Código Nacional de Procedimientos Penales

El Código Nacional de Procedimientos Penales Acelarará la Implementación de la Reforma Penal

 

pluma   Dr. Elías Huerta Psihas

 

 

El Pleno del Senado aprobó el pasado jueves 5 de diciembre con 104 votos a favor, el dictamen del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que substituirá al vigente Código Federal de Procedimientos Penales y a los 32 códigos procesales penales de las entidades federativas, ya que será aplicable en todo el país, tanto en el ámbito federal, como en los locales, para uniformar las nuevas normas en la investigación, procesamiento, el uso de instrumentos alternos a las sanciones privativas de libertad y la ejecución de éstas, que impongan los órganos jurisdiccionales locales y federales.

El dictamen correspondiente fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y revisión y, si no se presenta alguna situación extraordinaria, será aprobado por la colegisladora en el próximo período ordinario que inicia en febrero de 2014 y una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin duda que el nuevo código acelarará la implementación de la reforma penal en todo el país y coadyuvará en una pronta y homogénea capacitación de los operadores del sistema.

El Código formaliza el nuevo procedimiento penal acusatorio de juicios orales en nuestro país, que fue aprobado a nivel Constitucional con la reforma de Seguridad y Justicia de junio de 2008, cuyo plazo para implementarse vence en 2016. La nueva ley aterriza la aplicación de los principios del nuevo modelo de justicia penal, como la presunción de inocencia, la inmediación, la oralidad y la publicidad, entre otros, estableciendo que las audiencias serán públicas para las partes involucradas en los conflictos penales y para el público en general. Entre las figuras novedosas que se incluyen se encuentran el uso de localizadores electrónicos y los arraigos domiciliarios, para evitar que se siga abusando de la prisión preventiva.

Entre los aspectos relevantes del nuevo Código se pueden mencionar: la incorporación de nuevas normas para la investigación, procesamiento y sanción de delitos ante juzgadores locales y federales. Se prioriza la reparación del daño de la víctima u ofendido del delito, privilegiando la justicia restaurativa, que implica la preferencia de la reparación del daño, por encima del aspecto punitivo. El Código introduce el uso de las nuevas tecnologías en los expedientes, permitiendo videoconferencias en tiempo real y otras formas de comunicación para la recepción y transmisión de pruebas. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros del proceso. Se permite la entrega de una copia a la defensa de todos los documentos que integran la carpeta de investigación, incluidas fotografías, videos, grabaciones de voz, informes y pruebas periciales. Una de sus principales características es que acota la prisión preventiva, extiende la ampliación de medidas cautelares para los imputados, estableciendo su presunción de inocencia y permitiendo que éstos y las víctimas pacten acuerdos antes de que se dicte sentencia.

Como se ha comentado, se considera a la prisión preventiva con carácter excepcional, permitiendo en general que los acusados enfrenten su proceso en libertad. Como medidas alternas a la prisión preventiva el juez podrá embargar los bienes del acusado; inmovilizar sus cuentas bancarias, prohibirle que salga del país o que acuda a lugares determinados y ordenarle que suspenda el ejercicio de su actividad profesional u obligarlo a portar un localizador electrónico.

cod_proce_penales_1En los casos en que se aplique la prisión preventiva, el juicio no podrá prolongarse más de un año y si se llega a ese plazo, el imputado deberá ser puesto en libertad mientras se concluye el proceso. Se permite la prisión preventiva sólo para asuntos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, lo que implica que el acusado deberá enfrentar el juicio en prisión. Como soluciones alternas a los procesos penales se contempla el acuerdo reparatorio  entre el acusado y la víctima, siempre que se trate de delitos imprudenciales o patrimoniales, o de aquellos que se persigan por querella. Este tipo de acuerdos no se permitirán si el acusado ya ha celebrado convenios similares por hechos de la misma naturaleza, a menos de que entre uno y otro medien por lo menos cinco años.

Se incluye una reglamentación especial para investigaciones relacionadas con la posible violación a derechos humanos o afectación al debido proceso, como cateos, intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, órdenes de aprehensión o de detención. Se establece la nulidad de pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales, con una perspectiva amplia se regula la relación de coordinación entre el Ministerio Público y la policía. Con la aprobación del este nuevo código, los juicios orales garantizarán que las actuaciones se den en el marco del respeto a los derechos humanos y que el debate probatorio se verifique ante el juez.

La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia publicada en el DOF el 18 junio de 2008, estableció en sus transitorios un plazo de 8 años para que todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias y entrara en vigor en todo el país. A 3 años de que ese plazo constitucional expire, no se contaba con un Código Procesal que cumpliera con ese mandato, por lo que el Senado se puso a trabajar intensamente todo 2013, a partir de 3 iniciativas que proponían la expedición de un Código Federal de Procedimientos Penales o un Código Único en materia procedimental penal. Luego de un arduo proceso de trabajo interno, con la participación de académicos, activistas sociales y especialistas en la materia y previo a una serie de audiencias públicas realizadas en la sede del Senado, se enriqueció el trabajo legislativo y surgió la propuesta que dejó atrás el esquema federal y avanzó hacia un modelo nacional.

