Se Moderniza la Justicia en el D.F con los Juicios Orales Civiles y Mercantiles

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El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) dio un importante paso hacia la modernización de los procesos judiciales en la capital del país con la implementación de los juicios orales en las materia civil y mercantil, que iniciaron el pasado mes de enero con la puesta en marcha de 20 nuevos juzgados, con sus correspondientes salas de juicio oral. Este nuevo modelo procesal es aplicable únicamente a demandas cuya suerte principal no exceda los $520,900.00.

Se trata de un procedimiento, ha señalado el Dr. Edgar Elías Azar, Magistrado Presidente del TSJDF, instaurado para beneficiar a los justiciables en cuanto al tiempo, la expedités y la transparencia de los asuntos de esta naturaleza que llegan al Tribunal, dando así cumplimiento a lo dispuesto al respecto en el Código de Comercio y al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Conscientes de que es necesario que los abogados litigantes se actualicen en las técnicas e instrumentos que implican estos nuevos procesos mixtos, en los que la demanda, su contestación y la eventual reconvención seguirán presentándose en forma escrita y las demás diligencias en forma oral, la Universidad Ius Semper, en colaboración con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Región 3 y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, realizó su cuarta versión del Diplomado de Juicio Oral Civil Mercantil, con la participación de destacados académicos y juzgadores de las organizaciones convocantes y con 3 de los jueces de oralidad civil recientemente nombrados: Francisco Neri Rosales, Eliseo Hernández Villaverde y Yaopol Pérez Amaya Jiménez, quienes en sus exposiciones coincidieron en algunos puntos que evidencian la importancia de este nuevo modelo de administración de justicia, respondiendo conjuntamente a las siguientes preguntas que concentran la parte substancial de sus exposiciones:

¿Cómo se ha desarrollado la implementación de los juicios orales en materia civil y mercantil en el DF? 

La implementación de los juicios orales, tanto civiles como mercantiles, en esta ciudad se ha desarrollado en 3 vertientes:

  1. La de reformas al Código de Comercio y al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, a través de las cuales se implementaron en el sistema jurídico la oralidad en las materias en cita, trayendo como consecuencia un cambio sustancial en la forma de tramitar los juicios, dado que de tener procedimientos eminentemente escritos con la entrada en vigor de las reformas ahora los procedimientos son principalmente orales, en donde la comunicación entre los jueces y las partes, tanto formales como materiales, y entre éstas, es en forma verbal.
  2. La implementación de los instrumentos necesarios para la video grabación de las audiencias orales, preliminar y de juicio, en donde se busca que las audiencias ya no se reproduzcan en papel, sino en discos magnéticos que conserven la imagen y los sonidos de lo acontecido. En la actualidad ya se cuenta con la infraestructura para equipar 20 salas de oralidad.
  3. La construcción de 20 juzgados de oralidad y el mismo número de salas, para así cumplir con los asuntos del que son competentes los juzgados orales.

¿Cómo se han estructurado los juzgados orales, cuál es la diferencia con el personal y sus responsabilidades?

Diplomado Juicios Orales_4Los juzgados civiles de proceso oral, que conocen de asuntos de naturaleza civil y de mercantil por concurrencia, se encuentran estructurados con 10 servidores: el juez, 3 secretarios de acuerdos, un secretario actuario, 3 pasantes y 2 administrativos.

Las responsabilidades para los funcionarios en mención son las mismas que están establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, siendo prudente puntualizar que los Secretarios de Acuerdos son los encargados de realizar los proyectos de sentencia.

Es necesario que los litigantes se actualicen en las técnicas e instrumentos que implican estos nuevos procesos mixtos.

¿En los juicios orales cómo se usarán y atenderán las jurisprudencias?

En los juicios orales se deben fundamentar las resoluciones con apoyo en los criterios federales que constituyan jurisprudencia, y por ello, si la resolución se dicta por escrito, será precisamente con la transcripción de la tesis y la razón de su aplicación como se fundamenta; en tanto que en las resoluciones verbales, su aplicación se hará con la lectura que se realice en la audiencia de la tesis y su proyección en la videograbación respectiva, pero siempre con la finalidad que las partes tengan pleno conocimiento del criterio que se está aplicando.

 ¿Cuándo y cómo se aplica la supletoriedad en el juicio oral?

