Se esfumó la posibilidad de establecer en México la segunda vuelta electoral para la elección presidencial del 2018. La declaración de Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, en el sentido de que era ilegal y administrativamente improcedente aplicarla en el 2018, acabo con este debate. La opinión del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado en ese mismo sentido, contribuyó a dejar bien enterrada esta idea que impulsaba vehementemente el pan. Afirmó Lorenzo Córdova que nuestro sistema electoral no se encuentra preparado para esta evolución, que ya opera en el 70% de países democráticos en todo el mundo. De esta manera, tendremos que seguir acostumbrándonos a los conflictos post electorales, como viene sucediendo en el Estado de México y Coahuila. Debería aprovecharse la inercia que hoy existe sobre el tema y aprobar la reforma a la Constitución y a las leyes secundarias y reglamentos electorales para incorporar la segunda vuelta y que se aplique a partir del 2019 en elecciones de gobernadores y en la presidencial en 2024.

 

En lo que se consideraba como una de las instituciones con más estabilidad laboral, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), le esta causando muchos dolores de cabeza a su presidente el Ministro Luis María Aguilar Morales, por la reiterada demanda de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal (PJF), que exigen poner fin a la ola de despidos injustificados que se vienen sucediendo cada vez con mayor frecuencia. Argumenta Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que con la aplicación del artículo 51 bis del Acuerdo General del Pleno del CJF, incorporado en 2015, jueces y magistrados están facultados para despedir sin justificación alguna a los trabajadores de base, dejándolos en una completa indefensión jurídica, pidiendo regresar al anterior esquema que les permita acudir primero a la Comisión Substanciadora del cjf que analizaba cada caso. El líder sindical está presionando al Ministro Presidente de la Corte, alegando que en la máxima casa de la justicia no se están respetando los derechos humanos laborales de sus trabajadores, sobretodo porque los agraviados, una vez que son dados de baja, no pueden ni siquiera derecho a promover un juicio de amparo u otro recurso, ya que las decisiones del cjf son inapelables.

 

Sigue empantanada en el Senado la designación del titular de la Fiscalía Anticorrupción de la PGR y sin avanzar el anunciado período extraordinario que prometieron realizar después de las elecciones, quedando de manifiesto, una vez más, que los intereses de los líderes políticos están por encima de las urgencia de dotar al Estado mexicano de instituciones y ordenamientos que hacen falta para enfrentar el terrible flagelo de la corrupción, que golpea a todo el país. Mientras que el Sen. Miguel Barbosa Huerta —otrora líder del prd y ahora coordinador de Morena—, insiste en la necesidad de tener primero la Ley de la Fiscalía General e incluso modificar la Ley Orgánica de la pgr a fin de que los miembros del Sistema Anticorrupción cuenten con las libertades suficientes para investigar y procesar a todos aquellos que sean responsables de cometer actos de corrupción, el líder del pan en el senado, Fernando Herrera Ávila, exige la desaparición del artículo transitorio que da el pase automático al último titular de la PGR, para convertirse en el primer Fiscal General de la República, no importándoles que legalmente el 19 de julio es la fecha límite para contar con el Fiscal Especializado en el combate a la corrupción, ni mucho menos, que cada año México sigue ascendiendo en la clasificación de los países más corruptos. Este 2017 subió 8 sitios en el ranking de Libertades Económicas, ubicándose en el lugar 70 de 180.

 

La evidente sobre exposición de los dirigentes partidistas en medios de comunicación ha llevado a las autoridades electorales a reglamentar esta situación que tanta polémica ha causado al interior de los propios partidos políticos. Desde 2015 el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han hecho énfasis en esta desmedida e inequitativa promoción de la imagen de los dirigentes partidistas en la radio y la televisión. De acuerdo con información del INE, de enero de 2015 a mayo de 2017, el Presidente Nacional de Morena AMLO, apareció en 2.1 millones de spots y en lo que va del año, se calcula que ha estado al aire por casi 2 mil horas. En similar situación se encuentra Ricardo Anaya, Presidente del pan, quien desde el 20 de noviembre de 2015 a marzo del año pasado, apareció en 674 mil 188 anuncios, tanto en el ámbito federal, como local, con cerca de 5 mil horas. De ahí que el Comité de Radio y Televisión del ine, encabezado por Marco Antonio Baños, aprobara un acuerdo con los lineamientos que regularán y disminuyen sensiblemente la aparición de líderes partidistas en promocionales, específicamente de quienes aspiran a un puesto de elección popular, como es el caso de amlo y Anaya, éste último severamente criticado por sus correligionarios, también aspirantes presidenciales: Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle.

 

Avanza la iniciativa para reducir los recursos públicos que se entregan a los partidos políticos y que son una fuente de enriquecimiento de sus dirigentes, que han transformado algunos partidos en “jugosas” empresas familiares. El Congreso de Jalisco es el primero que concreta esta reiterada petición popular al aprobar la iniciativa Sin voto no hay dinero, impulsada por el joven diputado independiente Pedro Kumamoto. Con esta medida se pretende reducir hasta en un 60% el financiamiento a los partidos políticos en ese estado. Sin embargo, aún falta pasar por el filtro de la Suprema Corte, ya que el PVEM presentó una acción de inconstitucionalidad, que le tocara estudiar y analizar al Ministro Jorge Pardo Rebolledo. La propuesta consiste cambiar la fórmula para que en vez de multiplicar el padrón electoral por el 60% de una Unidad de Medida y Actualización (UMA, 47.476 pesos), sea por la votación valida emitida (votos totales menos votos nulos y en blanco), por el 65% de una UMA. Esto haría que los partidos tengan que esforzarse para que más personas salgan a votar en las elecciones. En Jalisco ya inició, y el diputado trabaja para que la iniciativa llegue al Congreso de la Unión.

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