Las de 2018 serán las elecciones más complejas y más caras de la historia de México, quedando atrás el compromiso de austeridad institucional promovido con bombo y platillo por el gobierno federal, al cual se adhirió el INE a principio de año cuando el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello refrendó el compromiso de transparentar y hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, más de uno levantó la ceja cuando el ine anunció que solicitará un presupuesto de 25.4 mdp para 2018, de los cuales 18 mil 256 millones serán para el gasto operativo del Instituto y 6 mil 788 millones para el financiamiento a los partidos políticos y candidatos independientes, con lo que se confirma que la democracia mexicana es una de las más caras del mundo, a pesar de que la eficiencia del ine ha sido últimamente muy cuestionada. Lo cierto es que el próximo año tendremos 3 elecciones federales (presidencia, senadores y diputados) y más de 30 locales en donde los contribuyentes no perciben un claro beneficio con los votos sufragados en cada elección. Inclusive, la cultura cívica-política que supuestamente promueve el instituto no ha dado los resultados esperados, pues cada vez son menos los ciudadanos que salen a votar. Frente a este escenario deberíamos reflexionar seriamente y preguntarnos si es necesario gastar más, para que menos gente acuda a las urnas y si debemos continuar manteniendo a los partidos políticos, quienes cada año están más lejos de la ciudadanía.

Al validar la Suprema Corte de Justicia por mayoría de votos de los Ministros la reforma al artículo 13 de la Constitución de Jalisco, mejor conocida como Ley Kumamoto o #Sin- VotoNoHayDinero, se apoya uno de los más sentidos reclamos populares como es disminuir el excesivo gasto público a los partidos políticos, algunos convertidos en jugosos negocios familiares. Aunque por el momento el único beneficiado con el fallo judicial es el Estado de Jalisco, los Ministros dejaron claro que cualquier otro congreso local puede seguir este camino sin que se viole la Ley Suprema. Esperemos que este sea el principio de una cruzada que aliente al resto de los entidades federativas para quitar un gran peso presupuestal a todos los mexicanos y que opera este principio de equidad electoral promovido por el joven diputado local independiente de Jalisco Pedro Kumamoto. Y no obstante que la medida comenzará a aplicarse a partir del 2019, lo cierto es que ya se tienen las bases jurídicas para concretar uno de los reclamos más exigidos por la sociedad.

Grandes fallas se están presentando en uno de los temas más relevantes del nuevo sistema penal acusatorio, como es la capacidad y preparación de los asesores jurídicos o abogados de las víctimas. Por un lado, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) Jaime Rochin del Rincón asegura que faltan más de 3 mil 300 asesores jurídicos para la atención de personas que han sufrido algún tipo de agresión o delito, ya que sólo se cuenta con 612 a nivel local y federal y debería ser mínimo 4 mil 13 en todo el país, denunciando que este déficit es uno de los riesgos que está enfrentado el Sistema Penal Acusatoria en los esfuerzos por consolidarlo. Por el otro, la organización México Unido contra la Delincuencia, presidida por Verónica Baz Suárez ha dicho que los asesores públicos de victimas en la cdmx están siendo reprobados al obtener calificaciones por debajo del 6 en su evaluación. Es necesario atender este foco rojo para avanzar en una integral consolidación del nuevo modelo penal y sumar a los asesores jurídicos de víctimas en esta nueva estrategia de capacitación y profesionalización masiva de los operadores y que la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública -que ha substituyo a la setec en estas tarea-, presione a las entidades federativas, incluida la cdmx, para que se actualicen en esta materia de Atención a Víctimas.

Con buenos ojos fue visto en el foro el anuncio hecho por la ANUIES, encabezada por Mtro. Jaime Valls Esponda y la Embajada de Estados Unidos en México, a través de USAID, del programa Suma de Voluntades, para la profesionalización y certificación de operadores del nuevo sistema de justicia. El proyecto que está dirigido a fiscales, asesores jurídicos y mediadores del modelo acusatorio, tendrá una duración de 20 meses, se impartirá en 15 universidades de todo el país. Es sin duda un gran esfuerzo y logro alcanzado por Valls Esponda el cual sin duda ayudará a paliar los problemas que enfrenta el país a un año de entrar en operación el nuevo sistema Penal. De ahí que resulte conveniente el acuerdo ya que se estima alcanzar a por lo menos 2 mil 660 operadores a través de 4 diplomados y 3 especialidades dirigidos a fiscales, asesores jurídicos, defensores de las víctimas y de las personas que instrumentan mecanismos alternos de solución de controversias.

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