Los juicios orales, tanto civiles, como mercantiles, se encuentran regulados en los códigos respectivos, y en lo no previsto se deben aplicar las reglas generales de los mismos ordenamientos; esto es, la aplicación complementaria de las reglas generales a los capítulos de oralidad no debe entenderse como supletoriedad, sino precisamente como complemento de la misma legislación. Sin embargo, tratándose de juicios orales mercantiles, al capítulo respectivo se aplican complementariamente las reglas generales del mismo Código de Comercio y sólo si éstas reglas son insuficientes en su regulación, si se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su defecto el local de la entidad o del Distrito Federal.

¿Cuál es el papel del Juez en la conciliación de las partes y hasta dónde se les puede obligar a cumplir los acuerdos pactados?

El Código de Procedimientos Civiles en el artículo 1003, establece que durante la celebración de la Audiencia Preliminar, corresponde al Juez procurar la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio, proponiéndoles soluciones; estableciéndose igualmente que las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación.

En el artículo 1390 Bis 35 del Código de Comercio se incluye además la facultad del juzgador para actuar como mediador, que implica un actuación como tercero completamente imparcial, pero auxiliando a las partes para la construcción de un diálogo constructivo y conciliatorio.

La sentencia se dicta en la audiencia de juicio. Su materialización es inmediata, lo que permite que sea notificada sin mayor formalidad.

En la práctica el Juez exhorta a las partes para que inicien ese diálogo constructivo que les permita exponer recíprocamente su punto de vista respecto de la problemática que los ha llevado a una instancia judicial; se les recuerda que en la mayoría de los casos la relación que existe entre ellos implica la existencia de algún antecedente de negociación que originó el vínculo contractual que los liga, lo que a su vez denota que en ese momento pasado tuvieron la capacidad de diálogo para alcanzar un consenso, por lo que se les invita a que recuperen por un momento esa habilidad para dialogar de forma conciliatoria y se propongan mutuamente alternativas de solución a su problema; recordándoles que el resultado del juicio es una mera expectativa de derecho para ambos, por lo que la celebración de un convenio judicial representa la ventaja de que ellos mismos establezcan el alcance de las obligaciones a su cargo y la forma de cumplirlas.

Diplomado Juicios Orales_3El juzgador es cuidadoso para no excederse en sus opiniones para evitar crearle a alguna de las partes la falsa idea de que está prejuzgando sobre el fondo del asunto; para ello y después de escuchar a las partes, hace uso de diversas habilidades adquiridas mediante la capacitación recibida ex profeso, que le permiten auxiliarlas para que sean éstas las que emitan libremente las  propuestas y contrapropuestas y vayan avanzando en las reciprocas concesiones hasta finalizar con la celebración del convenio. De la misma forma se establece en el numeral 1003 del Código Procesal Civil y en el Artículo 1390 Bis 35 del Código de Comercio que, si los interesados llegan a un convenio, el Juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.

En tanto que el Artículo 1018 en materia civil señala que la ejecución de los convenios celebrados ante los Jueces de Proceso Oral Civil se hará en términos del Capítulo V (De la Vía de Apremio) del Título Séptimo (De los Juicios Especiales y de las Vías de Apremio) de ese Código. Por su parte el numeral 1390 Bis 50 en materia mercantil señala que la ejecución de los convenios se hará en términos del Capítulo XXVII (De la Ejecución de las Sentencias) del Título Primero del Libro Quinto de ese Código. De lo que se sigue, que los convenios judiciales celebrados en el juicio oral tienen fuerza de cosa juzgada y por lo tanto son susceptibles de ejecución forzosa, por lo que legalmente se puede obligar a las partes a su cumplimiento.

¿Hasta dónde puede el Juez participar en la aprobación o desaprobación de los convenios?

De conformidad con el Artículo 1004 del Código Procesal Civil y 1390 Bis 36 del Código de Comercio, durante la audiencia preliminar las partes podrán solicitar conjuntamente al Juez, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. La incorporación de esta etapa procesal dentro del juicio oral tiene como finalidad que las partes participen activamente en la reducción de los hechos litigiosos. Las partes tienen la ventaja de que al llegar a este momento procesal ya conocen a detalle, respectivamente, las afirmaciones de su colitigante; por lo que están ante la posibilidad de proponerse mutuamente acuerdos para establecer uno o varios hechos como no controvertidos y dejarlos fuera de la litis, lo que representa para éstas un beneficio claro porque al reducirse el número de hechos controvertidos, entonces se permite al juzgador centrar toda su atención en los hechos que realmente resultan relevantes para la materia de la litis, logrando con ello el dictado de sentencias con la mayor precisión posible.

La participación del juzgador está relacionada con el ejercicio de sus facultades de dirección procesal, sirviendo de vínculo entre las partes, como facilitador para que se hagan las propuestas correspondientes. Asimismo debe estar atento para impedir que se incorporen en esta etapa hechos que no formen parte de la litis, por no haberse expresado en alguno de los escritos con los que se fija la misma.

