Tomando en consideración los grandes lazos históricos y semejanzas que nos unen con la República y el pueblo de Colombia y porque el asunto que a continuación se relata puede tener un efecto preventivo en nuestro país, por los acontecimientos políticos, jurídicos y sociales que estamos viviendo, me permito poner a consideración de nuestros lectores esta reseña del caso conocido como El Cartel de la Toga.

Dr. Elías Huerta Psihas

El caso de El Cartel de la Toga representa el fenómeno de corrupción política-judicial, más impactante que ha sucedido en Colombia. Surgió a raíz de la denuncia que el exgobernador de la Provincia de Córdoba, Alejandro Lyons –prófugo de  la justicia–, hizo ante autoridades de la DEA en Miami, Florida, revelando una vasta red de corrupción entre miembros de la Corte Suprema de Justicia de ese país, encabezada por el entonces poderoso Fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno Silva, quien obtenía fuertes sumas de dinero, coludido con altos funcionarios judiciales a cambio de demorar o desviar procesos en contra de políticos, a quienes sobornaba a través del abogado litigante Leonardo Pinilla.

El asunto salió a la luz pública en junio de 2017 y es considerado el caso más ejemplar de disfuncionalidad judicial del Estado Colombiano. Provocó la captura de más de 50 funcionarios –varios de los cuales podrían enfrentar procesos en los Estados Unidos–, en tanto continúan las investigaciones contra algunos de los más altos funcionarios del sistema judicial del país sudamericano.

 

Alejandro Lyons Destapa ante la DEA el Escándalo

 

El caso se destapó cuando al ser acusado ante la Fiscalía General de la Nación por actos de corrupción de 10 000 millones de pesos (3 millones 300 mil dólares), el exgobernador de Córdoba huyó a la ciudad de Miami, desde donde se puso en contacto con Leonardo Pinilla, quien le propuso resolver su asunto mediante un soborno que debía entregar a su amigo, el Fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno. Así, los tres acordaron una reunión en Miami para pactar personalmente los términos del soborno.

Aprovechando un encuentro que programó para exponer el tema de la lucha contra la corrupción en Colombia ante funcionarios del Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos, Gustavo Moreno viajó a Miami acompañado del abogado Pinilla. El 15 de junio de 2017 se reunió con el prófugo exgobernador Alejandro Lyons, quien para esas fechas ya se había convertido en informante (testigo protegido) de la DEA, Lyons fue preparado por agentes federales de inteligencia norteamericanos con sofisticados micrófonos, en una operación autorizada por una Corte del Distrito Sur de Florida, ante la que se había presentado previamente una denuncia.

En este primer encuentro en el interior de un automóvil, el Fiscal Anticorrupción Moreno pactó los términos de la operación ilegal, pidiéndole al exgobernador un anticipo de 100 millones de pesos colombianos (aproximadamente 34 mil 500 dólares) por las copias de las declaraciones de las personas que habían testificado en su contra, así como un segundo pago por 500 millones de pesos (170 mil dólares) para retardar sus procesos en la Fiscalía.

Le explicó también las acciones que realizaría para lograr su absolución en los cerca de 20 procesos instaurados en su contra. Le aseguró contar, para ello, con el apoyo de funcionarios judiciales del más alto nivel, como los expresidentes de la Corte Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, Para afirmar la confianza de Lyon, Moreno explicó que ya habían resuelto casos judiciales similares de varios senadores como Hernán Andrade y Musa Besayle.

Al día siguiente del encuentro, en un baño de un centro comercial Lyons le entregó un anticipo del soborno de 10 mil dólares en un sobre, con billetes marcados y fotografiados previamente. Todo quedó grabado, el plan preparado y controlado por los agentes de la DEA había funcionado.

 

Detención del Fiscal Gustavo Moreno

 

Con base en todas estas declaraciones, el adelanto del soborno pagado en los Estados Unidos con los billetes marcados y las actuaciones judiciales que ya existían en la Corte de Florida, se solicitó la intervención del Gobierno de Colombia y de la Fiscalía General de la Nación. A su regreso a Bogotá, el Fiscal Gustavo Moreno y el abogado Pinilla, fueron detenidos ese mismo mes de junio en el Aeropuerto Internacional El Dorado, acusados de varios cargos, entre otros, el de concusión y de formar parte de una red criminal que cometió actos de corrupción y contra la recta administración de justicia, red de la que formaban parte el propio Fiscal Anticorrupción y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia que desviaron investigaciones y absolvieron de las acusaciones a varios servidores públicos, incluidos senadores y gobernadores. Tras la detención de Gustavo Moreno, de inmediato el gobierno de los Estados Unidos solicitó su extradición para ser presentado ante la justicia norteamericana una vez que cumplida su condena en Colombia.

