Roberto Hernández Ruiz

El World Justice Project (wjp) o Proyecto Mundial de Justicia, lleva a cabo uno de los esfuerzos de investigación más completos para hacer una medición mundial del Estado de Derecho para lo cual han establecido 8 factores que son medidos en 113 países y los resultados son publicados en el Índice del Estado de Derecho (ied). Recientemente, abrieron una oficina de representación en México encabezada por Roberto Hernández Ruiz quien estará trabajando en hacer alianzas para poder medir cada vez con más precisión estos factores en nuestro así como difundir los resultados del ied que sirvan como parámetro para hacer mejoras en los sistemas de justicia.

El wjp actualmente está trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística Aplicada (inegi) y organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa para realizar encuestas y establecer las metodologías de medición en México.

Para profundizar en estos temas, Foro Jurídico entrevistó en exclusiva, en el Foro Mundial de Justicia llevado a cabo en el mes de julio en La Haya, Países Bajos, a Roberto Hernández para platicar sobre cuáles son los objetivos, las pretensiones y el impacto de los resultados que se obtendrán en México ya que éstos, como comentó el director del documental de Presunto Culpable, serán de gran apoyo para conocer las deficiencias del sistema de justicia y llevar a cabo las políticas públicas necesarias para su mejoramiento.

En los resultados que arroja el ied del 2016, de los 8 factores medidos en México sobre el Estado de Derecho el que obtuvo menos calificación fue la Justicia Penal, quedando en lugar 108 de 113 países. Por eso, que es uno de los primeros rubros en los que se estará enfocando el wjp en México. Al respecto, Roberto Hernández comenta que en todo proceso de reforma se deben de establecer indicadores para medir con eficiencia y objetividad los avances y retrocesos. No se puede evaluar la implementación de una reforma o de un sistema de justicia si no se tiene claridad en los indicadores.

Para lograrlo, es necesario realizar un estudio en donde se incluya a todos los operadores así como a los usuarios de la justicia. Esto es, desde las policías, ministerios públicos, jueces, militares, los condenados y los ciudadanos, lo que sin duda dará un margen más amplio para llevar a cabo los ajustes necesarios. Por otro lado, brinda un diagnóstico del nuevo sistema de justicia penal mexicano en donde se estará detectando con precisión las fallas y cuáles son atribuibles también a la transición que se vive en su aplicación. Reproducimos para nuestros lectores la parte sustancial de esta entrevista.

¿Qué es el World Justice Proyect?

Es una organización internacional en donde nos dedicamos a medir el Estado de Derecho en todo el mundo con entrevistas y encuestas a personas en varios países, que son usuarios de los sistemas de justicia y además son afectadas por las leyes. Estos resultados son publicados en el Índice del Estado de Derecho. El objetivo de estos estudios es dotar de información original e imparcial a los tomadores de decisiones y al público, con el fin aumentar el entendimiento y la apreciación por el Estado de Derecho, así como informar y alentar políticas públicas responsables y transparentes que lo fortalezcan. Para lograrlo, entrevistamos cada 2 años alrededor de 115 mil personas en las 3 principales ciudades de cada país, así como a una gran cantidad de abogados.

¿Cómo se llevarán a cabo estas mediciones en México?

En el wjp estamos realizando un proyecto especial para medir el Estado de Derecho en México, en cada una de las 32 entidades, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Aunque usaremos el mismo marco conceptual que el Índice Global, este proyecto será el primer índice subnacional producido por el wjp, lo cual permitirá hacer comparativos entre distintas regiones en México. Se incluirán temas sobre percepción de corrupción, percepción de seguridad, acceso a la justicia, y experiencias con las autoridades. El wjp también encuestará a expertos sobre el desempeño de cada estado en los rubros antes mencionados.

Éste índice nos permitirá saber, por ejemplo, cómo le fue a Aguascalientes en justicia civil, a Campeche en justicia criminal, cómo fue la calidad de los encuentros con la policía en Yucatán, qué tal funcionan las cárceles en Nuevo León, cómo funciona el sistema de justicia alternativa en Baja California. En fin, mediremos en varias dimensiones el funcionamiento y experiencia con la ley por parte de ciudadanos, usuarios y profesionales del derecho.