¿Cómo es el manejo, entrega y valoración de las pruebas en el juicio oral?

El Artículo 980 del Código Procesal Civil y el numeral 1390 Bis 11, que enumeran respectivamente los requisitos de la demanda, en su fracción V establecen que se precisarán los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si se tienen a disposición; en tanto que el numeral 982 del Código Adjetivo Civil y 1390 Bis 13 del Código Mercantil señalan que las partes ofrecerán sus pruebas en los escritos de demanda principal, de contestación de demanda principal, de demanda reconvencional, de contestación a la reconvención y de desahogo de vista de excepciones.

Durante la audiencia preliminar las partes podrán solicitar al Juez la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos.

Estableciéndose que las partes ofrecerán sus pruebas expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas; exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieren en su poder en los términos del Artículo 95 del Código Procesal o del Artículo 1061 del mercantil. Por lo que existe el deber procesal de las partes para exhibir en forma anexa a esos escritos, todas las documentales que les resulten útiles para sus pretensiones.

Diplomado Juicios Orales_2Existe la posibilidad de ofrecer pruebas que tengan el carácter de supervenientes, de conformidad con el artículo 1017 en materia civil y 1349 en materia mercantil, siempre y cuando sean de fecha posterior a los escritos referidos, o sean anteriores y se haga protesta decir verdad  en el sentido de la parte que los presente no tuvo antes conocimiento de su existencia, y los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada. Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba documental superveniente, deberá ofrecerla hasta antes de que se declare visto el asunto, y el Juez, oyendo previamente a la parte contraria en la misma audiencia, resolverá lo conducente.

¿En cuáles casos se permite diferir la audiencia ante la imposibilidad de obtener una prueba documental?

En el numeral 1005 del Código de Procedimientos Civiles y en el Artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio se establece que la preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que corresponde a éstas presentar oportunamente todas las pruebas que les hayan sido admitidas; el juzgador, en su caso, expedirá los oficios correspondientes a afecto de que preparen sus pruebas y éstas se desahoguen en la audiencia de juicio.

El diverso numeral 1006 del juicio oral civil y 1390 Bis 38 del juicio oral mercantil señalan que en la audiencia de juicio, únicamente se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas y que se dejarán de recibir las que no lo hayan sido, que se declararán desiertas por causas imputables al oferente. Señalándose que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas; salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

¿En cuál caso se permitiría entregar una prueba documental en forma posterior a la audiencia para su correspondiente desahogo? 

El Artículo 1006 del Código Procesal preceptúa que en la audiencia de juicio, después del desahogo de las pruebas, se concederá el uso de la palabra por una vez, a cada una de las partes para formular sus alegatos, y que, enseguida, se declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. Por lo tanto, no es posible recibir una prueba después de la audiencia de juicio, porque esa audiencia concluye con el dictado de la sentencia que resuelve el fondo de la controversia.

Durante la Audiencia Preliminar el Juez procura la conciliación de las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio .

En tanto que el Artículo 1390 Bis 38 del Código de Comercio establece que en la audiencia de juicio, después del desahogo de las pruebas se concederá el uso de la palabra por una vez, a cada una de las partes para formular sus alegatos; y que, enseguida, se declarará el asunto visto y se citará a las partes para la continuación de la audiencia en la que se dictará la sentencia correspondiente. Por ello, tampoco es posible en el juicio oral mercantil recibir una prueba después de la audiencia de juicio, porque en esa audiencia se ha declarado visto el asunto y únicamente se encuentra pendiente el dictado de la sentencia que resuelva el fondo de la controversia. Siendo evidente que para el caso de admitir una prueba documental en forma posterior al cierre de la audiencia de juicio, no existiría oportunidad procesal para desahogarla ni para que las partes alegaran al respecto.

¿Cómo queda el amparo, su tramitación y alcance con los juicios orales?

El Juicio de Amparo, se instruye conforme a las formalidades establecidas en la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, de tal forma que en ese aspecto no se ve afectado con la implementación de los juicios orales. Sin embargo, el juicio de garantías tiene una relación fundamental con los procedimientos orales en virtud de que al no ser recurribles ninguna de las resoluciones emitidas en estos procesos, el Juicio de Amparo constituye el único recurso judicial efectivo con base en el cual las partes pueden recurrir las actuaciones del Juez.

