El día de ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, en lo general y particular, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, dicha Ley dicta las normas a las que estarán sujetos los entes públicos para garantizar que el gasto en la materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En la discusión, se presentaron 19 oradores de las diferentes fuerzas políticas: PRD, PRI, MORENA, PVEM, MC y PES. Se expusieron 103 propuestas para modificar 61 artículos reservados, de las cuales se aprobaron dos: la primera, propuesta por el diputado del PRI, Ricardo David García Portilla, modifica los artículos 4, 7, 18, 24, 41 y Sexto transitorios, su objetivo es mejorar los controles democráticos en la contratación de la publicidad oficial.

La segunda, hecha por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, referente al artículo 5, pretende agregar el principio de veracidad, ya que en palabras del diputado “es ocioso pretender que las autoridades publiquen y anuncien lo que hacen si no son apegadas a la verdad”.

De acuerdo con el dictamen que fue enviado al Senado de la República, esta Ley será aplicable a cualquier campaña de comunicación social financiada con recursos públicos y los tiempos oficiales serán utilizados para difundir contenidos de carácter institucional, informativos, educativos, culturales y asuntos de interés social.

Además, cuando ocurran emergencias sanitarias, desastres naturales o medidas de protección civil realice labores, los sujetos comisionados podrán realizar y difundir campañas de comunicación social necesarias para mantener informadas a la población.

La Secretaría de Gobernación se encargará de administrar los tiempos de Estado y los fiscales conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones. La distribución de los tiempos fiscales quedará con la siguiente proporción: 40% al Ejecutivo Federal, 30% al Poder Legislativo Federal, 10% al Poder Judicial Federal y 20% a los entes autónomos constitucionales.

Posturas en contra

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI, señaló que “esta ley asegura el acceso a una información completa, oportuna y veraz, y prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano”. Y, alineada al artículo 2 de la misma, se someterán todos los sujetos obligados a los principios de racionalidad, economía y transparencia para evitar la improvisación y evaluar la comunicación social.

Sin embargo, hubo voces opositoras como la del Coordinador de Morena, Virgilio Caballero, quien sostuvo que con esta Ley “se legalizan las campañas de promoción personalizada, se permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales, se reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de publicidad oficial, además de que avala su contratación como botín de negociación política”.

Por su parte, el Diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, expresó su rechazo a la Ley y dijo que no aporta nada “a la relación perversa que se encuentra establecida entre los medios de comunicación y la Secretaría de Gobernación. Lo que se propone es institucionalizar la política del ominoso chayote”. Afirmó que el dictamen no esclarece los montos que se deben asignar a la propaganda gubernamental y favorece “la posibilidad de que se siga contratando de manera discrecional y con opacidad”.

El panista Jorge Triana Tena argumentó: “en términos coloquiales le estamos dando el avión a la Corte. Es una simulación porque sólo le damos manga ancha al gobierno para sobrexponerse en los medios”.

Generalidades de la Ley

La Secretaría Administradora será la encargada de prestar asistencia técnica y evaluar las estrategias, programas y campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública. Lo entes públicos deberán elaborar una estrategia anual, registrarla en el Sistema de Información de Normatividad de Comunicación, posteriormente enviarla a la Secretaria Administrativa.

Se establece que los medios de comunicación que quieran participar en la contratación de comunicación social deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la SEGOB.

En cuanto a transparencia, señala que la información de montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social deberá ser pública y estar actualizados en los sitios de internet correspondientes, además y mostrar los reportes semestrales de los gastos en publicidad oficial. La Secretaria Administrativa informará bimestralmente a la Cámara de Diputados, federal y locales, la ejecución de los programas y todo lo referente a la materia.

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