Por eso, es importante su apoyo para que contesten nuestras encuestas y consulten los resultados una vez publicados. Para construir este Índice sobre el Derecho en México, durante 4 años se pretende entrevistar a 25 mil ciudadanos anualmente, así como a 6 mil abogados, quienes recibirán un mail con un vínculo en donde les pedimos nos contesten preguntas acerca de su práctica profesional, de sus experiencias con la ley en distintos aspectos; con el sistema penal, civil, y otras áreas de la práctica del derecho. Por un lado estaremos haciendo estas encuestas pero también haciendo alianzas con organismos y organizaciones de la sociedad civil para el levantamiento de información.

Hace algunos años me tocó, junto con un gran equipo, preparar el documental Presunto Culpable, una de las motivaciones para hacerlo fue una suerte de reacción de cómo aprendí Derecho en las diferentes escuelas a las que asistí. Ahí encontré que la ley se aprendía memorizándola. Se nos hacía leer códigos, literalmente del artículo 1 al 2 mil; saber cuáles eran los contenidos, aprenderlas de memoria. Me parece un método absurdo, pero lo que más me cuestionaba sobre enseñar derecho de esa forma, es que yo no sabía si las leyes se cumplían, si lo que indicaba la Constitución era la realidad, si lo que decía el Código Penal se aplicaba, si lo establecido en el Código Civil funcionaba o cómo era experimentada esta realidad por los ciudadanos del sistema.

Uno de los problemas colaterales de este método de enseñanza es que no teníamos acceso a la realidad, un contacto de cómo era sentido el Derecho por las personas que lo usan.

Esa fue una de las motivaciones de buscar una historia como la de Antonio Zúñiga y hacer Presunto Culpable y es también la motivación que inspira la creación del ied. No solamente conocer las leyes sino tener una medición certera de su aplicación y de cómo se viven en la cotidianidad del país.

¿Qué sucederá con los resultados?

Los resultados del ied se harán públicos a través del portal del wjp. El objetivo es tener una radiografía del sistema de justicia mexicano, porque siempre hablamos de la ley, pero pocas veces nos preguntamos si es posible cuantificar su cumplimiento. Así, podremos generar debates sobre cómo reformar las leyes, cómo hacer política pública, en dónde enfocar los esfuerzos, en dónde vamos bien y en donde podríamos mejorar. Es como tener un termómetro de cómo funciona nuestro Estado de Derecho así como una conversación más sofisticada y nítida acerca de qué es lo que sucede con la ley en nuestro país. Saber cuántas veces los ciu dadanos acuden a un tribunal a resolver un conflicto, conocer cómo es el contacto con la policía, qué tan rápido acude cuando se le solicita, conocer la experiencia con el recién implementado número de emergencia 911, así como las experiencias de corrupción y en dónde está concentrada, son algunos de las respuestas que esperamos conocer y concentrar.

El rubro de la justicia criminal es el que calificó más bajo en México en el IED. ¿Cómo medir el sistema de justicia penal para saber si está avanzando su implementación?

Algunos de los indicadores que se deben de tomar en cuente para la medición del sistema de justicia penal son los siguientes:

Corrupción: Los indicadores básicos de la eficiencia de un sistema de justicia tienen que ver, en el caso de México principalmente, con la corrupción ya que la justicia está en venta y en la cárcel no está precisamente quien cometió un delito, sino quien no pudo pagar un abogado o una defensa eficaz.

Eficiencia y calidad en el Poder Judicial: Se debe de medir que los Juicios claros y con jueces presentes. saber si los jueces están en las audiencias, si sus sentencias se entienden o si hay congruencia entre la evidencia ofrecida y la sentencia entre otros.

Ministerio Público: En cuanto a los mp, los tipos de indicadores tienen que ver con la calidad de las evidencias, si se siguen procedimientos para obtenerlas, y me refiero a no cualquier clase de evidencia, sino enfocarlos en la evidencia más utilizada. En México la más usada es por testigos oculares, pero el Código Nacional de Procedimiento Penales, tiene una serie de requisitos muy específicos, una fila de identificación secuencial; con un registro fidedigno de esa fila de identificación. Se requiere calidad de la evidencia para el mp.

Procedimientos policiales estandarizados y autonomía de la policía: En el caso de las policías se debe de saber qué pruebas son más utilizadas y que estén bien reguladas, como por ejemplo, cómo se debe conducir un interrogatorio policial o una fila de identificación por testigo ocular. Asimismo, saber el acceso que tienen ciudadanos al servicio de policía para que puedan denunciar delitos y policía los pueda investigar.

