Mtra. Brenda Pulido Luna

Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre se llevaron a cabo en el Salón de la Comisión Permanente del Senado, Las Audiencias Públicas sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios de los Profesionales del Derecho, organizadas por la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, para analizar las iniciativas de Reforma Constitucional y legal que proponen establecer la Colegiación y Certificación Obligatoria de las profesiones que prestan servicios que tienen que ver con los valores fundamentales de la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las personas que requieren justamente de esos servicios profesionales, incluidos los abogados.

El Foro se dividió en 3 bloques de, con la asistencia de expertos en la materia, desarrollados en la siguiente manera: en el primero participaron invitados internacionales para conocer las experiencias de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia y Guatemala, destacando la presencia de la Dra. Paulette Brown, Presidenta de la Asociación de Barras de los Estados Unidos, del Dr. Jacques Bouyssou, de la Orden de Abogados de París, del Dr. Luis Martí Mingarro, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Dr. Carlos Andreucci, Presidente de la Unión Internacional de Abogados de Argentina.

En el segundo día del Foro se contó con la intervención de autoridades locales y federales relacionadas con el sector educativo y de académicos. Estuvieron presentes Jaime Valls Esponda del ANUIES, Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Bernardo del Castillo Director General de Profesiones de la SEP, José de Jesús Orozco de la UNAM y de otros representantes de una docena de Universidades y centros de educación superior.

Finalmente, el tercer y último bloque estuvo dedicado a las Barras y Colegios de Abogados, participando los presidentes de varias organizaciones nacionales de juristas.

El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, principal impulsor del encuentro, señaló que el propósito central de las Audiencias Públicas era conocer la opinión de los expertos en torno a los proyectos de Reforma Constitucional de los artículos 5º, 28 y 73 y de la iniciativa de una Ley General del Ejercicio Profesional sujeto a Colegiación y Certificación Obligatoria. Documentos presentados al pleno de esa Cámara durante el mes de febrero de 2014, por senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, y actualmente depositados para su análisis en las Comisiones respectivas. Asimismo, profundizar en la vertiente de los servicios profesionales de los abogados, proyectos en los que están implícitas las cuestiones de la distribución de competencias en nuestro Estado nacional; lo que corresponde a la federación y a los estados de la Unión. Se trata, enfatizó, de reflexionar en torno a normar el ejercicio de actividades profesionales, y particularmente de quienes ejercen el Derecho, en relación con valores o bienes protegidos por nuestra Constitución que corresponda salvaguardar mediante la norma regulatoria de las actividades profesionales, como son, la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el patrimonio de las personas.

En esto pongo énfasis, dijo, porque hay valores que tienen que reconocerse particularmente en el ejercicio de ciertas actividades profesionales. De esta manera, concluyó, nuestro objetivo es escuchar para dialogar y para reflexionar, si a través de un señalamiento constitucional específico debemos incidir en la regulación de las actividades de los profesionales, y, particularmente, de los abogados entorno a qué principios o valores, por parte de la esfera de gobierno y con qué tipo de instrumentos jurídicos hemos de participar.

En su oportunidad la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos destacó, que si bien el artículo 5º de nuestra Constitución, “reconoce el derecho de cada persona a la libre elección de su profesión e industria, comercio o trabajo que le acomode”, también es viable concretar la posibilidad de una reforma expresa a la Constitución, para lograr el fomento de la calidad en los servicios de profesionales, particularmente en la materia de Derecho. Desde el punto de vista ético y filosófico, se debe lograr que los colegios de abogados, garanticen la certificación de los profesionales de la abogacía, pues necesariamente tienen que, entre otras cuestiones, llevar un seguimiento ético y profesional de cada uno de sus integrantes. ¿Por qué es importante colegiar y certificar a las y los abogados? se preguntó. Respondió categóricamente con 3 razones: la primera, tiene que ver con adecuar la profesión jurídica a las nuevas realidades de la globalidad; la segunda por la homogenización de servicios profesionales y la regulación de las condiciones para la prestación de los servicios y la tercera razón tiene que ver con la proliferación de pseudo escuelas de Derecho. Escuelas en las que no figuran materias que debiesen atender, por ejemplo, la que tiene que ver con la materia procesal o Derechos Humanos que en muchos casos ni siquiera figura como optativa en las currículas de las universidades.

Sí a la Colegiación y Certificación de los Abogados

Durante las intervenciones en todo el Foro, pero particularmente durante la última audiencia pública -dedicada a los representantes de los colegios de abogados-, se puso de manifiesto que con diferentes matices, la gran mayoría se pronunció a favor de la necesidad de legislar para establecer la colegiación y certificación obligatoria, para asegurar a los usuarios servicios jurídicos de calidad, apegados a estándares elevados de contenido ético. Quedó de manifiesto que aún hay que profundizar sobre el cómo y el quién debe certificar, pero que es urgente dar este paso. Inclusive, hubo planteamientos en el sentido de aprobar ahora la reforma constitucional a estudio y darse un plazo de un año para expedir la ley secundaria, método que ha sido aplicado con éxito por esta legislatura en las recientes reformas estructurales.

