Los sismos del pasado mes de septiembre no sólo cimbraron a México, sino a la estructura política nacional. La necesidad de contar con recursos para ayudar a los damnificados y para emprender la reconstrucción, hizo voltear nuevamente hacia el costoso aparato electoral mexicano -uno de los más caros del mundo-, centrándose los reclamos sociales hacia este sector básicamente en 2 puntos: el elevado financiamiento público de los partidos políticos y el excesivo costo de la sobre representación de legisladores plurinominales.

En medio del dolor y la tragedia -contrastando con la solidaridad mostrada por la sociedad civil-, en un afán de colocarse del mejor modo posible en la contienda electoral en curso, los partidos políticos “sacaron el cobre” y de inmediato ofrecieron ayuda económica con la promesa de ceder parte de los millones a que tienen derecho del financiamiento público, que les entrega la SHCP a través del INE, y en una grotesca discusión de “quién da más”, afirmaron estar dispuestos a sacrificar los recursos que obtienen para su manutención y conformarse con financiamiento privado, con el que se corre el riesgo de que sea provisto por los grandes empresarios o por el narco, con afán de dominar a los partidos o a los candidatos, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

En la misma dirección, en voz de su Presidente Enrique Ochoa Reza el PRI propuso eliminar del sistema político mexicano a los legisladores plurinominales (62 senadores, 200 diputados federales así como una gran cantidad de diputados locales), y canalizar el presupuesto que implica su existencia a la reconstrucción. Inclusive, presentó una iniciativa de reforma constitucional en el Congreso de la Unión acompañado de sus líderes en el Senado y en Cámara de Diputados.

Esta es sin duda una oportunista y demagógica propuesta del PRI, ya que, además de ser improcedente, constitucional y legalmente, ataca directamente uno de los principios en los que se sustentan las democracias contemporáneas, como es la Representación Proporcional, que permite la presencia de las minorías en los parlamentos. En efecto, la propuesta esconde que es tarde para esta modificación, por ser contraria al propio texto de la Carta Magna que establece la prohibición expresa de realizar cualquier reforma electoral 3 meses antes de que inicie el proceso electoral (el actual inició el 8 de septiembre).

Lo demagógico de la propuesta del PRI es evidente porque todos los dirigentes partidistas -y las autoridades electorales-, saben que una vez iniciado el proceso electoral, no es posible modificar las normas aplicables, como lo reconoció el propio Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova y una gran cantidad de actores políticos (jueces, académicos y especialistas), entre otros la Magistrada Presidenta del trife Janine Otálora, el Rector de la unam Enrique Graue y el constitucionalista Diego Valadés. Además de la imposibilidad jurídica que existe de recortar “pluris”, tampoco es viable que los diputados federales puedan incumplir el artículo 41 Constitucional en cuanto a la obligación de aprobar los recursos para el financiamiento público ordinario de los partidos. Es decir, que no pueden ni eliminar, ni reducir con un simple convenio lo que mandata la Ley Suprema, que si bien es modificable, no podría ser ahora, sino para la subsecuente elección federal del 2024.

La cierto es que estos ofrecimientos son sólo poses tratando de ganar simpatías, y con ello votos, ya que los partidos políticos no están dispuestos a ceder ni un gramo del pastel presupuestal que se les otorga anualmente, a costa de los contribuyentes. Menos aún ahora, frente a la elección del 2018, la más grande, compleja y competida de nuestra historia. Además de engañosa, la propuesta del pri es regresiva, al pretender retroceder o eliminar avances democráticos alcanzados a lo largo de varias décadas, que han logrando la representación política de las minorías, antes menospreciadas y anuladas, que han ido conformando un sano pluripartidismo, una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y elecciones más competidas en todos los niveles.

¿Será que la dirigencia del PRI pretende aprovechar la confusión, la desgracia y el dolor eliminando a los plurinominales con una salto hacia el pasado, hacia el partido hegemónico y a las elecciones presidenciales con un único candidato?

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