En este rubro de la policía también se deben poner indicadores sobre la tortura sistemática, ya que es un problema evidenciado por organizaciones internacionales. Se deben medir las experiencias de tortura en la población penitenciaria y saber si sigue siendo un método prevaleciente. Debemos celebrar cada vez que veamos que se mitiga, reduce o se elimina. Actualmente estamos trabajando junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) para atraer toda esta información de los estados de la república mexicana mediante encuestas realizadas en colaboración. Empezamos con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad cuyos resultados preliminares se hicieron públicos el 31 de julio y vamos a ver en ellos experiencias en justicia penal. Es información sumamente valiosa, única en la historia en nuestro país; es un ejercicio que espero se repita en años siguientes y a partir de ahí realizar ajustes de cómo se han medido y se mide todavía la justicia penal. Es la culminación del esfuerzo de muchos colegas quienes han acompañado al cide –pionero en la aplicación de estas encuestas en prisiones– a lo largo de estos años, así como de organizaciones como México Evalúa, wjp y de personas en otras instituciones en el ámbito nacional.

¿Por qué trabajar en las prisiones?

Si uno va a la calle para hablar con los ciudadanos, a lo mejor muy pocos o muchos han tenido un contacto con la policía, algunos o varios quizá no han sido arrestados, no han estado dentro de un Ministerio Público (mp) o han estado dentro de un juzgado. Cuando uno va a una prisión, las personas que están en esa cárcel han tenido el contacto con la policía, ya que al ser arrestados han pasado por un mp o tenido contacto con un fiscal. Es decir, con el sistema judicial, con los jueces que ordenaron por ejemplo, una orden de aprehensión, que los vincularon a proceso o fueron sometidos a prisión preventiva; eso implica información muy valiosa necesaria de captar y sólo mediante una encuesta a presos o personas detenidas puede obtenerse. Por eso apoyamos al inegi, junto con otras instituciones, en el diseño de un instrumento de medición, de encuesta, que ayudara a recabar con precisión las experiencias de las personas detenidas por el sistema de justicia penal.

Con esta encuesta tendremos una base de datos muy valiosa con la cual veremos si nuestro nuevo sistema de justicia penal funciona. La muestra que inegi desplegó es de 63 mil personas detenidas en todos los centros penitenciarios del país. Con una muestra de ese tamaño, conoceremos cómo fueron sus experiencias antes de las reformas del sistema de justicia penal y cuáles una vez que entró en vigor. Algunos de los datos que arrojará el estudio, es que tenemos un sistema de justicia penal más rápido, eficiente, sensible a la inocencia de la persona acusadas, que tiende a usar más evidencia física que el sistema antiguo, en donde los jueces estarán y ya están presentes, en los juicios con mayor frecuencia que lo que reportaban antes las personas detenidas. Habrá un entendimiento mayor del proceso judicial porque los juicios orales son más transparentes desde el punto de vista narrativo. Estamos en una transición. México necesita una serie de reformas para ajustar el sistema judicial y el de procuración de justicia a fin de mejorar la justicia en esas etapas dentro de un proceso penal.

En estos momentos se oye una voz bastante crítica por parte de algunos políticos, lideres de tribunales, gobernadores, quienes culpan al nuevo sistema penal de una serie de fallas que en realidad siempre han estado ahí, tanto en el sistema anterior como en el nuevo. En donde se libera a personas acusadas de manera poco razonable; asimismo, se le responsabiliza del nivel de criminalidad prevaleciente. Estas son discusiones que hay que tener con datos en la mano y la encuesta de inegi con wjp permitirá tener un intercambio de ideas con cifras, con datos reales y no en teorías o construcciones imaginarias de qué es lo que sucede realmente.

¿Cuáles son las debilidades del Sistema de Justicia Penal Acusatorio?

Yo creo que el problema de las personas acusadas sólo es una parte de la ecuación, vale la pena hablar con las víctimas de delito en su experiencia de denuncia. El inegi ya tiene una muestra significativa de victimización; creo que todos estos instrumentos de medición, el de presos y el de víctimas, deben ser revisados para entender en dónde es necesario ajustar los temas de política pública. Además, considero necesario hablar y encuestar a los policías, a los agentes del mp, al Ejército, a la Marina, es decir, a todo el personal de seguridad de nuestro país; sabemos que México tiene uno de los sistemas de justicia más ineficaces del mundo.