Ricardo Ríos Ferrer, Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, afirmó que cada colegio debe mantener un registro actualizado de sus agremiados, con todos sus datos a fin de que pueda ser consultado en línea por el consumidor antes de decidir la contratación de sus servicios, lo que le permitirá escoger mejor a sus asesores jurídicos. Los colegios de abogados, afirmó, no deben tener fines de lucro y el destino de sus ingresos debe estar limitado a solventar sus costos de administración, de gestión y de los servicios que preste a sus agremiados. Respecto de los abogados que carezcan de recursos económicos para sufragar las cuotas, podría establecerse la opción de llevar asuntos probono a cambio del pago de dichas aportaciones y no debe admitirse la creación de un único colegio de abogados, ya sea en el ámbito federal, ni estatal. La colegiación y certificación obligatoria de los abogados, concluyó, contribuirá al beneficio de todos los consumidores de servicios legales, al fortalecimiento del estado de derecho y al desarrollo económico de nuestro país.

El Lic. Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, Presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México afirmó que cuando un licenciado en Derecho obtiene su título, y mediante un simple trámite administrativo accede a una cédula profesional, queda habilitado para asesorar y representar a cualquier persona en cualquier materia, en asuntos civiles, mercantiles, familiares, administrativo o penales y todo sin límite de tiempo, con una autorización que es definitiva. De esta forma, la cédula profesional no limita la actuación de ninguna especialidad y tampoco tiene caducidad, esta situación es inadmisible, sostuvo, ya que la sociedad es dinámica y el Derecho también. Respecto de los más de 300 mil abogados que según datos del INEGI ejercemos en el país la pregunta es, ¿todos aquellos a quienes se nos ha entregado esta licencia o autorización permanente, estamos debidamente calificados para enfrentar estos nuevos retos? Estamos seguros que no es así, desafortunadamente. Pero más allá de este control técnico, el cual es urgente y fundamental, estamos frente a un nulo control ético del abogado. No existe en México ningún archivo que contenga expedientes de los juristas en ejercicio profesional donde se pueda conocer si hay denuncias por faltas a la ética.

Empezando por que ni siquiera existen códigos de ética en los cuales estemos sujetos en forma obligatoria todos los profesionales del derecho en este país. Y es aquí donde la colegiación obligatoria cobra una relevancia fundamental, ya que sólo así el control ético que establezca normas claras para el secreto profesional, evitar conflicto de intereses o que se utilice información falsa o se induzca al error, podrá ser efectivo.

Juan Francisco Alcaráz García, Presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, señaló que existe consenso unánime para decir sí a la colegiación y sí a la certificación bajo los principios democráticos de autorregulación y autocontrol. Siendo los propios abogados los que marquen los limites en su actuación profesional y sean ellos mismos los que a partir de códigos de ética, controlen y sancionen sus actividades por un marco normativo que permita su reconocimiento por el Estado mexicano. Ésta es la oportunidad, comentó, para plantear una nueva relación entre la sociedad y los profesionistas del Derecho, generar transparencia para que los colegios organicen evaluaciones públicas previas a la certificación y se califique el servicio prestado por cada uno de los certificados.

Se debe aprobar de inmediato
la Reforma Constitucional
sobre Colegiación y Cerficación
Obligatoria de los Abogados
y en un año aprobar la ley
general secuandaria:
Elías Huerta Psihas.

Colegiación 2Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, último participante del Foro, señaló durante su intervención que tratando de resumir las 40 importantes exposiciones vertidas en el encuentro, sin repetir las ventajas que tiene para el gremio y para la sociedad mexicana el regular el ejercicio profesional de los abogados, únicamente retomó 2 de las ideas por las que es imperativo dar este trascendente paso para el gremio de los abogados: primero, frente a una sociedad cada vez más participativa y exigente, con un nuevo marco nacional e internacional de respeto a los Derechos Humanos, resulta esencial cumplir con el mandato para asegurar a la población el derecho a una tutela judicial efectiva y, segundo, es urgente y prioritario promover la prestación de servicios jurídicos a la comunidad, con gran calidad profesional y con un elevado sentido ético. Cumplir con las modalidades de la transparencia y de la rendición de cuentas, que paralelamente contribuyan a cambiar la imagen negativa y de desprestigio que la sociedad tiene de los abogados. Por ello, es indispensable que para fortalecer a nuestro debilitado Estado de Derecho y para una adecuada y eficaz implementación del nuevo sistema de justicia penal, sea aprobada la Colegiación y Certificación Obligatoria de los abogados.

