Con el objetivo de disminuir la incidencia de ilícitos con el incremento de las penas por robo y delitos relacionados, el Pleno del Senado de la República aprobó, con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención, un dictamen para reformar los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

El dictamen plantea, entre otras sanciones, de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Dispone una multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para quien cometa dichas conductas. Los legisladores avalaron la pena de 17 a 25 años de cárcel para el que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte recursos de cualquier naturaleza en la comisión de ilícitos en materia de hidrocarburos.

También, se sancionará con una pena de 10 a 14 años de prisión o una multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide a asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de incumplir la ley.

No obstante algunos grupos parlamentarios, a pesar de estar a favor del dictamen, han señalado que es un problema creciente en el que “las autoridades no están cumpliendo su responsabilidad”, señaló Angélica de la Peña Gómez, senadora por el PRD.

Por su parte, Manuel Bartlett Díaz, del PT, considera que las reformas “son una vergonzosa simulación” y que las penas no han contenido el problema porque “autoridades y funcionarios de Pemex están coludidos” en la ordeña de ductos.

Raúl Pozos Lanz, del PRI, asentó que el robo de hidrocarburos es un problema de seguridad nacional y que el incremento de tomas clandestinas tiene efectos adversos para la economía y las finanzas públicas y para la seguridad de las comunidades. Fernando Mayans, senador independiente, considera que “nos lastima el cáncer de la impunidad”, lo que se requiere es hacer cumplir las leyes vigentes.

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