Hay una inversión sustancial en reformar estos sistemas y cambiarlos, pero todavía propician una gran cantidad de impunidad en donde pesa una queja de corrupción sistemática. Se puede eludir la prisión a través de una mordida, fabricar evidencias o acusaciones mediante un pago ilegal; todavía es la norma en muchos de los lugares en donde levantamos datos o cuando hacemos visitas para entender la dinámica de la opera ción del sistema. La reforma judicial en México es un gran paso, un gran avance pero necesita ajustes, enfocar sus baterías en instalar un sistema anticorrupción dentro de las policías, de los mp y cuidar la forma en la que se gurda la evidencia ya que no tenemos la infraestructura para recolectarla y almacenarla adecuadamente. Como el sistema anterior no estaba diseñado para operar sobre la primicia de que la evidencia física es lo que ayuda a tener una sentencia condenatoria y a demostrar la culpabilidad de alguien, la infraestructura no estaba ni está diseñada hoy, para almacenarla.

Otra debilidad es que no tenemos un sistema civil de carrera para agentes del mp y policías que funcione de manera adecuada. Por ejemplo, los controles de confianza son una política pública acertada y equivocada al mismo tiempo; acertadas porque nos permiten conocer lo que saben nuestros policías y si podemos confiar en ellos, pero se aplica de manera errática. Esos controles de confianza a veces son implementados por mandos altos y medios corruptos. Entonces no hay independencia en la aplicación de estos métodos y son utilizados, a veces, para despedir al personal que no quiere someterse a las reglas de corrupción del sistema policial imperante.

¿Dónde queda la policía en el Sistema Penal Acusatorio?

Todavía hay, en general, una policía que opera mediante un sistema de extracción de rentas, en lugar de estar orientada a servir al ciudadano, busca beneficiar a algunos cuantos que administran ilegalmente estas instituciones y que con ello, fondean un sin fin de actividades que no tiene nada que ver con la misión de servir, proteger investigar y hacer justicia; que es su verdadera labor. La policía debe de contribuir a investigar delitos, a entender cómo ocurrieron los hechos delictivos y a prestar un servicio al ciudadano en caso de una emergencia. Deben ser agentes del Estado de Derecho de primer nivel, de primer contacto. Hoy no lo hacen por lo que se vuelven parte del problema y no de la solución.

Para entender esta situación se requiere hablar con ellos, sin juicios, sin una mirada condenatoria. En un escenario de entendimiento para coordinar políticas publicas que nos ayuden a entender la situación que tenemos. Somos parte de un sistema que opera a partir de la corrupción, instalada por diseño; no creo que sea cultural. Es necesario cambiar las reglas, no a las personas a quienes lo operan. Si pones un policía mexicano en Inglaterra o en Holanda, cambia su comportamiento drásticamente, no jugaría con las reglas de corrupción que hay en México.

Debemos contar con una policía a la cual el ciudada no pueda acudir pero en México no ocurre así, sólo puede recibir la denuncia, porque no está legalmente facultada para investigar un delito más que cuando cuente con el mando y conducción del mp. Por lo que al carecer de autonomía para investigar lo único que puede hacer es acudir al lugar y atender al ciudadano para llevarlo con el mp. Esto es absurdo porque la policía es más numerosa que los fiscales y estamos dedicando los recursos de los fiscales, que son personal más sofisticado y caro, para atender denuncias que a veces no tienen ni posibilidad de prosperar en el sistema penal. Eso distrae a los fiscales de la tarea de procurar justicia y priva de autonomía a la policía para investigar hechos que constituyan delitos. Hay que crear una reforma policial que nos brinde un servicio más autónomo del mp y cuente con la infraestructura para conducir sus investigaciones.

Hablar con datos nos ayudará a entender cómo hay que reestructurar ese sistema para bien. Hay que hablar con policías, desafortunadamente, este aspecto, no hemos tenido una colaboración con el inegi todavía, sabemos que diseña una encuesta sobre la materia, pero no hemos sido invitados a contribuir, como fue en el caso de personas detenidas.

Con eso, México podría contar con un mejor sistema de justicia penal ya que hoy refleja impunidad y es uno de los más corruptos del mundo. Se han hecho esfuerzos importantes de reforma pero definitivamente no son suficientes a la luz de la evidencia empírica que hay. Es uno de los sistemas más ineficientes y paradójicamente uno con la mayor inversión en los esfuerzos de reformarlo en los últimos años. Creo que los cambios que se han hecho son valiosos y merecen ser evaluados y no tirados por la borda y completados con esfuerzos que vengan a suplir lo que falló en esta primera ronda del ejercicio.

Compártenos tus comentarios