El pasado 15 de diciembre de 2017, en una polémica sesión, se aprobó en el Senado la Ley de Seguridad Interior, con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, que luego de ser remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación final, fue promulgada y publicada el 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

Durante su discusión en el pleno, frente a los cuestionamientos de algunas organizaciones de la sociedad civil y activistas defensores de derechos humanos, los senadores introdujeron cambios en algunos artículos para disipar inquietudes sobre temas controvertidos como transparencia, respeto a los derechos humanos y la no intervención de las Fuerzas Armadas en movilizaciones de protesta social o con motivos político-electorales.

Se trata de una sencilla ley conformada por 34 artículos, divididos en 6 capítulos, que  establece reglas claras para que las autoridades federales -incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Federal-, intervengan ante amenazas o riesgos que se presenten en el país y que ponga en riesgo a la población.

Dicha intervención procederá solo a solicitud expresa del Presidente de la República o de los Congresos Locales o los Gobernadores, para ello se deberá expedir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que contenga la explicación de la amenaza, el lugar en el que se deberá actuar, las autoridades federales que participarán y por cuánto tiempo.

La ley establece el procedimiento mediante el cual los gobiernos estatales puedan solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuando sus capacidades se vean superadas por una amenaza contra su funcionamiento o ponga en peligro la seguridad de la población. Una vez aprobada la Declaratoria, previo el análisis del Consejo de Seguridad Nacional, será publicado dentro de las 72 horas siguientes en el Diario Oficial de la Federación.

Las Fuerzas Armadas podrán mantenerse activas en la localidad amenazada como máximo durante un año, plazo que podrá ampliarse de persistir la amenaza y bajo una nueva solicitud de la autoridad interesada. La ley dispone que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, será notificada a la CNDH para que actué en la protección y defensa de los derechos humanos de la población y al Congreso de la Unión, para que tenga seguimiento a su cumplimiento y a las acciones que  emprendan las fuerzas federales.

Durante su intervención en tribuna, el senador del PRI, Ernesto Gándara Camou advirtió que la finalidad medular de la ley es: “…establecer un marco jurídico viable para regular las tareas de seguridad, por ello, la minuta se modificó a partir de la opinión de expertos y organizaciones civiles; existen garantías de respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación, transparencia, y de equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.”

Fueron cuatro los artículos que en senado provocaron la mayor reacción contra la aprobación de la ley: 7, 15, 16 y 30. El séptimo establecía que las Fuerzas Armadas no podrían intervenir en las movilizaciones de protesta política, sin embargo, se argumentaba que constituía un pretexto para que el ejército interviniera en protestas sociales. Por ello, finalmente, los senadores eliminaron esta parte, dando prioridad al texto que establece: “respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías”.

Por otra parte, se mantuvo en los artículos 15 y 16  la facultad del Ejecutivo Federal para otorgar una prórroga a la presencia de las Fuerzas Armadas, más allá del año permitido. En el artículo 30 quedó firme la atribución de las fuerzas armadas para realizar acciones de inteligencia durante su participación en tareas de seguridad interior.

Habrá que estar atentos a la posible impugnación de ley ante la Suprema Corte por parte de la CNDH o del grupo minoritario de senadores de oposición que votó en contra.

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