Recordó algunas de las opiniones publicadas en el 2002 por el relator de Naciones Unidas, Dato Param, en el informe sobre México titulado “Independencia del Poder Judicial, Administración de Justicia e Impunidad”, quién afirmó entonces que en el ámbito disciplinario, la profesión jurídica en México, es una de las peores del mundo y que uno de los efectos negativos que ha provocado la falta de Colegiación Obligatoria de los Abogados, es el relativo una deficiente formación universitaria y a una deficiente calidad en la administración de justicia, sobretodo en el ámbito local. Enfatizó que: “los títulos de derecho que ofrecen las universidades, no están homogeneizados y no existen controles oficiales sobre los programas y la calidad de la educación. Igualmente, la proliferación de escuelas de derecho improvisadas (algunas expidiendo títulos en 3 años), han inundado el mercado laboral con profesionales mediocres, afectando desfavorablemente la calidad de la administración de justicia. En la percepción ciudadana negativa de la justicia en México, influye la falta de normas que den cabida a Colegios de Abogados autónomos, con capacidad de autogobierno. La profesión jurídica forma parte integrante de la administración de justicia; por ello la calidad, integridad e independencia de ésta última, dependen de ella ya que de ahí provienen magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos.” Al no existir una profesión jurídica organizada, con un sistema de docencia de calidad y un código deontológico único, carente de procedimientos disciplinarios efectivos, el sistema se encuentra debilitado y son la causa de muchos males que aquejan desde hace años a la administración de justicia en México.

Estas observaciones están aún vigentes, señaló el Dr. Huerta y por ello es tiempo de combatir frontalmente la proliferación de Escuelas de Derecho que inundan con abogados improvisados y mediocres el mercado laboral y con ello a las instituciones del sector justicia y, partiendo de la base que Colegiación y Certificación son 2 conceptos complementarios, que no son contrarios a Derechos Humanos, como ya lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me permito formular las siguientes propuestas:

  1. Se debe aprobar de inmediato la Reforma Constitucional sobre la Colegiación y Certificación de las profesiones que tienen que ver con la salud, la vida, la seguridad, la libertad y el patrimonio, ya que ello repercutiría no sólo en la prestación de servicios jurídicos de calidad y con control ético, en beneficio de los usuarios, sino también, en el cumplimiento del derecho humano de tutela judicial efectiva y en una sensible mejoría en la impartición de justicia, como lo han reconocido aquí los representantes de la SCJN y de la CONATRIB.

2. Por lo que respecta a la Ley General para el Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias, como ha quedado evidenciado en este Foro, existen aun importantes puntos que no están lo suficientemente maduros, por ejemplo, el cómo y quién certificará o de qué manera, habrá que coordinarse y exigir a las autoridades educativas federales y locales sobre el control y vigilancia de los centros de educación superior que imparten la carrera de derecho y cómo homogenizar los planes y programas de estudios, entre otros aspectos. En consecuencia, considero que lo adecuado es darse un plazo de un año para aprobar la ley secundaria, como ha sucedido recientemente con el Sistema Nacional de Transparencia y está aconteciendo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ha sido muy efectiva la experiencia asumida por el Congreso de la Unión en temas tan importantes como las reformas estructurales, que una vez que fueron aprobadas las enmiendas constitucionales respectivas, posteriormente se aprobaron las legislaciones secundarias. Ejemplos importantes de esta práctica, han sido la reforma educativa, la reforma energética, la reforma político-electoral o la reforma penal, que dio vida pocos meses después de la enmienda constitucional a las leyes secundarias, como por ejemplo el trascendente Código Nacional de Procedimientos Penales.

Concluyó su intervención el Dr. Huerta Psihas con la siguiente reflexión:

“¿Qué tipo de abogado necesita la sociedad mexicana del siglo XXI? Sin duda que la comunidad aspira a un profesionista del derecho que le sirva, con estándares elevados de calidad profesional, con un desempeño apegado a normas y valores de contenido ético y que sea también un experto defensor de sus Derechos Humanos, para que, cuando lo necesite, obtenga de él un real beneficio en la prestación de sus servicios. Pero también requiere de un profesionista que en la construcción de la cultura de la legalidad, es decir, del respeto de la ley, y del fortalecimiento de nuestro frágil Estado de Derecho, esté comprometido con la defensa de las instituciones de la República y de los valores de libertad, democracia y justicia y alcanzar estos ideales por parte de quienes han abrazado la noble profesión de la abogacía, la cual sólo será posible en el marco de una colegiación y certificación obligatoria de la profesión”.