Los derechos Humanos de las personas con discapacidad frecuentemente son vulnerados. Es necesario la construcción de políticas públicas y la revisión de normas jurídicas actuales que eliminen las barreras existentes.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre desde 1992, resulta relevante poner a la luz si realmente están garantizados sus derechos humanos. La celebración de este día tiene por objeto extender el conocimiento de los problemas que existen actualmente con la discapacidad y con fomentar la generación de estrategias para promover la dignidad, los derechos y el bienestar de las Personas con Discapacidad (PcD) en México, también se busca ampliar la conciencia sobre las ventajas que conlleva integrarlas en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo hay más de mil millones de personas con alguna discapacidad, es decir, el 15% de la población mundial.

En este contexto es importante que la sociedad entienda que la discapacidad es un concepto que evoluciona por la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras que existen por la actitud y el entorno, lo que evita que las PcD tengan una participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En este sentido es de vital importancia el conocer el significado de las palabras y utilizar el lenguaje de manera correcta, ya que esta simple acción dignifica tanto al emisor como al receptor del mensaje que se transmite, ubicando a ambos al mismo nivel.

Como una acción definitiva para incluir a este sector de la población, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos (DH), así como libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente. México como Estado Parte, está comprometido a proteger sus derechos, pues debido a las barreras como la falta de servicios, acceso a la información, transporte, trabajo, justicia, salud o educación constantemente son vulneradas.

Estos obstáculos cotidianos sumados a la discriminación social y la falta de legislación adecuada, crea la necesidad de eliminar o reducir al mínimo las limitaciones, que los ponen en inminente riesgo de exclusión social con el fin de poder garantizarles los DH más fundamentales.  Una vez eliminados dichos obstáculos, las Personas con Discapacidad (PcD) participarán de manera más visible, activa y productiva en la vida social y económica de sus comunidades, ya que no puede haber desarrollo con exclusiones. Por tanto, es preciso actuar de manera continua, permanente y bajo el lema que han adoptado las PcD, “Nada de nosotros sin Nosotros”.  Para estar en posibilidad de conseguirlo se necesita no solo incluirlos, sino involucrarlos y hacerlos partícipes en todos los procesos de decisiones, así como crear oportunidades reales para potenciar habilidades y generar los ajustes razonables a fin de que sean agentes de cambio.

El Artículo 9 de la Convención señala que para que las PcD puedan vivir de forma independiente, los Estados deben garantizar el acceso a todos los lugares: edificios, escuelas, hospitales, viviendas y deben tomar las medidas necesarias para darles pleno acceso a las actividades cotidianas y eliminar todos los obstáculos para su inclusión. En relación con el acceso a la justicia, es un derecho fundamental que debe ser garantizado en una sociedad democrática e igualitaria, es un principio básico del estado de derecho. Sin éste, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos o hacer frente a la discriminación.

La Convención en el Artículo 13 señala, “los Estados Partes asegurarán que las PcD tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes a los procedimientos, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.  Por tanto, a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.”

Asimismo, la Convención Interamericana señala que para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, es necesario el compromiso de los Estados para asegurar que las personas encargadas de aplicar la legislación referente a discapacidad, estén capacitados para hacerlo.

A partir de la reforma constitucional de 2011, las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los DH reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que México es Parte.

En este sentido, existen importantes avances en el país, entre los que no puedo omitir mencionar los que se han realizado, como pionera, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en dónde se han implementado distintas acciones de inclusión, como la modificación y adecuación de sus instalaciones, el rediseño de su portal de internet para generar una mejor accesibilidad a todos los usuarios y un programa piloto para la contratación de PcD. También mediante su Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, se pone a disposición, información orientadora, que sirve de referente, para que toda persona tenga conocimiento de sus derechos.

Por su parte y con esta visión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha realizado su labor como un tribunal abierto, dirigido a lograr la igualdad sustantiva como una institución que garantice los derechos de todas las minorías más vulneradas, por lo que se han emitido criterios jurisprudenciales a favor de los derechos de las mujeres, las PcD y comunidades indígenas.

Además el TEPJF cuenta con un Protocolo para las Defensoras y los Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Se actualizó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, y se implementó en todas las sesiones públicas y eventos del Tribunal Electoral, la intervención de un intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y se implementó un programa de accesibilidad.

En armonía con lo anterior, en el ámbito electoral se desarrolla el Protocolo de actuación para el ejercicio de los derechos político electorales de las personas con discapacidad, en cumplimiento al compromiso que tenemos los operadores del derecho de fomentar y facilitar mediante acciones el acceso de todas las personas a todos los derechos.

A estos esfuerzos se suman distintas acciones encaminadas a dar respuesta a las necesidades de las PcD, las cuales requieren de una accesibilidad diferenciada, que les permita un proceso de interacción más visible e incluyente, el actuar de los órganos jurisdiccionales puede abrir caminos que protejan sus derechos. En este contexto se crea el Manual del Intérprete Judicial en México.

El valor de los intérpretes para las PcD

Esta iniciativa surge de la necesidad de que las PcD, de manera específica las personas con discapacidad auditiva, cuenten con medidas de nivelación en los procesos de carácter judicial. Es el primer paso para empezar a escalar la pendiente, es el parteaguas de una serie de acciones que como impartidores de justicia comprometidos con el ejercicio de nuestra labor, debemos emprender para cumplir con los compromisos que adquirimos cuando aceptamos nuestro cargo.

