El antifederalismo y la falta de técnica se observan en la redacción constitucional de la reforma a los artículos 16, 17 y 73 —en materia de justicia cotidiana— publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de septiembre de 2017. Las modificaciones van por un camino de ocurrencias, tocando la Constitución y las leyes sin saber para qué se modifican: sin un plan maestro de cambio.

Existe una clasificación de las constituciones —que bajo el criterio de su proceso de cambio— determina si son flexibles o rígidas. La Constitución Mexicana rompió el paradigma y se convirtió en una constitución híper flexible, (en los hechos); pero, con un supuesto procedimiento rígido. Últimamente, ha sido modificada sin rigor, por las ocurrencias y falta de control de quienes debieron vigilar estos cambios: los legisladores aprobaron las modificaciones sin reflexión y debate alguno.  

En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión legislar en materia de publicidad estatal. Puesto que existe una omisión legislativa, la cual se traduce en una laguna legal que afecta gravemente a los ciudadanos. Las omisiones legislativas están en todas partes, desde la Fiscalía General, hasta el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, entre otras.

Nuestra Carta Magna contiene tantas omisiones legislativas que estamos frente a verdaderos “mares”, ya no lagunas legales. Lamentablemente no estamos sólo en presencia de omisiones legislativas sino de verdaderos errores constitucionales; una colección de elementos normativos que se limitan los unos a los otros y que generan gran incertidumbre en las personas. Particularmente, sin una teoría clara que distinga entre Derechos Humanos (DH), derechos fundamentales, garantías y otros derechos en nuestra Carta Magna.

Precedentes internacionales para entender este caso

Puede señalarse que estas enmiendas no abonan y por el contrario, generan problemas constitucionales en sus interpretaciones. La Corte Europea de los Derechos Humanos señala que una de las características de la ley es su calidad. En otras palabras, el mensaje normativo debe ser tal que al seguir el significado normal de los textos, se pueda dar certeza de las conductas que deben realizar las personas.

Así en el caso de AMANN contra Suiza:

Una norma es «previsible» cuando está redactada con suficiente previsión como para permitir a cualquier persona, si es necesario acudiendo al asesoramiento de personas duchas en la materia, regular su conducta.

Mientras que la Corte Interamericana Derechos Humanos ha subrayado características similares al interpretar el artículo 30 de la Convención Americana sobre DH en diversas sentencias y opiniones consultivas. Desde hace años la Corte señaló:

La ley en el Estado democrático no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una finalidad.

Así, la ley debe tener calidad y previsibilidad, los principios constitucionales, contar con un objeto y un elemento específico.

Cuando laboré en la Organización de las Naciones Unidas en Viena, algunos colegas hablaban con precisión sobre los tratados internacionales (que ellos debían redactar). Ellos tendrían ambigüedad constructiva en su construcción normativa; es decir, deberían poseer la suficiente textura “abierta” en la construcción de la norma para que pudieran ser aceptados por más de 160 países, todos ellos con tradiciones jurídicas distintas, desde el derecho musulman hasta el Common Law u otras tradiciones de las diferentes comunidades internacionales.

Sin embargo, esta ambigüedad constructiva que se justifica en el proceso de creación y redacción de tratados internacionales tiene limitaciones en los artículos de la Convención de Viena sobre tratados, que señalan que se debe interpretar de acuerdo al objeto y fin del tratado. En sentido contrario, una norma constitucional tiene que ser redactada con precisión para que se alcance a entender sus objetivos; que no estorbe, sino que ayude al proceso de interpretación.

¿Por qué es peligrosa la enmienda al artículo 17 constitucional?

En México, se hizo una enmienda constitucional al artículo 17, la cual introduce conceptos que no aclaran sino que confunden:

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio; las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

El artículo que regula la justicia que es el artículo 17, puede generar interpretaciones contrarias al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que garantizan precisamente eso: el acceso a la justicia. En México, algunos podrán ahora invocar “el derecho fundamental a la solución de conflictos sobre los formalismos procesales”. Seguramente se redactarán sesudos estudios sobre este derecho. Y los jueces, los filósofos y los constitucionalistas se preguntarán de dónde surgió este derecho sin padre, ni madre. Seguro será una aportación mexicana al constitucionalismo.

