones sería por consenso y sólo en caso extraordinario por mayoría.

Como resultado de este ejercicio, las OSC se constituyen en un Núcleo de Sociedad Civil para generar un grupo de trabajo cohesionado dentro de Alianza. Las organizaciones que hoy conforman este núcleo son: Articulo 19 y Centroamérica; CIDAC, Centro de Investigación para el Desarrollo A.C; Cultura Ecológica A.C.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; GESOC, Agencia para el Desarrollo A.C.; IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.; Social TIC, y; Transparencia Mexicana A.C.

A raíz de estos movimientos, ya en conjunto el gobierno y la sociedad civil trabajaron para la creación de un nuevo Plan de Acción Ampliado (PAA), el cual fue presentado el 31 de mayo del 2012. El plan estaba compuesto por 36 compromisos y agrupados en 5 grandes retos, que según el reporte, La Alianza para el Gobierno Abierto, una visión desde la sociedad civil, http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2015/10/alianzagobierno.pdf, se convirtió en una recolección de preocupaciones de cada una de las organizaciones sociales, pero sirvió para confirmar el proyecto de Gobierno Abierto en México.

El proyecto en ese momento enfrentó el proceso de la elección del 2012, así como el proceso del cambio de la administración pública, por lo que se detuvieron las actividades públicas y la implementación de algunas acciones, en espera de poder sentarse a la mesa con las nuevas autoridades encargadas.

El gobierno de Peña Nieto tomó directamente de la Presidencia de la República la coordinación de esta iniciativa a través de la recién creada Coordinación de Estrategia Digital Nacional, quien en conjunto con el Núcleo de la Sociedad Civil iniciaron los trabajos de familiarización con AGA y el diseño del segundo Plan de Acción 2013-2015 (PA 15).

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil en México hizo 5 solicitudes: 1) Refrendar el STT, 2) Llevar a cabo una consulta nacional para la elaboración del Plan de Acción 2013-2015, 3) Asegurar recursos financieros y humanos suficientes para la operación de la iniciativa, 4) Socializar la iniciativa y sus principios al interior de la APF con miras a su reconocimiento para mejorar su implementación, y 5) Tener un papel más activo y propositivo en el Comité Directivo de la AGA a nivel global. Además, se pidió que el impacto de la iniciativa se extendiera a los 3 niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), e incidir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

El segundo Plan de Acción 2013-2015 quedó conformado con 26 compromisos y fue presentado el 29 de enero de 2014 con un espectro temporal de cumplimiento de 2 años. Para su implementación se crearon 9 mesas de trabajo, bajo los siguientes principios: a) análisis en conjunto entre sociedad civil y gobierno; b) que fueran de carácter estratégico; c) orientadas a tener potencial impacto en la vida de las personas; d) que fuera un proyecto ambicioso, pero viable, y finalmente; e) que las acciones fueran medibles, atribuibles y realizables.

El 1 de octubre de 2014 México asumió el cargo de co-presidente y más tarde la Presidencia de la OGP en el seno de la ONU, lo que empujó la iniciativa de AGA dentro del país para operar los primeros pasos de la implementación.

A partir de ahí se ha logrado que ambas partes siguieran trabajando cada una en el ámbito y de manera coordinada, pero llegó un momento que las Organizaciones de la Sociedad Civil empezaron a denunciar que existía un “contexto que evidencia extensivamente un clima de opacidad e impunidad que es reflejo de formas de gobierno unilaterales y cerradas, alejada de los intereses de la ciudadanía”.

Esta situación se agravó a raíz de los hechos sucedidos, tanto en Tlataya, Estado de México en junio del 2014, como con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, en septiembre del mismo año, lo que generó una serie de quejas a nivel nacional e internacional por parte del Núcleo de la Sociedad Civil.

A estos hechos se sumó también la queja del colectivo sobre una serie de propuestas por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre la Ley de Transparencia 2015, que fueron consideradas regresivas en el seno de las expectativas de AGA.

El último desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil se da por el caso de espionaje dirigido a defensores de los derechos humanos, por lo que, en mayo de este año, diez organizaciones abandonaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT) y el AGA, denunciando que el gobierno no actuó de manera efectiva ante este caso de espionaje.

En el reporte La Alianza para el Gobierno Abierto: una visión desde la sociedad civil, en el primer reporte de cumplimiento del primer plan de acción de AGA, se da cuenta de algunos impactos positivos: a) El avance progresivo de políticas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas y las acciones emprendidas; B) La gestión de los actores gubernamentales orientada a resultados con valor para las personas y, C) La discusión pública sobre la naturaleza, el alcance y las causas de los problemas públicos, así como de las prioridades de la agenda gubernamental.

Por su parte el Gobierno de la República ha avanzado en la creación de la ventanilla única a través del portal www.gob.mx