Nuevamente se pone en duda la afirmación del Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera en el sentido de que en la capital del país no operan “cárteles”, sino simplemente organizaciones delincuenciales. Los contundentes operativos de la Secretaría de Marina en la ciudad capital y las declaraciones de su titular, el Almirante Vidal Soberón, desmienten estas apreciaciones del pre candidato presidencial Mancera Espinosa que defiende a toda costa su gestión en materia de seguridad y evitar que “cunda el pánico” entre sus seguidores y simpatizantes. Las acciones de la SEMAR en la Delegación Tláhuac eliminando en un enfrentamiento al “capo” Felipe de Jesús mejor conocido como “El Ojos”, han evidenciado la existencia de cárteles del narcotráfico en la CDMX. A pesar de lo que diga el Jefe de Gobierno en su estrategia política, lo cierto es que día a día aparecen signos incontrovertibles que la capital del país, está siendo una apetecible “tierra prometida”, en donde han sentado sus operaciones “grupos delictivos” que controlan y trafican con droga, como lo dio a conocer desde 2015 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en el informe, México: actualización de evaluación del tráfico de drogas; áreas de las organizaciones de control dominante. De acuerdo al documento, se estima que son 5 las organizaciones que trabajan en la ciudad capital, entre ellos, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo y una célula de Los Caballeros Templarios. A la sociedad no le interesa la semántica, sino sentirse segura; cárteles o grupos delictivos, lo cierto es que tuvieron que ser elementos de la Marina quienes realizaron el operativo contra “El Ojos” y habría que preguntarse: ¿A quién debemos creer, al Almirante Soberón o al Dr. Mancera? o si ¿seguirá siendo necesario la intervención de la Fuerzas Armadas en la capital del país para localizar y detener a más líderes de simples organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo?

 

Tras las polémicas y cuestionadas decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) con motivo de las pasadas elecciones de Coahuila y Estado de México, los consejeros ajustan nuevamente las reglas del juego de cara a la elección presidencial del 2018. Encabezados por su Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, discuten ahora 2 lineamientos que garanticen mayor equidad en las campañas. Estas se enfocan a limitar la adquisición de propaganda entre el inicio del Proceso Electoral -el próximo 8 de septiembre-, y el inicio de precampañas, para evitar promoción personalizada de quienes aspiren a un cargo de elección popular a través de la radio, la televisión, medios impresos, publicidad fija, electrónicos, internet o redes sociales. El objetivo es lograr un “piso parejo” para todos los suspirantes, aunque la medida llegó tarde, pues era evidente la promoción que hacían lideres partidistas del PAN, PRD y particularmente, de morena. Parece una medida interesante, pues de acuerdo con Lorenzo Córdova, se busca regular el dinero invertido en esas campañas, por lo que advierte que de no cumplir con los lineamientos, implicará que todos los recursos económicos utilizados en propaganda de quienes busquen a un cargo de representación, serán sumados a los gastos de campaña, y en caso de rebasar los topes, conforme lo establece la ley, puede ser causal para negar el registro de una candidatura. No cabe duda que la carrera a la grande empieza con fuerza y es urgente establecer reglas claras, pero sobre todo, enérgicas que permitan un juego limpio para evitar caer en un desastre post electoral.

 

Se concretó el proceso para la designación formal del nuevo Procurador General de Justicia de la CDMX, Edmundo Garrido Osorio, en sustitución en el cargo, de Rodolfo Ríos Garza, quién según dicen los informados, salió para preparar la campaña de su jefe Miguel Ángel Mancera. El ahora Procurador Edmundo Garrido no heredó una tarea fácil, sobretodo con el incremento de la inseguridad no sólo en la ciudad capital, sino en todo el país. La primera papa caliente con la que se ha encontrando es dar respuesta inmediata a los reclamos reiterados sobre la necesidad de modificar y ajustar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, particularmente, en la solicitud de varios actores jurídicos, académicos y políticos para que se aumente el catálogo de delitos de alta peligrosidad, a fin de evitar lo que se ha denominado la puerta giratoria que sólo obliga a prisión preventiva en muy pocos casos. El recién designado Procurador de Justicia anunció que será un funcionario de calle, es decir, que estará en contacto día a día con los ministerios públicos y la ciudadanía para conocer de primera mano sus preocupaciones y necesidades; por lo que deberá tener mucho cuidado, no sea que en una de esas visitas, le roben el reloj o peor aún, se “tope” con algunos sicarios. Por lo pronto, anunció con bombo y platillos, la captura de 2 de los justicieros de la colonia Santa Julia, quienes se dieron a conocer por un video en el que tenían sometido a un presunto delincuente. Sin embargo, muchos piden y exigen que esa eficacia e inteligencia de investigación, se utilice para atender las cientos de carpetas de investigación acumuladas en los escritorios de los Ministerios Públicos. Esperemos que su experiencia en la PGR y en la propia PGJ CDMX le habrán de servir para enfrentar los delicados retos que tiene la de justicia en la CDMX.

 

Muchas de las críticas que se han hecho al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio fueron corroboradas con la celebración de la primera audiencia pública y oral efectuada en el caso del recién extraditado ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, dejando la impresión de que falta capacitación y técnicas de investigación de los operadores del nuevo sistema. Durante la audiencia se evidenció una deficiente actuación ministerial y motivó que el juez de control Gerardo Moreno García, regañara a los fiscales que presentaron la acusación, criticando el hecho del cambio constante de funcionarios de la parte acusadora durante las subsecuentes diligencias. No obstante que en posteriores diligencias se han subsanado los errores inicialmente cometidos, ha quedado evidenciado que falta mucho trabajo de capacitación, así como depurar las técnicas de investigación de policías, peritos y ministerios públicos, para evitar más impunidad de la que ya existe. El foco rojo que prendió este asunto es de tal magnitud que el propio Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió “fe” sobre la actuación de la autoridad ministerial ante uno de los casos más emblemáticos de corrupción suscitado en México. La preocupación del gobierno federal es mayúscula por el contraste que se ha visto con una defensa preparada del abogado del Toro Carazo, quien es también defensor de Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia. Las crónicas periodísticas refieren que fue superior el defensor a los agentes del MP que no fueron capaces de darle respuestas claras y objetivas respecto a las acusaciones. No vaya a ser que el caso de corrupción del “pez gordo” Javier Duarte, se caiga por fallas técnicas, pues es asunto emblemático, no sólo por el grave daño al patrimonio veracruzano, sino por lo que representa para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que pretende demostrar que no hay nadie por encima de la ley.

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