Tras su detención, considerando la contundencia de las pruebas y el haber involucrado a su esposa Carolina Rico Rodríguez, quien recibió parte de los 10 mil dólares marcados por la DEA que fueron gastados en una lujosa joyería de Miami, Luis Gustavo Moreno decidió colaborar con la Fiscalía General y con la Corte Suprema, abriendo toda la información relativa a esta red de corrupción judicial conocida como El Cartel de la Toga, entregando la lista de los jueces involucrados y de los políticos y congresistas que habían pagado por los servicios de la red criminal. Gustavo Moreno declaróo en primer término contra el senador Musa Besaile y su mentor, el magistrado expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte.

De acuerdo con la información proporcionada por Moreno, por las autoridades de la DEA y las subsecuentes  investigaciones de la Fiscalía –aún en curso–, en esta red criminal del Cártel de la Toga estarían implicados al menos 20 casos pendientes de resolverse en la Corte Suprema, con ganancias millonarias en dólares. Los funcionarios judiciales implicados utilizaron información privilegiada y manipularon a testigos para cambiar declaraciones que beneficiaron a sus “clientes”, asimismo, entregaron información viciada a los medios de comunicación para restar credibilidad a testigos o alterar evidencias.

 

Más de 50 Funcionarios Involucrados

A la fecha, más de 50 funcionarios judiciales, exgobernadores, congresistas y algunos familiares de magistrados han sido involucrados en este escándalo; además del exFiscal Luis Gustavo Moreno, y su amigo, el abogado Leonardo Pinilla Gómez, un buen número de los responsables ha sido detenido.  Las detenciones que más han llamado la atención son las del senador Musa Besayle Fayad y la del expresidente de la Corte Ricardo Ricaute. Según informó la Fiscalía General, una de las declaraciones que delataron a los expresidentes de la Corte fue la del congresista Musa Besaile, quien admitió haber hecho pagos millonarios a los integrantes de El Cártel de la Toga.

En cuanto al magistrado Ricardo Ricaute, el 20 de septiembre de 2017, en una audiencia pública, luego de dar a conocer la pruebas en su contra, la Fiscalía General lo detuvo dentro de su “bunker” y lo envió a prisión, ante la sorpresa de la opinión pública y de sus seguidores políticos, ya que pretendía ser candidato presidencial por el Partido Conservador. En esa misma audiencia también se colocó en el banquillo de los acusados a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos y Gustavo Malo, cuyo proceso ante una Sección Instructora se encuentra pendiente debido a que gozan de fuero, en caso de que se les retire el fuero, serán también juzgados por estar implicados en El Cartel de la Toga, el cual, según la Fiscalía, funcionó entre 2013 y 2017.

Asegura la Fiscalía que la casa de Ricaurte fue el centro de operaciones para hacer negocios y recibir cantidades de dinero producto de los sobornos para frenar procesos y evitar condenas a políticos, gobernadores y alcaldes. Incluso se comenta que algunos negocios se cerraron en el Hotel Marriott de Miami, ésta es una de las razones por las que el gobierno de los Estados Unidos pide la extradición de Moreno y de Ricaurte.

De acuerdo con algunos analistas, el impacto que ha causado el escándalo del Cartel de la Toga ha superado al otro gran escándalo de corrupción protagonizado por la multinacional brasileña Odebrecht, que ha llevado a prisión a políticos de varios países de América Latina, incluidos expresidentes. Paradójicamente, en Colombia el caso Odebrecht fue investigado por el exFiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno Silva, considerado entonces como un funcionario ejemplar. La gran duda que surge con este caso de corrupción político-judicial es si la sociedad colombiana está preparada para librar la batalla contra este “cáncer” que llegó a la columna vertebral de la justicia.

En otro contexto, pero igualmente en medio de una grave crisis de justicia, inseguridad, corrupción e impunidad, esta pregunta la podríamos dirigir a los cinco candidatos a la Presidencia de la República en México.

 

Fuentes consultadas: Notimex, Radio Caracol, El Espectador y El Tiempo.

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