Algunas Consideraciones sobre la Estructura del Código Nacional

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y cumplimiento de la sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales. Establece también lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Todo lo anterior en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Código distingue entre Proceso y Procedimiento Penal, con el fin de separar las etapas procesales entre aquellas que se rigen por los principios establecidos en el artículo 20 constitucional y aquellas que pertenecen a la fase de investigación inicial.

El nuevo Código cumplirá una función no sólo normativa, sino también pedagógica, incluyendo una definición de los principios constitucionales que regirán el procedimiento penal. Por ejemplo, la inmediación que constituye uno de los ejes rectores del nuevo sistema. Así, se matiza la prohibición al Juez de delegar la práctica de diligencias, debido a la utilidad de figuras como el exhorto y la competencia auxiliar, entre otras. La figura de Secretario fue eliminada. Se clarifica el derecho a una defensa adecuada con exhaustividad, regulando condiciones mínimas que deberán ser aseguradas por los jueces de la causa para garantizar al imputado asesoría jurídica de calidad.

Con el Nuevo Código se substituyen 32 códigos procesales penales locales, el federal y el relativo a la justicia militar.

Para lograr armonizan los criterios competenciales y jurisdiccionales que regirán los procedimientos en el orden federal y local, el nuevo ordenamiento establece reglas generales de competencia, la facultad de atracción de la jurisdicción federal para aquellos delitos en los que la Constitución lo ordene, la competencia por razón de seguridad, la competencia auxiliar y la autorización judicial para realizar diligencias urgentes, así como las clases, reglas y procedencia de la incompetencia.

En cuanto a los actos procesales, los aspectos novedosos que contiene la nueva legislación son:

a) Se incluyó la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción. Se eliminaron las formalidades excesivas previstas para resguardos.

b) Debe haber una regulación mínima y flexible sobre los medios informáticos que pueden utilizarse. Lo anterior, dada la evolución continua de la tecnología que puede ser utilizada.

c) Las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales, deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento, a diferencia de aquellas que adolecen de vicios de legalidad.

d) Las resoluciones judiciales sólo son autos y sentencias, eliminando los decretos.

Uno de los principales puntos del Código es distinguir entre los sujetos y las partes procesales, para diferenciar claramente entre las facultades, obligaciones y derechos que a cada uno asisten. En consecuencia, define que los sujetos procesales son: el órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público, el imputado, la víctima y ofendido, el defensor, el asesor jurídico, la policía y la autoridad ejecutora de medidas cautelares. Tendrán la calidad de partes: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico.

Entre los temas centrales destaca el de estructurar la relación entre el Ministerio Público y la Policía, en tanto la expedición de esta norma constituye una oportunidad histórica para diseñar adecuadamente los incentivos que regulan la mancuerna institucional más importante en la tarea de esclarecer los hechos constitutivos de un delito y procesar al culpable de su comisión. Se reglamentan los actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos humanos, o bien, que afecten el debido proceso en el nuevo Código. Para tal efecto, se reglamentaron los actos de molestia siguientes:

a) Cateos.

b) Intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información.

c) Órdenes de aprehensión/Detenciones.

d) Toma de muestras sin el consentimiento del imputado.

e) Registro de la investigación.

f) Descubrimiento de la investigación.

g) Inspecciones corporales.

h) Entrevistas a testigos e imputado.

i) Identificación de sospechoso.

Novedades sobre el Criterio de Oportunidad

La aplicación de este principio implica un verdadero cambio de paradigma. Significa dejar atrás la institución de la estricta legalidad y replantear el concepto de justicia. Los criterios de oportunidad consisten en acotados márgenes de discrecionalidad —y no de arbitrariedad—, a través del cuales el Ministerio Público podrá ejecutar la política criminal del Estado mexicano. Estos criterios no representan mecanismos de despresurización del sistema de justicia penal, sino la expresión de una política criminal enfocada en aumentar la efectividad del sistema de justicia en la persecución de los delitos que más afectan la percepción de inseguridad e impunidad de la ciudadanía.

Acuerdos Reparatorios y la Suspensión Condicional del Proceso

Los acuerdos reparatorios no son otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de solución de controversias, como la mediación o la conciliación. Dichos mecanismos serán regulados en una legislación especial; sin embargo, dada su conexión natural con el procedimiento penal, el Código incluyó una definición general y sus supuestos de procedencia. El Ministerio Público y el Juez podrán validar los acuerdos reparatorios. En cuanto a la suspensión condicional del proceso, se plantea que procederá a petición del Ministerio Público y del imputado, pero en todo caso se escuchará a las dos partes. Se acordó que lo anterior procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo de justicia alternativa y por ello se rige por el artículo 17 constitucional.