La incorporación en este texto, del cual no se entienden, ni sus alcances, ni su objetivo, busca privilegiar no la justicia, sino la solución del conflicto. Es importante señalar que además, la solución alternativa de conflictos estaba ya incorporada en el texto constitucional como un mecanismo de acceso a la justicia que se manifiesta como una garantía más para las personas. En este sentido, existe una gran paradoja pues precisamente en el derecho al acceso a la justicia se ha introducido un concepto de solución de conflictos que podrá ser visto por algunos como un “derecho fundamental” contrario al primero.

El texto constitucional señala las siguientes condiciones:

  1. Que no se afecte la igualdad entre las partes,
  2. el debido proceso u,
  3. otros derechos de los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio.

Es decir, cuando se aplique este párrafo, en realidad la parte afectada por la solución de los conflictos sobre la justicia, siempre podrá señalar que se atenta contra sus derechos. Y puede ser interpretado como un derecho fundamental por estar en la constitución y no existir en la jurisprudencia constitucional mexicana una clasificación diversa entre derechos humanos y fundamentales, ni distinguir las garantías.

Además, no se entiende qué se quiere decir con formalismos procesales. ¿Se refiere acaso a algunas protecciones constitucionales, legales o de otra índole, como la prohibición de tortura, malos tratos crueles o inhumanos? O este es un derecho absoluto no derogable como señala la Corte Europea. Por eso, podemos garantizar que la interpretación de texto será utilizada de una manera contraria a los intereses de los más débiles, haciéndolo para terminar conflictos sociales sin garantizar sus derechos. +

¿Por qué el agregado al artículo 16 constitucional es un arma de doble filo?

Por su parte, la reforma al artículo 16 de la Constitución introdujo un agregado al primer párrafo que es extraordinariamente peligroso, ya que puede permitir violaciones gravísimas a los derechos de los que menos acceso a la justicia tienen:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

¿Qué significa esta segunda parte del párrafo primero del 16? ¿Bastará con que se deje constancia de una sentencia en un medio magnético para dar certeza a la fundamentación y la motivación de una decisión judicial o se refiere solamente a las audiencias de juicios orales de cualquier materia salvo las sentencias?

Las posibilidades de uso de estos conceptos por parte de despachos y otros litigantes fraudulentos son enormes, pues es una sentencia que priva de derechos por ejemplo: ¿al dueño de una casa, le podrá ser notificada en cualquier medio, sea un CD o cualquier otro medio magnético, sin que éste sepa su contenido? Es evidente que no existe la cultura, ni los medios técnicos para que esto pueda hacerse inmediatamente por una persona normal sin apoyo de un equipo de abogados, encareciendo notablemente la defensa. En juicios que sean llevados en rebeldía podrán utilizar un esquema fraudulento de la notificación que dejará totalmente sin defensa a los más pobres.

Asistimos a un peligroso momento de centralismo que se refleja en la implementación de las leyes generales en materia de proceso penal; Ejecución, de la Ley Adolescentes en conflicto con la ley penal, secuestro, trata de personas, víctimas, Código de familia; código procesal civil, entre otras. Y se agrega reforma tras reforma, aunque el propio Congreso de la Unión no tenga siquiera capacidad de procesarlas.

En los estados, los ciudadanos han quedado rebasados porque ahora la política del cambio normativo está completamente centralizada y las personas de los estados no tienen la capacidad de interlocución con los senadores y diputados en la Ciudad de México. Esto lamentablemente generará un peligroso alejamiento con sus legisladores, los cuales ya no responderán a las necesidades estatales y locales, porque no se han previsto los mecanismos donde la participación se pueda dar y que ésta se vea reflejada en normas que respondan a sus necesidades.

A manera de conclusión esta legislatura puede ser definida como la más centralizadora que ha tenido el país. Tomada por algunos y escasos grupos que pueden hacer lobby en el Congreso de la Unión. Estos grupos, intentan monopolizar todo proceso de cambio legislativo. Esto podría afectar a las preferencias democráticas de los grupos ajenos al de los privilegiados, quienes además cuentan con el apoyo casi total de los medios de comunicación.