Esto tiene medular importancia en virtud de que nuestro país está obligado a respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales, entre los cuales se encuentra el derecho a un recurso judicial efectivo, es decir, la potestad del justiciable para inconformarse contra las resoluciones emitidas por un Juez ante una autoridad distinta de la emisora del acto que goce de independencia y autonomía para resolver el mismo.

En este sentido, el Artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos establecen que los gobernados tienen derecho a un recurso con base en el cual se pueda reclamar la revocación o modificar las resoluciones judiciales. Estableciéndose por jurisprudencia internacional obligatoria, sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman y otras opiniones consultivas, que la autoridad judicial, a fin de dar a las partes la oportunidad real de acceder a recurso judicial, debe materializar la posibilidad del recurso. Lo que implica hacer exigible la sentencia definitiva hasta en tanto precluya el término para promover el juicio de amparo, a fin de garantizar su inmutabilidad e irrecurribilidad, así como el respeto al derecho a un recurso judicial efectivo. Con ello el juicio oral es garante del respeto a los derechos humanos, al condicionarse la ejecución de sus resoluciones a la materialización del recurso judicial efectivo como es el juicio de amparo.

En promedio los nuevos juicios orales se están resolviendo en 3 meses. Con el sistema anterior, si había prontitud, se resolvía en 6 meses, pero el promedio real era de entre 9 y 12 meses.

Por último, debe destacarse que las autoridades constitucionales al estudiar las actuaciones de un juez oral deben estudiar el acto reclamado conforme a las formalidades que rigen éste procedimiento, lo que implica que deben dotarse de implementos tecnológicos y humanos que les permitan analizar los videos que contengan actuaciones judiciales en esas mismas condiciones, a fin de garantizar la integridad de los actos emitidos en un juicio oral. Ello implica que no deberán solicitar a ningún juez oral la trascripción de las actuaciones contenidas en video, ya que ello desnaturalizaría el estudio del acto reclamado, al analizarse en forma distinta de como es emitido por la autoridad responsable.

¿Alguna diferencia en la ejecución de la sentencia en el juicio oral al anterior?

El procedimiento para la ejecución de las sentencias o convenios aprobados en un juicio oral se ajusta a las mismas formalidades que el procedimiento tradicionalmente escrito. En ése sentido no existe ninguna diferencia en cuanto a las modalidades y formas de ejecución, vale destacar que en este aspecto el procedimiento se rige con las mismas reglas que la ejecución de las sentencias en el procedimiento ordinario. Sin embargo, existen algunas ventajas que el procedimiento oral aporta y que permiten agilizar algunos trámites para la ejecución de una sentencia y convenio judicial.

En primer lugar como la sentencia se dicta en la audiencia de juicio ó en la continuación de la misma, según se trate de materia civil o mercantil respectivamente, su materialización es inmediata, lo que permite que sea notificada sin mayor formalidad durante dicha audiencia, hayan ó no estado presentes las partes en la misma. En segundo lugar al ser la sentencia, irrecurrible, implica que en ese momento cause ejecutoria por ministerio de ley y que el término de gracia que, en su caso, se haya otorgado corra al día hábil siguiente de la fecha en que surte efectos legales la notificación realizada en la propia audiencia.

Por ello, la resolución resulta vinculante a las partes, al agotarse la notificación de la sentencia, causar ejecutoria la misma y comenzar el término de gracia en momentos simultáneos. De tal manera que podrá solicitarse la ejecución de la sentencia una vez que se respete la posibilidad o se agote el derecho al recurso judicial efectivo, economizándose plazos y trámites procesales importantes.

Por último debe decirse que si las partes están presentes en la audiencia en que se emite la sentencia, en ese momento se les entrega copia de la misma, o en su caso, se pondrá a su disposición en caso de inasistencia.

¿Cuál ha sido el promedio de duración de los juicios orales? 

Ésta es una cuestión en la que en el breve lapso que tiene de implementado el nuevo sistema de juicios orales civiles y mercantiles, ha demostrado su oportunidad y pertinencia, ya que en el sistema tradicional, cuando un juicio se resolvía con prontitud, se tardaba aproximadamente 6 meses, que desde luego no eran la mayoría, ya que el promedio real era de entre 9 y 12 meses. En los casi 5 meses que tienen operando los juicios orales civiles y mercantiles, el promedio en el que estamos resolviéndolos es de 3 meses.

Además de los 3 juzgadores señalados, participaron como ponentes en el Diplomado el Dr. Fabián Mondragón Pedrero, los Magistrados Fernando Rangel Ramírez y Neófito López Ramos, el Dr. Eduardo Noriega Hurtado y el Lic. Marco V. Herrera Berenguer.

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