Es nuestra responsabilidad abonarle a nuestro sistema judicial los elementos que necesita para fortalecerse y ser un verdadero sistema garantista, que tutele los derechos fundamentales, promoviéndolos, respetándolos, protegiéndolos y garantizándolos de acuerdo con los principios constitucionales de libertad y justicia, de tal manera que nada esté por encima de la protección a los DH.

El Manual es una herramienta básica que explica de una manera sencilla, libre de tecnicismos y con un lenguaje ciudadano, los conceptos más generales capaces de formar dignos auxiliares para la impartición de justicia en nuestro país. La formación de intérpretes profesionales es fundamental para proteger los DH de las partes involucradas en cualquier procedimiento judicial que se lleve a cabo en México.

Es una guía que proporciona a los intérpretes las directrices que han de tomar en el desarrollo de un procedimiento judicial, pues por el hecho de que auxilien en juicio, no implica que sean conocedores o especialistas en temas jurídicos, pero sí que cuenten con los conocimientos básicos que les permitan prestar sus servicios de una manera completa y profesional. Además, explica la integración y funciones de los tribunales que conforman nuestro sistema judicial y sus elementos básicos; expone los conceptos básicos de la interpretación, su función, las normas que regulan este servicio, así como su código de ética.

En nuestro país no se ha profesionalizado ni visibilizado la fundamental labor del intérprete de Lenguas de Señas Mexicana (LSM), a pesar de que representan un apoyo indispensable en los distintos ámbitos: en el sistema educativo, las instituciones de salud, los órganos jurisdiccionales, en el político, social, cultural, deportivo, religioso, al ser quienes transmiten los mensajes de la Lengua oral y escrita a la LSM, o viceversa.

“En nuestro país no se ha profesionalizado ni visibilizado la fundamental labor del intérprete de Lengua de Señas Mexicana a pesar de representar un apoyo indispensable en los ámbitos como el educativo, la salud, los órganos jurisdiccionales, en el político, social, cultural, deportivo.”

En los medios de comunicación se observa muy poca presencia de intérpretes en LSM, pero tampoco se trabaja en políticas públicas para incentivar la formación de este tipo de profesionales. En el ámbito jurídico, cuando una persona sorda es parte en un juicio ya sea como alguna de las partes o como testigo, la intervención de intérpretes es fundamental, pues de otra manera el sordo no estaría en posibilidad de comprender a cabalidad el contexto en el que se encuentra y corre el riesgo que sus derechos sean vulnerados, por no contar con los elementos suficientes que le permitan acceder a la justicia

En función de lo anterior, se debe determinar lo siguiente:

  • ¿En qué lugar de la sala de audiencias o juzgado debe quedar ubicado el intérprete?
  • ¿Es necesaria la presencia de más de un intérprete por audiencia?
  • ¿Cómo debe ser el proceso de certificación del intérprete?
  • ¿Quién sería el órgano verificador de la fidelidad de la interpretación?

Estos cuestionamientos y posiblemente muchos otros quedan por resolver para poder garantizarles a las PcD auditiva un acceso real a la justicia. Al respecto, la función del juzgador, cobra una relevancia importante, en tanto puede constituirse como una frontera de protección de los derechos fundamentales.

Verdadero acceso a la justicia

La reforma constitucional que incluyó el principio pro persona, responde a una directriz que privilegia la aplicación más favorable de la norma a la persona, con independencia de la jerarquía formal, ampliando así la protección de los derechos fundamentales.

Esta apertura también debe estar dirigida a los derechos políticos y electorales, al ser el escenario por el cual se puede influir en la toma de decisiones. El ejercicio de estos derechos es efectivo a través del acceso a la información; la principal barrera de las PcD auditiva para ejercer plenamente sus derechos político-electorales es no poder acceder a la información. De ahí, que la manera más adecuada para que los sordos estén en posibilidad de comunicarse e interactuar dentro y fuera de sus comunidades, es el manejo de la LSM.

Derivado de esto, surge la necesidad de contar con intérpretes capaces de manejar las técnicas de interpretación y que estén especializados en los distintos derechos de la comunidad, como acceso a la justicia, vivienda, salud, educación, etc. En la medida que superemos las barreras físicas, culturales y sociales, nos convertiremos en una sociedad incluyente y completa, para alcanzar este objetivo será necesario adoptar distintas medidas, acciones y compromisos como:

  • Sensibilizar de forma general en el tema de la discapacidad.
  • Diseñar y ejecutar programas de formación y certificación de intérpretes en LSM.
  • Generar los medios necesarios para la formación, capacitación, evaluación y certificación de intérpretes de LSM.
  • Realizar protocolos de actuación para juzgadores y para todo servidor público, encaminados a garantizar el acceso de las PcD a sus derechos fundamentales en igualdad de circunstancias que el resto de la sociedad.
  • Coordinar acciones con las PcD así como con organizaciones de la sociedad civil especialistas en el tema, para realizar políticas públicas que sean ejecutadas y no se queden únicamente en el texto.
  • Impulsar iniciativas como la de una “reconstrucción incluyente” derivada de los recientes sismos que vivió nuestro país el pasado 07 y 19 de septiembre.
  • Se necesita voluntad para sensibilizar y generar cambios en las estructuras tanto físicas como sociales, para que su rediseño sea accesible para todas las personas.  
  • Promover la capacitación en el ámbito de jurisdiccional para juzgar a la atura del nuevo paradigma de la discapacidad.

En definitiva, esperamos que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad sólo sea el punto de partida para generar una mayor participación en la vida política de las personas con discapacidad y acceso a la justicia.

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