Procedimiento Abreviado

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del procedimiento. En estos casos, el imputado reconoce su participación en un hecho delictivo y, como consecuencia, el Ministerio Público y el Juez valoran la pertinencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá al individuo. Este procedimiento procederá a solicitud del Ministerio Público y el momento oportuno para promoverlo será a partir del auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Los lineamientos de su procedencia responden a una política criminal más que a un catálogo de delitos o a un límite de penalidad admitida. Más que un derecho del imputado, es de un derivado del principio de oportunidad y su objetivo es evitar el juicio. Se trata de acuerdos probatorios a título universal. Mediante este acuerdo se da la posibilidad a la víctima para que haga valer una oposición fundada a este procedimiento en lo referente al monto de la reparación del daño.

Acción Penal de Particulares

La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años de prisión y en aquellos otros casos en que el Ministerio Público lo autorice, apegado a lo dispuesto por su Ley Orgánica. La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de Control ejerciendo acción penal por particulares, en caso de que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso, deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público. Cuando en razón de la investigación del delito sea necesaria la realización de actos de molestia que requieran control judicial, la víctima u ofendido deberá acudir ante el Juez de control. Cuando el acto de molestia no requiera control judicial, la víctima u ofendido deberá acudir ante el Ministerio Público para que éste los realice. En ambos supuestos, el Ministerio Público continuará con la investigación y, en su caso, decidirá sobre el ejercicio de la acción penal.

Procedimiento para Inimputables

El procedimiento para inimputables consiste en ajustes razonables al procedimiento ordinario. Sobre el momento oportuno para determinar la inimputabilidad, que podrá realizarse en cualquier momento, siempre que sea necesario determinar ajustes razonables ante el Ministerio Público o ante el Juez. Se incluyó una prohibición expresa para la privación de la libertad por motivos de discapacidad, y en caso de que se llegara a imponer una medida de seguridad, resultado de una sentencia basada en el debido proceso que implique privación de la libertad, ésta no podrá exceder a la pena máxima del delito que se impondría al imputable.

Providencias Precautorias y Medidas Cautelares

El proyecto establece que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la aplicación de las medidas de protección idóneas. Si las medidas impuestas implican una restricción a la libertad del imputado, deberá celebrarse una audiencia ante el Juez de Control para que la ratifique, modifique o cancele, mediante la emisión de las providencias precautorias respectivas. Asimismo, el proyecto establece que toda imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias, así como su duración, deberán estar debidamente fundadas y motivadas y tendrán una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días.

Fases del Procedimiento

El procedimiento contemplado en el Código Nacional comprende las siguientes etapas:

a)  La de investigación que comprende:

I) Investigación inicial, comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación;

II) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación.

b) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y

c) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de juicio.

Se establece que la investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. Asimismo, el ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. En ese sentido, el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.

Pruebas

El proyecto otorga discrecionalidad al órgano jurisdiccional y asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica. En todos los casos, deberá justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta,integral y armónica de todos los elementos probatorios.

Recursos

Se permiten sólo dos recursos: revocación y apelación. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite dictadas en audiencia, las que se resuelvan sin sustanciación, o aquellas que no admitan otro medio de impugnación. El Órgano que dictó la resolución impugnada y dictará la nueva resolución. La apelación procederá únicamente en los casos señalados expresamente.

Conclusiones

Con la aprobación y próxima entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha dado un gigantesco paso hacia una correcta implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en todo el país y se reforzará la participación de los gobernadores y del Jefe de Gobierno del D.F. para que aceleren el paso y asumen su compromiso con responsabilidad para que lleguemos sin retraso a junio del 2016 con el nuevo sistema listo en todo el territorio nacional.

La participación de la sociedad civil organizada y de universidades e instituciones académicas ha sido fundamental en el proceso de aprobación del Nuevo Código Nacional, y deben seguir jugando este papel estelar para la correcta y pronta implementación del nuevo modelo, como se acredita con la firma del convenio suscrito por la SETEC y 10 organizaciones sociales el pasado mes de diciembre.

Además de poner fin a la disperción normativa que existe hasta ahora en este -como en otros temas jurídicos-, la inminente entrada en vigor del nuevo Código Nacional traerá, entre otros beneficios, que la población entienda de manera más sencilla el nuevo procedimiento penal y sus bondades, frente al rebasado y primitivo sistema inquisitivo y coadyuvará para que sin dilación se genere un programa nacional de capacitación de todos los operadores del sistema, ya que muchos gobernantes e instituciones se resistían a iniciar la actualización y capacitación de su personal bajo el pretexto de que no existía un nuevo Código de Procedimientos Penales que fijara las reglas y los principios del modelo acusatorio adversarial, que prioriza la igualdad de las partes, el uso de medios alternos de solución de conflictos, la presunción de inocencia, y el respeto a los Derechos Humanos, no sólo de inputados sino también de víctimas.

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